En Tucumán, la Justicia federal ratificó el procesamiento y la prisión preventiva de siete personas imputadas por trata de personas para explotación sexual, una resolución que también mantiene embargos sobre distintos bienes de los procesados, entre ellos los locales donde funcionaban los prostíbulos California y Night Club, en la capital provincial. Según consta en la causa, los cabecillas de la banda, Mercedes del Carmen Medina y Ernesto Antonio “el Negro” Robles, “tendrían relación con prostíbulos en Salta, así como también con los dueños de otros prostíbulos sitos en La Rioja”, que son viejos conocidos de la Justicia provincial: José “Chenga” Gómez y su madre, la fallecida Liliana “Mamá Lili” Medina, juzgados por el caso de Marita Verón (y condenado, él, en la revisión de la sentencia, porque Medina para entonces ya había muerto). La resolución de la Cámara Federal de Tucumán negó, de esa manera, el pedido de nulidad que había hecho la defensa de uno de los procesados, el de inconstitucionalidad de un artículo de la ley de profilaxis (que prohíbe los prostíbulos) y las demandas de excarcelación.

La investigación a cargo del juez Daniel Bejas, titular del Juzgado Federal Nº 1, comenzó a principios de 2013, a raíz de una denuncia presentada por el apoderado de la Fundación María de los Angeles, el abogado Carlos Garmendia. En octubre del año pasado, luego de una investigación que incluyó testimonios de testigos protegidos y escuchas telefónicas, Bejas resolvió los procesamientos de Medina y Robles como coautores de trata de personas para explotación sexual, en casos que incluyen captación, transporte, acogimiento, violencia y amenazas sobre las mujeres víctimas y pago de sobornos a personal policial. Los cinco procesados restantes, Susana Antonia Figueroa, María Rosa Juárez, Aníbal Iván Frías, Eduardo Alberto Loto y Juan Rafael Sarmiento son considerados “partícipes necesarios” del negocio ilegal en el que jugaban diversos roles, desde regentear el lugar hasta controlar que los clientes pagaran a las mujeres y que ellas, a su vez, entregaran una parte del dinero, previamente convenida, a la sociedad conformada por Medina y Robles.

El año pasado, al recibir la denuncia, la fiscalía ordenó una investigación reservada, que fue realizada por Gendarmería Nacional y confirmó que en el umbral de California”todos los días y a toda hora había mujeres “ofreciendo servicios sexuales cuyas tarifas oscilan entre 150 pesos a 200 pesos”; que “la dueña del local se llama Mercedes, que las señoritas que ofrecían sus servicios en el lugar debían pagarle a la nombrada para poder trabajar en el lugar, y que eventualmente pasa un tal Juan a retirar el dinero producto de la explotación sexual”. Las escuchas telefónicas demostraron que “estamos en presencia de una organización dedicada a la explotación sexual de mujeres de diferentes provincias de nuestro país y de origen extranjero”, y que “cada uno de los integrantes de la organización posee un rol perfectamente determinado”. De acuerdo con el expediente, en la estructura, Robles y Medina, dueños de los locales y responsables de lo que sucedía en ellos, “toman las decisiones de quién trabaja y quién no en los locales, deciden cuánto se cobra y las multas que se imponen a las mujeres explotadas, a quienes además controlan e intimidan”. Loto y Figueroa, apodada “Karina”, eran encargados del Night Club, ubicado ante la vieja terminal de ómnibus de San Miguel de Tucumán. “Karina controla en forma directa a las mujeres y se encarga de ‘tomar a las empleadas’ –captación–”, mientras que Sarmiento “posee los recibos y conoce detalladamente los movimientos de los pagos”. Frías, sobrino de Medina, se encargaba de intimidar “con una pistola” a las mujeres que no pagaban y a los clientes que generaban inconvenientes en el prostíbulo; también les facilitaba drogas.

Además de las desgrabaciones y la investigación reservada, el juez Bejas contó con los relatos de dos testigos de identidad reservada, ambas en situación de vulnerabilidad económica y único sostén de familia con hijos a cargo. Las mujeres dieron cuenta de una red con contactos fluidos –una de ellas fue trasladada entre prostíbulos de diferentes provincias–, y de que “el local California era visitado habitualmente por personal policial uniformado, un inspector de tránsito y, más precisamente, un agente de la División Trata de Personas de la Policía de la provincia llamado Mocho.” Esa misma testigo contó que Medina “tenía un látigo, y con ese látigo, cuando una se portaba mal...; nosotras hemos aprendido todas a curarnos entre nosotras”.

En la misma resolución en la que confirman los procesamientos, los camaristas Ricardo Sanjuan, Graciela Fernández Vecino, Ernesto Wayar, Raúl Mender y Lilian Isa también rechazaron el pedido del defensor público oficial que, en nombre de Frías, impugnó la constitucionalidad de un artículo de la ley 12.331, de profilaxis, de 1936. El defensor se refirió específicamente al artículo 17, que castiga con multa a quienes “sostengan, administren o regenteen, ostensible o encubiertamente, casas de tolerancia”.