SOCIEDAD › EL PRO LOGRO APROBAR SU PROYECTO CON EL APOYO DE LOS LEGISLADORES DE UNEN
La norma establece que pueden instalarse puestos de venta de alimentos y bebidas en parques de 50.000 metros cuadrados o más. Deberán tener baños públicos. El kirchnierismo y la izquierda votaron en contra porque reducen los espacios verdes.
› Por Eduardo Videla
Legisladores del PRO, con el apoyo del Frente Unen, aprobaron ayer la ley que permite la reducción de los espacios verdes, en parques y plazas porteños de más de 5 hectáreas, para la instalación de bares. El proyecto recibió la premeditada adhesión de un grupo de barrabravas que se ocupó de intimidar a los vecinos que habían ido para expresar su rechazo al proyecto.
La iniciativa, impulsada por el legislador José Luis Acevedo (PRO), fue aprobada con 36 votos positivos: 27 macristas, 2 del bloque de Graciela Ocaña y 7 de Unen, incluido el de Proyecto Sur, que supo ser un defensor de los espacios verdes. El interbloque kirchnerista y los diputados Virginia González Gass, Marcelo Ramal, Alejandro Bodart y Pablo Bergel votaron contra la propuesta.
La ley fue aprobada en segunda lectura, después de haber sido debatida en una audiencia pública. Contempla la colocación de “áreas de servicios”, eufemismo utilizado para denominar a los bares, en aquellos parques y plazas porteñas que tengan más de 50.000 metros cuadrados. Para su instalación se otorgarán permisos a empresas privadas para la venta de “emparedados, golosinas, productos de confitería u otros alimentos, envasados en origen y que provengan de fábricas autorizadas, bebidas sin alcohol envasadas e infusiones de café, té, yerba mate, leche, jugos exprimidos y licuados”.
La norma impide la venta de bebidas alcohólicas y cigarrillos, la instalación de carteles o la instalación de parrillas. También se condiciona la continuidad del permiso de concesión a que se adicionen servicios como “sanitarios accesibles de uso público, estacionamiento de bicicletas, conexión a Internet gratuita y biblioteca”, así como un “área de ejercitación física e hidratación gratuita”.
Por cada parque podrá haber hasta cinco áreas de servicio, una por cada 5 hectáreas, separadas entre sí al menos por 200 metros, y a no menos de 50 metros de la calle, para que no compitan con los bares ya existentes en los barrios.
La medida era resistida por la Red Interparques y Plazas, conformada por asambleas barriales y organizaciones sociales, que estuvieron representadas en la sesión por algunos vecinos.
Durante el debate, la diputada Claudia Neira fundamentó el rechazo del Frente para la Victoria en que “no podemos avalar un proyecto donde el sector privado sea el vertebrador del espacio público”. “Acá no se trata de discutir si está bien o no poner un bar, acá debatimos la concepción de espacio público que pretende motorizar el Gobierno de la Ciudad que pone al Estado al servicio de los concesionarios privados”, afirmó.
Bodart (MST) afirmó que “en una ciudad donde se entregan las tierras públicas al negocio inmobiliario, se avanza con más cementación sobre espacios verdes”. “La excusa no pueden ser los baños públicos, que debe instalarlos el Estado sin necesidad de ninguna concesión privada”, dijo, y luego evaluó que “Unen le dio a Mauricio Macri una prueba de amor con sus votos a favor de esta privatización”.
Acevedo, en defensa de su proyecto, argumentó que la sanción del proyecto “es una reivindicación a los sectores más postergados, aquellos que no tienen recursos para ir al country o pagar el club. A ellos, a través de esta ley, el Estado les otorga comodidades de forma gratuita”.
Mientras se desarrollaba el debate y algunos vecinos expresaban su rechazo al proyecto, un grupo comenzó a hostigarlos. “Eran barrabravas que empezaron a insultarnos y nos rompieron los carteles”, relató a Página/12 Maximiliano Maldonado, uno de los representantes de la Red Interparques.
“¿Por qué concesionar espacios verdes que escasean y competir deslealmente con los bares que rodean las plazas porteñas?, se preguntó Gustavo López, subsecretario de la Presidencia y precandidato a jefe de gobierno, al manifestarse contra la ley.
Enrique Viale, de la Asociación de Abogados Ambientalistas, advirtió que tras la sanción de la ley podrían presentarse “acciones de amparo por inconstitucionalidad, porque la norma va en contra del artículo 27 de la Constitución de la Ciudad, que promueve la preservación e incremento de los espacios verdes y no su disminución”. “Es una ley hecha a medida de Starbucks y McCafé, que achica los espacios verdes, pero también perjudica a los comercios que tienen sus locales frente a los parques”, opinó. Los vecinos adelantaron que continuarán con la resistencia a la implementación de la medida.
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