El 23 y 24 de abril se realizó en San Pablo, Brasil, el NETmundial, el Foro para la Gobernanza de Internet, auspiciado por el gobierno de ese país, con participación de partes interesadas en la administración de la red –gobiernos, sector privado, sociedad civil y academia– y la conformación de un Comité Multisectorial integrado por representantes ministeriales de 12 países (Argentina, Brasil, Alemania, Francia, Ghana, India, Indonesia, Sudáfrica, Corea del Sur, Turquía, Estados Unidos y la Unión Europea), además de la participación de miembros de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y Naciones Unidas. Si bien se realizaron foros en este sentido desde la apertura comercial de Internet por parte del gobierno de los Estados Unidos a mediados de los ‘90, es la primera vez que un Estado aparece como propulsor central del debate para establecer cambios en la forma en que se gestiona la red y cómo los gobiernos deben intervenir en ella.

Hasta el momento, la administración de Internet está dada por un conjunto de organizaciones globales sin fines de lucro entre las que figuran la Sociedad de Internet, el Consorcio de la Web y la Corporación para la Asignación de Nombres y Números de Internet, entre otros. Bajo el modelo de multistakeholder o de partes interesadas, fijan los cambios técnicos, la asignación de direcciones y direccionamiento de datos de la red a nivel global. Pero el organismo más importante del ecosistema es la Autoridad de Internet para la Asignación de Números –IANA, por sus siglas en inglés–, el ente encargado de aplicar todas las políticas dispuestas por el resto de los organismos. Con sede en los Estados Unidos, hasta fines del mes pasado este organismo tenía un contrato firmado con el Departamento de Comercio de ese país, por el que cada cambio aplicado a la red debía ser autorizado por esa administración. Tras el escándalo internacional por el espionaje político-comercial por parte de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), el gobierno norteamericano decidió cancelar ese contrato, lo que inicia una nueva etapa de discusión.

¿Por qué el Departamento de Comercio? Desde el anuncio de liberación de la red Internet a nivel global comunicada por el entonces vicepresidente norteamericano Al Gore en la reunión de la UIT en Buenos Aires de 1994, el servicio universal a nivel global debía estar garantizado por el mercado, mediante la inversión privada, la competencia y un marco regulatorio flexible. En este sentido, la intervención de los gobiernos debía ser mínima en términos de diseño de políticas públicas. Este postulado fue mantenido durante años por los organismos administradores, con fuerte influencia de las grandes empresas del sector de informática y las telecomunicaciones. El modelo es el de una Internet abierta y descentralizada, libre de intervenciones de los gobiernos y a favor de una autorregulación entre los usuarios y proveedores de servicio. Bajo esta perspectiva, los usuarios son considerados consumidores, ya que el objetivo es la confianza que le puedan garantizar las empresas proveedoras de servicio para desenvolverse en un entorno seguro y confiable en la red, fundamentalmente para la realización de operaciones financieras bajo la modalidad de comercio electrónico.

Desde la publicidad de las graves violaciones a la privacidad en la red por parte de la NSA, Dilma Rousseff se encargó de llevar la problemática del mantenimiento de los derechos humanos y la soberanía de los Estados en la red. El Congreso de su país aprobó un marco civil de Internet que obliga a las empresas que brindan conexión y servicios de Internet –nacionales y extranjeras– a adaptar sus condiciones de uso a la legislación local en materia de privacidad; firmó un convenio con la Unión Europea para la futura instalación de un cable submarino y el lanzamiento de un satélite para las comunicaciones de los ciudadanos cariocas. En el documento final de la NETmundial especifica que los derechos que las personas tienen offline deben ser los mismos que tienen online, una mayor transparencia de las decisiones adoptadas por los organismos que hoy administran la red y el fortalecimiento del Foro para la Gobernanza de Internet (IGF) de Naciones Unidas, tanto como la promesa de discutir los temas de jurisdicción en el gobierno de la red. La transición de consumidores en línea a ciudadanos digitales está abierta.

* Especialista en cibercrimen y titular del curso de posgrado virtual “Delito y nuevas tecnologías: El crimen en la era de Internet”, de la Universidad Nacional de Quilmes.