La Escuela de Capacitación Docente CePA, dependiente del Ministerio de Educación porteño, llegó a ser uno de los centros de formación más importantes de América latina. Pero hoy parece estar en una situación que preocupa a los profesionales que dictan cursos de capacitación. Después de una virtual intervención y auditoría dictada por las autoridades del ministerio y la remoción de la coordinadora –que ocupó el cargo desde el comienzo de la gestión macrista– “se ha reducido la cantidad de cursos en el segundo semestre del año, se postergó su comienzo, por lo que los capacitadores van a cobrar un mes menos, y no se les dio adecuada difusión a los cursos realizados durante las vacaciones de invierno, por lo que hubo que suspender unos veinte”, denunciaron delegados del CePA afiliados a UTE. Voceros del Ministerio de Educación desestimaron las denuncias y precisaron que “los cursos se publicaron en tiempo y forma, respetando el mes de inscripción”.

Los capacitadores también se muestran preocupados porque, junto con la disminución de la oferta de cursos oficiales, han crecido los convenios con instituciones privadas, lo que interpretan como un “virtual vaciamiento”.

En abril último, fue desplazada la coordinadora del CePA, Dafne Vilas, quien había sido designada en 2008 por el primer ministro de Educación del macrismo, Mariano Narodovski. En su reemplazo fue designada la abogada Verónica Nolazco Uriburu, quien ya se había desempeñado junto al subsecretario de Gestión Económica y Administración de Recursos de Educación, Carlos Regazzoni. Desembarcó en mayo con su asesor pedagógico, Augusto Trombetta, y dos contadores encargados de realizar una virtual auditoría, relataron a Página/12 los delegados de UTE. “Lo curioso es que Nolazco no puede tomar decisiones ni firmar documentos. Una vez por semana viene la directora de Planeamiento Educativo, Mercedes Miguel, para firmar las resoluciones”, comentaron.

El cambio de conducción no hubiera dado motivo de quejas –los trabajadores estaban disconformes con las políticas implementadas por Vilas, a la que hacen responsable de un “lento y sostenido” desguace del organismo– de no haber sido porque “de los 210 cursos que se habían propuesto para el segundo semestre, 80 no iban a dictarse por falta de presupuesto”, lo cual indicaba que el recorte continuaba.

Para colmo, seguramente como consecuencia de los cambios, “se retrasó la difusión de los cursos, que debían comenzar en agosto, pero como la inscripción comenzó recién este mes, los cursos van a empezar en septiembre, con lo cual los docentes que los dictan pierden un mes de sus haberes”. Esto es así ya que los profesores son contratados por el lapso en que se extiende la cursada, explican los delegados.

Tras una negociación con las autoridades del ministerio, los cursos que no se dictan serían 39, informaron los delegados, que ahora reclaman que el monto de los contratos compense el mes perdido.

También llamó la atención de los capacitadores la “escasa difusión” de los cursos intensivos que habitualmente se dictan durante las vacaciones de invierno y, como consecuencia, la baja inscripción, que obligó al cierre de 20 de esos cursos, “un record para el CePA”.

El instituto fue creado hace tres décadas como organismo fuera de nivel, con su propio presupuesto, con el nombre de Centro de Pedagogías de Anticipación (CePA), pero hoy se lo conoce como Escuela de Capacitación Docente. Brinda capacitación en diferentes modalidades: postítulos docentes o capacitación normativa, contemplada en el Estatuto del Docente como condición para acceder a ascensos o a otras modalidades de educación. Los cursos pueden realizarse durante el horario de trabajo en las escuelas o a contraturno. Y la formación se da en tres núcleos temáticos: las vinculada a la currícula escolar (lengua, matemática, etc.); la referida a sociedad y cultura contemporánea y a sujetos e instituciones educativas. En estos dos últimos núcleos es donde se registraron los recortes de cursos.

Fuentes del ministerio precisaron, ante una consulta de este diario, que “se reorganizaron los cursos de acuerdo con las políticas educativas y principales demandas del ministerio. Los cursos que se dieron de baja fueron conversados con sindicatos y coordinadores pedagógicos de los mismos”.

Según los delegados, el cambio de conducción se fundamenta en presuntos “desmanejos” económicos. “Si es necesario revisar arbitrariedades e incongruencias de la desplazada coordinadora (que hemos denunciado reiteradamente), demandamos que se haga a partir de criterios pedagógicos explícitos y no sólo tras el objetivo de que ‘cierren las cuentas’”, afirmaron. Reclaman además la “publicidad de las auditorías administrativas que el propio ministerio ordenó y que fueron reclamadas desde la Defensoría del Pueblo y de diputados de la Comisión de Educación de la Legislatura”.