La Junta de Etica de la Legislatura porteña giró a la Defensoría del Pueblo la denuncia presentada por dos legisladores contra la adjunta Lidia Saya, para que haga su descargo. Los diputados Pablo Bergel y Gustavo Vera acusan a la ex legisladora de haberse comunicado con un proxeneta, procesado por la Justicia, para sumarlo a la campaña electoral del PRO. Habían presentado como prueba una escucha telefónica que registraba la llamada, extraída de la causa judicial. Ayer, Bergel presentó una ampliación: otra escucha donde el proxeneta Carlos Morales Comini admite que se quedó sin dinero porque tuvo que afrontar la visita de un inspector de la Ciudad, donde funcionaba el prostíbulo que regenteaba. Los legisladores sugieren la posible existencia de una “protección” oficial a esos locales.