La provincia de Buenos Aires puso en funcionamiento un equipo de salud móvil que atenderá los pedidos de aborto no punible que encuentren algún obstáculo arbitrario en hospitales públicos. Irá adonde esté la mujer en caso de que, por ejemplo, todos los médicos del centro de salud resulten objetores de conciencia, anunció ayer el ministro de Salud bonaerense, Alejandro Collia, durante una capacitación sobre el tema a profesionales de la Salud en la Universidad Nacional de La Matanza. La medida responde a un reclamo de ONG de mujeres para que se garantice, como marca la ley y un protocolo provincial, el acceso a la interrupción voluntaria de un embarazo cuando corre riesgo la vida o la salud de la mujer o se trata de una gestación producto de una violación. La demanda surgió luego de que las autoridades sanitarias le negaran en abril un aborto no punible a una chica de 13 años, abusada por su padrastro, en el Hospital provincial Mariano y Luciano de la Vega, de Moreno (ver aparte).

La decisión del gobierno bonaerense fue muy bien recibida por organizaciones que defienden los derechos de las mujeres. La situación ideal sería que ninguna mujer se enfrentara a trabas ilegales para acceder a una práctica legal como es el aborto no punible. Pero en distintos distritos, como Tandil, entre otros, médicos de hospitales públicos se manifestaron objetores de conciencia para evitar la realización de interrupciones legales de embarazo. En otras oportunidades, como ocurrió en Moreno, se invocan excusas, que no tienen ningún fundamentomédico-científico para impedir la atención.

“La idea, a partir del caso de Moreno, fue tener un equipo central interdisciplinario que asista, asesore y si es necesario haga el aborto. Mientras tanto, se sigue trabajando en capacitar para que todos los hospitales y servicios de primer nivel de atención realicen los abortos cuando son legales. Estamos trabajando también en la reforma del protocolo provincial de atención de los abortos no punibles para que quede adecuado al fallo FAL, de la Corte Suprema, y para que incorpore todo lo que se ha aprendido en estos años en la provincia. Incluso hay en debate un proyecto de ley que incluye un equipo de atención central o de emergencia como éste que presentó el ministro Collia”, contó a Página/12 Estela Díaz, secretaria de Género de la CTA que conduce Hugo Yasky. La demanda de un equipo para los pedidos de aborto no punible que enfrentaran obstáculos surgió en el marco de una mesa de diálogo, convocada por el Ministerio de Salud luego del caso de Moreno, en la que participan integrantes de ONG que forman parte de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, referentes de entidades gremiales y políticas, entre ellas Díaz. La mesa se reúne una vez al mes para escuchar, debatir y proponer acciones que mejoren el abordaje de los abortos no punibles.

El ministro Collia precisó que el equipo móvil actuará cuando surjan resistencias en los equipos de salud. Pero, además, estará disponible un consultorio para asistir con medicación a la mujer que solicita la interrupción legal de embarazo si la gestación no superó las 12 semanas, ya que dentro de ese plazo se puede realizar un aborto con medicamentos, como ocurre en países como Portugal o en la Ciudad de México, donde el aborto es un derecho en las primeras semanas de gestación.

Collia dio a conocer la novedad al dar comienzo una serie de capacitaciones a equipos de salud, especialmente obstétricas y ginecólogos, que se repetirán en seis universidades nacionales, con dos objetivos –enfatizó el ministro–: garantizar el derecho al aborto no punible y reducir las muertes de mujeres como consecuencias de interrupciones de embarazos inseguras, realizadas en la clandestinidad.

“Observamos que, si bien teníamos un protocolo de atención al aborto no punible adaptado a la última resolución de la Corte Suprema, se presentaban controversias, dilaciones y dudas entre los profesionales sobre cuándo y cómo hacer las prácticas”, reconoció Collia. En definitiva, precisó, “se ponían trabas en el acceso a los servicios de salud, un derecho elemental para nuestra gestión, que es la del gobernador Daniel Scioli”. A partir de ahora, con estas nuevas medidas, si todos los médicos de un hospital provincial presentaran objeción de conciencia, es decir, si se negaran a efectuar un aborto no punible, se acudirá al equipo móvil, explicó el funcionario.

“De esta manera, se evita revictimizar a la mujer y resolverle el problema en el hospital al que acudió, sin necesidad de ‘pasearla’ de un lugar a otro en una circunstancia de tanta angustia”, explicó Marisa Matia, coordinadora del Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable. Matia indicó que se busca evitar que a las mujeres se les niegue la práctica de un aborto en “condiciones sanitarias seguras toda vez que haya sido víctima de una violación –tal como lo establece el Códico Penal–, más allá del tiempo de gestación y de que algún médico pueda presentar objeciones para efectuarla ya sea por consideraciones morales o religiosas”.

Uno de los dilemas que se planteó en la capacitación fue: ¿Qué es más importante? ¿Priorizar la objeción de conciencia de los médicos o el derecho a la atención de la salud de una mujer violada? “Para nosotros este dilema debe cerrarse definitivamente, y que todos los derechos sean respetados; por eso apelamos a la conformación de un equipo de emergencias móvil que resuelva los casos controversiales”, sostuvo Collia.

El ministro destacó que desde la puesta en marcha del Programa de Salud Sexual y del protocolo de aborto no punible se observó una notable reducción de las muertes maternas. “Entre 2012 y 2013 sin ir más lejos, bajaron un 60 por ciento las muertes maternas relacionadas con el aborto”, dijo Matía, y adujo que “el acceso a los servicios de salud y a condiciones sanitarias de calidad redundan en este tipo de resultados positivos y evita verdaderas tragedias familiares”.