Los siete efectivos de la Bonaerense que supuestamente participaban de una banda en La Matanza afrontan imputaciones que abarcan medio Código Penal. Por ejemplo, les facilitaban los uniformes a los demás integrantes de la organización; falsificaban los libros de actas con operativos que en verdad no se hacían y que a la misma hora y en la misma zona eran zonas liberadas para robos de la banda; le informaban a la organización si los estaban investigando o no; tomaban botines secuestrados de otras bandas y se los entregaban a la propia para que los redujeran; amparaban desarmaderos donde se colocaban los vehículos robados por sus cómplices y, aunque todavía no está probado, es posible que hayan participado de secuestros. De hecho, en uno de los allanamientos se encontraron valores entregados a cambio de la liberación de un secuestrado. A raíz de la pesquisa, fueron separados de sus cargos dos comisarios mayores –casi el grado más alto de la Bonaerense–, a quienes todavía no se les imputa conocimiento de la banda y los delitos, pero en cualquier caso se les adjudica, como mínimo, desconocimiento de lo que estaba ocurriendo debajo de sus narices.

Los siete oficiales detenidos son de importancia: cuatro subcomisarios, un oficial principal, un subinspector y un capitán. Todos eran parte de la Departamental de Investigaciones de La Matanza, que abarca a ese inmenso municipio, pero también a otras dos zonas calientes del conurbano: San Martín y Tres de Febrero. Para dar un ejemplo, es la zona del caso, nunca esclarecido, del asesinato de la niña Candela Rodríguez, en el marco de bandas de piratas del asfalto y narcotráfico. En general, un subcomisario tiene el poder de mover las dotaciones de policías, asignarlos a tal o cual investigación y a tal o cual horario, lo que le permite manejar las supuestas complicidades con delitos. Tener cuatro subcomisarios en una misma banda implica un enorme poder.

Pese al hermetismo, trascendió que la punta del ovillo surgió en una investigación sobre un secuestro. Se siguió el hilo conductor de un teléfono que se usó en aquel caso de secuestro y las escuchas permitieron sumar evidencias. La pesquisa estaba en ese momento en manos del fiscal federal Sebastián Basso, quien le llevó las evidencias al juez Jorge Rodríguez. Después, participó personal de Asuntos Internos de la Bonaerense, la SIDE y el Ministerio de Seguridad provincial.

Según cuentan los que participaron de la investigación, algunos de los siete policías extorsionaban a otras bandas, es decir que amenazaban con detenerlos si no entregaban parte de un botín, por ejemplo, obtenido en un robo a un camión. De esa forma, la organización de los polichorros se quedaba con lo que conseguían en sus robos y también lo que robaban otras bandas. Además, los cuatro no-policías entraban y salían de las dependencias de la Bonaerense con total libertad e incluso participaban de operativos en los que directamente se llevaban parte de lo secuestrado. El uso de uniformes por parte de los no-policías, suministrados por los policías en actividad, estaría probado y justamente el objetivo era que participaran de operativos y se llevaran botines de otras bandas.

Sin embargo, la envergadura de los oficiales que intervinieron, todos oficiales jefes, hace pensar que hubo de por medio delitos de mayor rango. Por de pronto, estaría probado que la banda incursionaba en todo lo que tenía que ver con automotores: esto significa robo, corte, desarmado y venta de repuestos. La especialidad eran vehículos de alta gama, por lo general importados, en los que hay una escasez de repuestos nuevos. Un ejemplo fue el secuestro del padre de Carlos Tevez que empezó como robo de una camioneta Dodge importada, justamente en la zona dominada por estos policías. Los repuestos se venden por Internet: una caja de cambios de una camioneta mediana, importada, se cotiza en unos 40.000 pesos.

Pero la sospecha es que la banda de polichorros se dedicaba a un delito de otro nivel: los secuestros exprés. A veces orientándose por el nivel del auto de la víctima, siempre vehículo importado, a veces guiándose por algún dato. La existencia de esta organización explica que la zona oeste La Matanza-San Martín-Tres de Febrero haya sido escenario de la mayoría de los casos conocidos y de gran parte de los que no se denunciaron.

Además de la banda de los once –siete policías y cuatro no-policías–, el Ministerio de Seguridad decidió pasar a disponibilidad a dos comisarios mayores, es decir dos hombres del segundo máximo rango en la Bonaerense. Uno era el jefe de la Departamental de Investigaciones de La Matanza y el otro, el jefe zonal, o sea el oficial encargado de supervisar toda la estructura policial del oeste del conurbano. En principio, el apartamiento es porque la organización de polichorros funcionaba en su jurisdicción. Si se descubre un vínculo con los hechos delictivos –se habla de una escucha telefónica– habrá una acusación penal del fiscal.

Quienes conocen el expediente sostienen que ésta es una investigación que está todavía lejos, muy lejos, de terminar.

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