El ministro de Educación, Alberto Sileoni, confirmó a Página/12 que el programa Terminá la Secundaria, que promociona desde hace unos días el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, “no está aprobado por el Consejo Federal de Educación”, por lo cual el título que otorgaría “no tiene validez nacional”. “El Gobierno de la Ciudad presentó la propuesta, a la que le falta documentación, pero todavía está en estudio”, precisó el ministro ante una consulta de este diario. El programa porteño se ofrece a personas de todo el país, con la modalidad online, y su difusión se intensificó en los últimos días, con spots en televisión en los que interviene el propio jefe de Gobierno, Mauricio Macri, y afiches en la vía pública. Legisladores opositores presentaron dos pedidos de informes.

El plan lanzado por el ministerio que conduce Esteban Bullrich consiste en un programa de educación a distancia de 26 materias, que se pueden cursar en tres años, y está destinado a mayores de edad de todo el país que no hayan terminado el nivel medio. La propuesta fue puesta a consideración del Consejo Federal de Educación el 28 de marzo último.

Pero sin que el nuevo plan haya sido aprobado, comenzó la campaña publicitaria y, peor aún, la inscripción. Según fuentes de la cartera educativa porteña, el ciclo lectivo comenzaría en agosto.

Los interesados pueden inscribirse a través de la página www.buenosaires.gob.ar/terminalasecundaria, llamando al 147 en caso de que vivan en Ciudad de Buenos Aires o al 0-800-999-2727 si es de otro lugar del país. “Sin importar en qué parte del país vivas, podés realizar el secundario completo o rendir las materias que adeudes. Sólo te pedimos una computadora con Internet. Está abierta la inscripción”, dice el anuncio.

El programa “no cuenta con dictamen de aprobación” de la Comisión Federal de Registro y Evaluación Permanente de las Ofertas de Educación a Distancia”, requisito imprescindible para obtener la validez nacional de los títulos, según la ley 26.206, de Educación Nacional, y la resolución 32/07, del Consejo Federal de Educación. El 24 de abril último, la comisión pidió opinión sobre la propuesta a las direcciones de Educación Permanente y de Jóvenes y Adultos y a la Coordinación de Areas Curriculares de esa cartera, que la están analizando. “Por lo tanto, mientras no sea aprobada, los títulos no tienen validez”, respondió Sileoni a una consulta de este diario.

Según la citada resolución 32/07 del Consejo Federal, las instituciones (en este caso el Gobierno de la Ciudad) “deberán solicitar a las autoridades de las jurisdicciones de destino la autorización para la realización de actividades educativas presenciales, incluidos los exámenes”, que no podrán ser exclusivamente virtuales. Es decir que el programa sólo se podría aplicar en las provincias que lo acepten.

En la Legislatura, la diputada Lorena Pokoik (FPV) presentó un proyecto para que el gobierno porteño informe por qué comenzó a inscribir aspirantes para un programa de estudios que no tiene aprobación. “Presentan un programa educativo con extensión nacional, pretendiendo otorgar títulos de bachiller que, al no tener aprobación del Consejo Federal de Educación, no tienen reconocimiento fuera de la ciudad de Buenos Aires”, enfatizó la legisladora.

“Hay que ser claros, eso no es una política educativa, es una estrategia de marketing”, estimó Pokoik. En el pedido de informes, solicitó al Ejecutivo que presente el programa de contenidos de las asignaturas, las licitaciones y pliegos técnicos del software online y las modalidades de contratación de la planta docente.

En el mismo sentido se expresó la diputada Virginia González Gass (PSA en Unen), autora también de un pedido de informes cuyo tratamiento fue rechazado ayer. “Este nuevo grotesco protagonizado por Macri adolece de información sobre la modalidad de cursada y de diseño curricular. Asimismo, desconoce la existencia de otros programas como el de Adultos 2000, el cual presenta instancias de enseñanza presenciales y un seguimiento de casos en el que sí se promueve el contacto interpersonal.

“Macri comenzó su campaña de cara a las elecciones presidenciales de 2015, y una de sus primeras propuestas fue la creación de este cuestionado programa”, concluyó la diputada.

Según funcionarios nacionales, la difusión del programa no autorizado podría constituir un caso de “publicidad engañosa”.