Un jurado de enjuiciamiento decidirá en Salta si somete a jury a un juez que prohibió un aborto no punible a una niña de 13 años que había sido abusada sexualmente por su padrastro, y a una asesora de incapaces que promovió un amparo para impedir esa práctica legal. Están acusados de mal desempeño, retardo de justicia y del incumplimiento de las funciones a su cargo. El Inadi y el Consejo Nacional de las Mujeres avalaron el juicio político, al considerar que se violaron las leyes vigentes y los derechos de la niña. El jurado se reunió ayer por primera vez, bajo la presidencia del titular de la Corte provincial, Guillermo Posadas. Por unanimidad se acordó correr traslado de la acusación al magistrado, para que se defienda. Con esa respuesta evaluarán si se abre o se rechaza el proceso en su contra. En el caso de la asesora, se pasó a un cuarto intermedio hasta mañana, cuando resolverán si se sigue el mismo procedimiento o se archiva la solicitud de destitución.

El pedido de jury contra el juez de Personas y Familia de 2ª Nominación, Víctor Soria, y de la asesora de Incapaces Nº 2, Claudia Flores Larsen, fue presentado con un amplio respaldo político y de organizaciones de derechos de las mujeres y civiles. Lo firmaron Mirta Iglesias, del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem); Verónica Caliva, de la Fundación Entre Mujeres; Rubén Manases Adchjian, de la Asociación Civil Instituto Laico de Estudios Contemporáneos Argentinos; y Alicia Ramos y Marta César, de la Multisectorial de Mujeres de Salta.

Además, casi 70 ONG, agrupaciones políticas, las diputadas nacionales Susana Canela y Araceli Ferreyra (Frente para la Victoria), y personas que trabajan por los derechos de las mujeres en el país, expresaron su adhesión a la destitución de ambos funcionarios judiciales. Las pruebas en su contra parecen contundentes: quisieron obstruir un aborto no punible, cuya práctica avaló la Corte Suprema de Justicia de la Nación en su histórico fallo FAL, del 13 de marzo de 2012, y que está prevista en un protocolo dictado por la gobernación –siguiendo la resolución del máximo tribunal– y cuya constitucionalidad ratificó en 2013 la propia Corte salteña.

“Esperamos que se declare la admisibilidad del jury. No vemos justificación de ninguna naturaleza, ni siquiera formal, para rechazarlo. Acá hubo una violación de la ley que puso en riesgo un derecho fundamental, que es el derecho a la vida”, señaló la abogada Gabriela Gaspar, de Cladem-Salta, patrocinante del pedido de jury. Gaspar advirtió que el caso demostrará si “hay o no impunidad” en Salta.

No es la primera vez que organizaciones de mujeres promueven un jury a un juez u otro funcionario por obstruir un aborto no punible. Se hicieron presentaciones en distintos puntos del país, pero ninguna prosperó: los magistrados siempre tuvieron respaldo político para permanecer en sus cargos, incluso habiendo violado las leyes vigentes. El caso más emblemático es, tal vez, el de la ex jueza de Menores, Inés Siro, quien en 2006 impidió un aborto no punible a LMR, una adolescente con discapacidad mental de la localidad bonaerense de Guernica, que había sido abusada por el tío. Por no garantizar la interrupción de ese embarazo, el Estado argentino fue condenado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. El organismo internacional dictaminó que se habían violado los derechos de la niña. “El jury contra Siro no sólo fue rechazado; la magistrada fue luego ascendida y ocupa el Juzgado de Garantías Nº 3 del Joven en la provincia de Buenos Aires”, recordó ayer ante Página/12, Estela Díaz, secretaria de Género de la CTA que encabeza Hugo Yasky.

En Salta, las organizaciones de mujeres esperan que los dos pedidos de juicio político terminen con las destituciones de Soria y Larsen. “Los dos funcionarios antepusieron sus valores personales y creencias religiosas frente al cumplimiento de las leyes vigentes”, indicó la periodista Marta César, que integra la Red PAR (Periodistas de Argentina en Red por una Comunicación No Sexista) y la Multisectorial.

El jurado tuvo ayer a la mañana su primera reunión. Lo integran el presidente de la Corte provincial, Posadas, y uno de los jueces del alto tribunal, Guillermo Catalano; la fiscal de Estado, Mónica Lionetto, en representación del Poder Ejecutivo; los senadores Jorge Soto (por la mayoría) y Silvina Abilés (por la minoría); los abogados de la matrícula Guillermo López Mirau y Aldo Juárez; y los diputados Santiago Godoy (mayoría) y Alejandra Navarro (minoría). Por unanimidad, los miembros del jurado resolvieron “correr vistas” del expediente al juez denunciado. Soria tiene diez días hábiles para responder a las acusaciones, tras lo cual el jurado resolverá si abre el jury o lo desestima. En el caso de Larsen, los dos jueces de la Corte pidieron pasar a un cuarto intermedio para tomar esa decisión, y se volverán a reunir mañana.

El pedido de jury fue acompañado por un dictamen de la oficina del Inadi de Salta, en el que el organismo nacional concluyó que las actuaciones judiciales en el caso fueron discriminatorias, y que la negativa del aborto no punible atentó “contra la condición de mujer de la niña al considerarla un mero instrumento a fin de proteger la vida del no nacido”. La presidenta del Consejo Nacional de las Mujeres, Mariana Gras, se presentó como amicus curiae, con una amplia fundamentación jurídica, y pidió que se declare la admisibilidad formal de pedido de jury.

El fallo por el cual Soria fue denunciado fue firmado el 13 de diciembre último y hace lugar a un amparo presentado por la asesora Larsen, para frenar el aborto no punible solicitado por la mamá de una niña de 13 años en el Hospital Materno Infantil. En su sentencia, Soria prohibió cualquier práctica médica o de cualquier índole que pudiera interrumpir o impedir la gestación de la niña, intimó al Estado provincial para que arbitrara los medios necesarios para la asignación de un subsidio para que pudiera llevar adelante el embarazo, y además exhortó a la Asesoría y al Ministerio Público Fiscal a que allanen el camino para dar en adopción a la criatura al nacer. Al mismo tiempo, Soria declaró inconstitucional el decreto del gobernador Juan Manuel Urtubey que estableció el protocolo de actuación ante los casos de aborto no punible porque –alegó– “atenta contra la vida de los niños por nacer”. Ese fallo fue revocado por la Corte provincial, que avaló la realización del aborto.