La Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario porteña suspendió la remoción de las aulas container instaladas por el Gobierno de la Ciudad en la Escuela Normal Lenguas Vivas Sofía E. Broquen de Spangenberg (conocido como Lengüitas), pero ordenó que no se utilicen hasta tanto no resuelva la cuestión de fondo. De esa manera, quedó sin efecto la orden que había dado el juez Roberto Gallardo para que la Guardia de Auxilio y Emergencias desmantele esas aulas, ayer mismo. La orden se impartió a raíz de las fallas que presentaba la instalación eléctrica de esos módulos, que provocaron descargas que afectaron a un directivo de ese establecimiento.

La Cámara aclaró que su decisión “sólo se abocaba al punto relativo a la orden de desmantelamiento de las aulas debido a la inmediatez de los acontecimientos hasta tanto se expida sobre el recurso de apelación interpuesto por el gobierno porteño contra la resolución” del juez Roberto Gallardo, detalló una fuente judicial.

Los camaristas ordenaron además que, hasta tanto no se haya resuelto plenamente la apelación pendiente, “las aulas container no sean utilizadas para actividad alguna”.

Gallardo había dispuesto el martes, ante el incumplimiento del gobierno porteño de la orden judicial dictada por él mismo el 19 de mayo pasado, que se efectúe ayer la remoción de las aulas container emplazadas en el patio del colegio Lenguas Vivas.

Casi en paralelo, y ante la apelación planteada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la Cámara de Apelaciones revocó parcialmente lo dispuesto por el juez de primera instancia y estableció que no se ejecute por el momento el levantamiento de las estructuras hasta que ese tribunal se expida sobre la cuestión.

Las aulas container habían sido instaladas en el Lengüitas para afrontar el mayor número de inscriptos, derivado de las fallas en la inscripción por Internet. Tras un reclamo de padres autoconvocados y el pedido de la asesora tutelar Mabel López Oliva, el juez prohibió, el 20 de febrero último, la utilización de los containers para albergar alumnos de cualquier nivel.

El juez volvió a intervenir después de conocerse que el rector del colegio, Horacio Badaracco (hoy jubilado), sufrió “dos descargas eléctricas” en una de las aulas modulares, el 17 de abril. Luego de esa situación, un grupo de padres denunció que el mismo container fue utilizado para dictar un taller de huerta, con alumnos de la escuela. El juez ordenó entonces al Gobierno de la Ciudad desarmar los módulos en un plazo de diez días. Como el Ejecutivo no cumplió, dispuso hacerlo de manera compulsiva, ayer, pero la Cámara suspendió la ejecución.