Después de más de una semana sin audiencias, se reanudó ayer el juicio oral y público por el accidente ocurrido en febrero de 2012 en la estación ferroviaria de Once, en el que murieron 51 personas. En la sesión declararon varios sobrevivientes, quienes señalaron que el tren venía “más rápido de lo habitual”, que se “pasó de largo” –al frenar en el andén– en dos estaciones anteriores antes de llegar a la terminal y que “tenía problemas para frenar”. Además de los testimonios, se generó una discusión entre las partes a raíz del pedido del ex secretario de Transporte de la Nación Ricardo Jaime para que se lo excusara de asistir a las audiencias. La solicitud fue aceptada –por mayoría– por los integrantes del Tribunal Oral Federal Nº 2, a cargo del proceso.

En la audiencia de ayer se hicieron presentes todos los otros imputados, entre ellos el ex secretario de Transporte Juan Pablo Schiavi y el maquinista Marcos Córdoba. El primero de los testigos que declaró ayer fue Guillermo Quintana, quien viajaba en el primer vagón de la formación que el 22 de febrero de 2012 se estrelló contra el paragolpes de la terminal ferroviaria de Once. Quintana aseguró que la formación “se pasó de largo” cuando frenó en las estaciones de Flores y Caballito, las inmediatas anteriores al lugar de la tragedia. Al mismo tiempo, estimó que el convoy “venía rápido”, más de lo que consideraba “habitual”.

Sobre el impacto final, al llegar a Once, el testigo declaró: “Me acuerdo del golpe tremendo. Tardaron muchísimo en sacarme, tenía una persona con el reloj pulsera enfrente mío y era consciente todo el tiempo y veía cómo daba vuelta la aguja. Tardaron tres horas y pico en rescatarme”, precisó.

Cristina Sánchez Amaro, que viajaba en el sexto vagón, dijo también que el tren iba a alta velocidad y recordó que “se pasó un poquito de largo” en la estación de Flores. Señaló que “había mucha gente en el tren, en cada estación subían (más personas); en Merlo y Morón sube mucha más gente”. Agregó que todos los días “había cosas rotas, la gente subía por las ventanillas, sin vidrios en pleno invierno”. La testigo, para dar un ejemplo de lo mal que se viajaba, aseguró que “a veces las puertas estaban abiertas” y el tren “igual seguía su marcha”.

Al justificar su pedido de no asistir a las audiencias, la defensa de Ricardo Jaime argumentó el “alto costo” que significa para el ex funcionario, que vive en la provincia de Córdoba, trasladarse todas las semanas a la ciudad de Buenos Aires. Los integrantes del tribunal, con un voto en disidencia, autorizaron a Jaime a no concurrir a las audiencias, como parte de “las garantías que tiene el imputado”, aunque se aclaró que deberá permanecer a disposición de los jueces y deberá cumplir un régimen especial de conducta.

Los defensores del ex funcionario afirmaron que su representado vive en Córdoba y afronta “muchos costos” si tiene que trasladarse desde su provincia. Los camaristas Jorge Tassara y Jorge Gorini votaron a favor de conceder el pedido, mientras que Rodrigo Giménez Uriburu lo rechazó y aseguró que “los defensores no han acreditado” en forma fehaciente que el traslado de Córdoba a Buenos Aires “sea realmente una complicación monetaria” para el imputado Ricardo Jaime.

El mismo juez Giménez Uriburu también votó en contra del pedido que, en el mismo sentido, fue solicitado por los abogados del ex titular de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) Pedro Ochoa Romero, quien argumentó que el hecho de hacerse presente en las audiencias le generan “implicancias negativas sobre su familia”. El camarista volvió a votar en contra, pero otra vez se impuso la mayoría y el ex jefe de la CNRT fue autorizado a no concurrir a las audiencias.

Los jueces, al aceptar los pedidos, determinaron que los dos procesados deberán presentarse una vez por mes, en el caso de Ochoa Romero frente al Tribunal Oral Nº2 y en el caso de Jaime, ante la delegación de la Policía Federal, en la ciudad de Córdoba. El tribunal también aceptó el pedido de no concurrir al juicio oral al empresario Mario Cirigliano, del grupo TBA, cuyos abogados aseguraron que, en su caso, no podía hacer acto de presencia “por cuestiones laborales”.