El pliego que postula como juez a Martín Farrell, ex funcionario del PRO del área de Habilitaciones, imputado en la causa por el derrumbe del boliche Beara, que causó dos muertes, sigue avanzando hoy en la Legislatura porteña pese a que cuenta con 14 impugnaciones. El próximo paso es la realización de una audiencia pública, el 25 de junio, el mismo día y a la misma hora en que la Selección Nacional juega un partido por el Mundial. El arco político de la oposición llamó a una sesión especial el 26 de junio a fin de considerar el expediente de Farrell.

Los diputados que componen la Junta de Etica, que preside el macrista Jorge Garayalde, elevaron las 14 impugnaciones contra Farrell impulsadas por las familias de las dos jóvenes fallecidas por la caída del entrepiso del local bailable, familiares de víctimas de Cromañón, y las legisladoras con mandato cumplido María José Lubertino y Rocío Sánchez Andía.

El paso forma parte de un cronograma para analizar en la Legislatura la candidatura del ex funcionario para ocupar un Juzgado en lo Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad, a propuesta del macrismo.

Los familiares de las víctimas, entre quienes estaban Juan Lizarraga y Alicia Tagliaferro, padres de las dos jóvenes fallecidas en Beara, cuestionaron la fecha elegida para la realización de la audiencia.

De hecho, las legisladoras de la oposición, que forman parte de la Junta, Gabriela Alegre, María Rosa Muiños y Paula Penacca, del Frente para la Victoria; Cristina García, de Confianza Pública; y Paula Oliveto Lago, de la Coalición Cívica, afirmaron que la fecha elegida por el PRO “incumple con la Constitución de la Ciudad, ya que la ley 6 de Regulación de Audiencias Públicas establece que deben llevarse a cabo en horarios que favorezcan el acceso de los vecinos a presenciarlas”.

Alegre, presidenta del bloque del Frente para la Victoria, denunció que “el proceso de designación de Farrell está plagado de irregularidades”. “El PRO pretende que la designación de Farrell quede firme sin la votación en el recinto, impidiendo que la oposición exprese su rechazo al pliego. Para eso fijó audiencia el 25 de junio, cinco días antes de que venza el plazo para que la designación quede firme sin intervención de la Legislatura.” Es lo que se conoce como designación ficta, que se produce a los 60 días hábiles de iniciado el trámite en la Legislatura. Esto ocurriría el 2 de julio: el ex funcionario se convertirá automáticamente en juez.

Por su parte, Muiños informó que presentó una nota “solicitando información sobre una nueva causa de Farrell similar a las cinco anteriores”. Según la denuncia, el postulante recibió en su correo electrónico, imprimió y presentó sin firma el pedido de un abogado para levantar una clausura, el pasado 23 de mayo. “Una persona que tiene antecedentes no puede ser juez”, remató.

“Impugnamos la designación, pero también queremos que el pliego sea debatido por los diputados en sesión porque si no vamos a tener que confiar en un juez que fue nombrado de manera ficta por primera vez en la historia de la Ciudad”, expresó Lizarraga.