El fiscal salteño Félix Elías pidió que se condene a prisión perpetua a dos de los acusados del doble crimen de las turistas francesas Cassandre Bouvier y Houria Moumni, cometido en 2011 en la Quebrada de San Lorenzo, en Salta, y solicitó la absolución del otro imputado.

Durante su alegato de casi una hora ante la sala II del Tribunal de Juicio, Elías reclamó la pena máxima para Gustavo Lasi, de 25 años, y Santos Vera de 38, y consideró que no hay pruebas para incriminar a Daniel Vilte, de 24. El fiscal calificó de “columna vertebral” de la imputación en la causa la declaración de Lasi, quien el jueves admitió que violó a una de las víctimas en la Quebrada de San Lorenzo, pero dijo que no tuvo relación con los homicidios y acusó a los otros dos imputados.

Elías descartó que el hecho pudiera haber sido cometido en otro lugar y que se hayan trasladado los cuerpos hasta donde fueron hallados y detalló los pasos de las víctimas antes del ascenso a El Mirador de la quebrada, donde fueron interceptadas cerca de las 17.30 del 29 de julio de 2011 y halladas dos semanas después.

En su alegato, Elías destacó la “tremenda y atroz perversidad” del ataque a “dos mujeres indefensas”, y consideró que “no pudieron ser menos de tres” los atacantes, aunque sólo reunió pruebas para acusar a dos.

“El daño que hicieron estos terribles asesinos no tiene nombre”, expresó el fiscal, quien hizo un homenaje a las víctimas y un reconocimiento al tribunal a cargo del juicio. Elías entendió que quienes intervinieron en el hecho fueron Lasi y Vera y que Walter Lasi, padre de Gustavo y detenido por poco tiempo tras los homicidios, “tendría que estar en el banquillo de los acusados en esta causa”, aunque no dio más detalles.

Por eso pidió que se condene a Lasi y Vera por “doble homicidio calificado criminis causa, con abuso sexual agravado y robo calificado, todo en concurso real”. En cambio, solicitó la absolución de Vilte por considerar que el motivo de su detención fue su vinculación con un arma que no es la que está secuestrada en la causa ni la que fue percutada y además dijo que “no hay pruebas de laboratorio” que lo incriminen.

En un tramo de su alegato, Elías habló de “confusiones y versiones” que nunca fueron comprobadas en la causa y aseguró que “nadie de la comunidad salteña llegó a este tribunal con pruebas” y se llegó a “difamar” a personas honorables. Para finalizar, pidió que Darío Ramos y Antonio Sandoval, imputados por “encubrimiento agravado” del arma usada en el hecho, sean condenados a tres años de prisión condicional y solicitó que se investigue por falso testimonio a varios testigos.

Los abogados Nicolás Durrieu y Nicolás Ortiz, en nombre de la madre y los hermanos de Bouvier y los familiares de Moumni, solicitaron prisión perpetua para Vera, Lasi y Vilte. Además, reclamaron un año y seis meses de prisión para Sandoval y Ramos.

Durrieu señaló que “los tres acusados muestran desprecio por la vida” y consideró que el hecho fue “brutal y salvaje”. “La violencia contra la mujer es una violación de los derechos humanos, que interesa a la comunidad salteña, argentina e internacional”, sostuvo el querellante.

El abogado Federico Rodríguez Spuch, que representó a Jean Michel Bouvier, padre de Cassandre, dijo que respetaba la postura de la otra querella, pero sólo culpó del hecho a Lasi y pidió la pena máxima.

En cambio, no formuló acusación en contra de Vera y Vilte, por entender que “no existen elementos que den certeza de su participación en el crimen”. El abogado expresó que aun cuando “las víctimas estaban amenazadas con armas de fuego y golpeadas ofrecieron resistencia firme para proteger su integridad sexual” y consideró que seguramente esto es lo que “les valió la vida” y “demuestra lo atroz del ataque”.

Por primera vez desde que comenzó el proceso oral y público el 25 de marzo, la querella actuó de manera separada por las diferencias con que los miembros de las familias entendieron que ocurrieron los hechos.

Tras escuchar el alegato de la defensa, el tribunal pasará a un cuarto intermedio hasta el lunes a las 9, cuando los jueces Angel Longarte, Bernardo Ruiz y Carlos Pucheta ofrecerán a los imputados la posibilidad de expresarse, para luego pasar a deliberar y finalmente pronunciar la sentencia.