“No quieren darnos una solución. Somos 4500 personas, 700 familias, hay muchos niños; a algunos los llevaron a unos paradores, a la mayoría nos abandonaron en la calle.” Con una afonía que se debe “a que desde hace tres días vengo hablando con todo el mundo”, Reynaldo, uno de los delegados de las personas desalojadas el sábado del barrio Papa Francisco, en Villa Lugano, le dijo a Página/12 que el gobierno porteño “no nos quiere ayudar, hoy nos reunimos con ellos y pasamos a cuarto intermedio, pero no ofrecen ninguna solución”. Anoche, sobre la avenida Cruz, cerca de Larrazábal, unas 70 personas seguían refugiadas en precarias carpas, a pesar del intenso frío, esperando una salida habitacional definitiva en los terrenos que habían ocupado en febrero y de los que fueron echados en forma violenta. La Legislatura porteña, hace nueve años, dispuso que el lugar fuera acondicionado para la construcción de viviendas, pero el gobierno de Mauricio Macri nunca cumplió esa iniciativa.

Ayer por la tarde, durante tres horas, los diputados Marcelo Ramal, Alejandro Bodart, Gustavo Vera y María Rachid, entre otros, acompañaron a nueve delegados del barrio a una reunión con legisladores del PRO, pero el encuentro pasó a cuarto intermedio, sin fecha ni horario preciso de reinicio. “No hubo ninguna iniciativa para buscar la solución definitiva que venimos reclamando”, coincidieron el delegado Reynaldo y el diputado Bodart, del MST/Nueva Izquierda.

Reynaldo informó que en la avenida Cruz permanecen “unas 60 o 70 personas”, mientras que otras “han conseguido alojamiento circunstancial en casas de familiares en la Villa 20 y en otros lugares y un grupo más pequeño aceptó ir a los paradores que ofreció el gobierno porteño”.

A la reunión de ayer en la Legislatura fueron los arquitectos que forman parte del Taller Libre de Proyectos Sociales, que diseñó el plan de urbanización y construcción de viviendas en el predio que estaba ocupado.

La vicejefa de Gobierno de la Ciudad, María Eugenia Vidal, había asegurado que desde ayer se iba a comenzar la tarea de urbanizar los terrenos, pero lo cierto es que todo sigue igual, sin ninguna actividad dentro del predio desalojado. La Policía Metropolitana mantuvo el vallado en torno de las carpas que permanecen sobre la avenida Cruz, entre Escalada y Larrazábal. Los que quedaron dentro del cerco policial, si salen tienen prohibido volver a entrar. Por esa razón, vecinos de la Villa 20 se instalaron en otras carpas, fuera del vallado, para tratar de asistirlos con bebidas y alimentos. Por la noche, en declaraciones a la televisión, Vidal trató de minimizar la situación actual: “Sólo quedan 15 personas”, aseguró, en referencia a los que están dentro del cerco policial.

La jueza María Gabriela López Iñíguez, responsable de la orden de desalojo, defendió el operativo al que calificó de “exitoso”, dado que “la actuación coordinada y profesional de la Policía Metropolitana y de la Gendarmería Nacional lograron que a las 8.45 horas del sábado el 98 por ciento del terreno se encontrara desocupado”. Nada dijo, en ese párrafo, sobre las denuncias por personas que fueron golpeadas e incluso legisladores, como Pablo Ferreyra, que sufrieron heridas de balas de goma disparadas por la Policía Metropolitana.

La magistrada sólo señaló, más adelante, que no hubo “pérdidas humanas que lamentar ni heridos de consideración”. Admitió que luego del desalojo de las personas “comenzó la tarea ardua e ingrata de vaciar el predio de objetos y pertenencias varias”. Las precarias viviendas que se habían levantado desde febrero fueron literalmente arrasadas por las topadoras y muchas personas dijeron haber perdido todas sus pertenencias. La jueza dijo que se realizó “la destrucción de las construcciones clandestinas que se habían erigido en el predio”.

López Iñíguez informó que ayer se reunió con la jueza Elena Liberatori, a cargo del expediente contenciosoadministrativo que deberá resolver el saneamiento del terreno, su posterior urbanización y adjudicación de viviendas. A Liberatori le comunicó que el predio ya fue liberado y ahora resta que “den inicio de inmediato, y con la mayor celeridad, a las tareas de saneamiento en el marco de la ley 1770”. Advirtió, por último, que “dejar el predio nuevamente abandonado, con una custodia policial que no podrá ser mantenida eternamente, expone al lote, dada su ubicación, al riesgo cierto y grave de ser nuevamente intrusado lo que, de ocurrir, será exclusiva responsabilidad del Poder Ejecutivo local”.

El legislador porteño Gustavo Vera informó ayer que recibió respuesta, de parte del papa Francisco, respecto del mail que le había enviado informándolo sobre el desalojo del barrio que lleva su nombre. El Papa, según informó el diputado, le respondió: “Acabo de leer tu correo. Tu frase final logró sintetizar mis sentimientos: ‘Parecía Gaza’... y me puse a llorar. No entiendo nada. A esa gente, a esas mamás con chicos, los acaricio con mis lágrimas”.

El texto dado a conocer por Vera agrega: “Cuando regresaba de Corea, en el avión, hablé de crueldad. Parece que la crueldad se nos instaló en el corazón. Una crueldad vestida con tantos ropajes: ‘qué me importa’, ‘que vayan a trabajar’, ‘es gente insociable’... palabras que no justifican sino que manifiestan tanta crueldad. Estoy cerca de esa gente. Rezo y pido que no los dejen solos. Y estoy cerca de Ustedes, los que se acercan a ellos”.

Los vecinos que siguen acampando sobre Cruz siguieron reclamando a los gobiernos de la Ciudad y de la Nación (ver aparte) e hicieron angustiosos relatos sobre su situación actual. “Estoy esperando que me dejen entrar. A la mañana salí temprano a buscar los documentos para demostrar que había sido censada y ahora no me dejan pasar. Tengo mis hijas de 15 y 13 años adentro”, denunció una mujer llamada Guillermina, aferrada a las vallas policiales que le impedían entrar. Hasta el domingo el cerco era más flexible, pero ayer se endureció. “Yo traigo leche caliente en el termo porque hay muchos niños adentro que se deben estar muriendo de frío y tampoco me dejan pasar. Anoche me fui con mi bebé porque nos amenazaron con volver a reprimirnos”, sostuvo Paola, otra de las desalojadas.