“Es preocupante que el Gobierno de la Ciudad sostenga el lugar central de los hospitales monovalentes (como el Borda y el Moyano), que concentran casi el 83 por ciento del presupuesto en salud mental”, advierte un informe de la Comisión Especial para el Cumplimiento de la Ley 448 de Salud Mental de la Legislatura porteña. El texto también señala que los planes del gobierno no dan lugar, para la atención en salud mental, a las salas de atención primaria (cuya importancia ha destacado la OMS), y que nada se ha hecho para incluir camas para salud mental en los hospitales generales. También señala la falta de control del gobierno de Mauricio Macri sobre las instituciones privadas que contrata, en algunas de las cuales “se detectó la medicación de todos los chicos alojados” y “la vulneración de su derecho a sostener vínculos familiares”. El informe denuncia asimismo “la reducción en las horas destinadas a suplencias de guardia”, que considera “un mecanismo de despido encubierto” y afecta “a servicios particularmente sensibles, como los hospitales de día de Adicciones, de Niños Autistas y de Pacientes Graves”.

El informe está suscripto por Virginia González Gass –presidenta de la Comisión Especial de Seguimiento y Evaluación para el Cumplimiento de la Ley 448 de Salud Mental– y las diputadas Gabriela Alegre y María Elena Naddeo, integrantes de la comisión; los legisladores del PRO se negaron a firmarlo. El texto empieza por recordar “la represión del 26 de abril de 2013 en el Hospital Borda, llevada a cabo por la Policía Metropolitana para asegurar la demolición del Taller Protegido Nº 19”, señalando que “el desplazamiento de una fuerza represiva dentro de un hospital público es un hecho gravísimo que no registra antecedentes en la historia democrática argentina”.

El documento señala que “en septiembre de 2013, la Dirección General de Salud Mental presentó un ‘Borrador de Plan de Salud Mental’, en el que encuentra “aspectos preocupantes”, como “el sostenimiento, en un lugar central, de los hospitales monovalentes como ‘cabeceras de la red’, lo cual resulta absolutamente contrario a la sustitución de los monovalentes prevista por la Ley 26.657”; además, “los Cesac (Centros de Atención Primaria) ni siquiera son incluidos”; el informe destaca que la OMS priorizó el papel de la atención primaria en salud mental. Además, los legisladores advierten que el borrador del gobierno porteño “excluye la temática del uso problemático de sustancias como un objetivo del área de salud mental”.

El texto incluye también “denuncias sobre el funcionamiento de entidades privadas”: menciona “el Instituto de Psicopatología Nuestra Señora de Luján”, que la Defensoría General de la Nación denunció en 2007 por “graves irregularidades”, pese a lo cual “el Gobierno de la Ciudad realizó un convenio con esta institución para atención de niños, niñas y adolescentes”. En febrero de 2013, “la Asesoría Tutelar de la Ciudad interpuso un amparo” y el 5 de abril la Justicia ordenó “que el Gobierno de la Ciudad elabore un plan de externación de pacientes alojados”; no obstante, continúan allí “alrededor de 200 personas de otros lugares del país”. Otro caso denunciado es “Casa Púrpura SRL”, también destinado a “niñas, niños y adolescentes”, donde “se detectó la medicación de todos los niños allí alojados”, así como “vulneración del derecho a la identidad y del derecho a sostener los vínculos familiares”.

El documento de los legisladores recuerda también “el desmantelamiento del Programa de Atención Comunitaria (PAC), destinado a la prevención de internaciones de niños y jóvenes en alta vulnerabilidad”, que no fue rectificado hasta ahora.

“¿Cómo se explica que los dispositivos monovalentes con internación concentren casi el 83 por ciento del total de salud mental?”, pregunta el informe, y advierte que este sesgo “se acentúa año a año, verificándose la falta de voluntad política en la creación de partidas para dispositivos alternativos a la internación”. “Mientras que en 2013 el presupuesto destinado a salud mental representaba el 1,56 por ciento del total del presupuesto, en 2014 representará el 1,52 por ciento. Y, mientras en 2013 representaba el 8,15 por ciento del presupuesto de salud, en 2014 se prevé una “participación del 7,75 por ciento”, pese a que “por recomendación de la OMS, el presupuesto para salud mental debería acercarse al 10 por ciento del presupuesto total en salud”. El informe precisa que “en 2014 se prevé destinar un 82,85 por ciento del presupuesto total de salud mental a los efectores con internación, los hospitales Borda, Moyano, Tobar García y Alvear. Sólo el 17,15 por ciento se destina a los efectores sin internación. Y considerando que 2020 es el plazo máximo de sustitución de los dispositivos monovalentes por dispositivos comunitarios, nos preguntamos si ha puesto en marcha el proceso de transformación y sustitución de los efectores”.

En este orden, señala la no apertura de camas de internación en hospitales generales, “tema de crucial importancia que se pospone desde hace años”.

El informe también hace referencia a “la reducción en las horas destinadas a suplencias de guardia en los hospitales de la Ciudad, a partir del 1º de noviembre de 2013, que considera “un mecanismo de despido encubierto” y afecta “a servicios particularmente sensibles, como los hospitales de día de Adicciones y de Niños Autistas y de Pacientes Graves”.

Según resumió para este diario la diputada Virginia González Gass, “el informe muestra el incumplimiento de la Ley porteña 448, promulgada en julio de 2000, y el vaciamiento del presupuesto en el área de salud mental”.