El reciente desalojo en Villa Lugano se suma a la larga lista de desalojos que acumula la gestión macrista, como consecuencia directa de su política de omisión, expulsión y desamparo respecto del hábitat y la vivienda.

Un breve repaso sobre la política habitacional que llevó adelante Macri desde que asumió como jefe de Gobierno nos permitirá entender las causas del crecimiento descomunal de la informalidad urbana en la ciudad más rica del país.

En 2001 había 107.805 personas habitando en villas y asentamientos, hoy son entre 250 y 300 mil las personas que habitan de manera precaria y el déficit habitacional total en la Reina del Plata afecta a unos 500.000 habitantes.

La falta de una política integral afecta a todos los porteños porque retroalimenta de modo negativo las dificultades para acceder a la casa propia. La Ciudad está cada vez más cara debido al aumento de la especulación inmobiliaria, el incremento del ABL y la desregulación del precio de los alquileres, entre otras cosas. Este engranaje de acciones y omisiones ha generado no sólo el aumento de la informalidad y precariedad urbana, sino también una mayor concentración de la propiedad. Mientras que en 2008 el 61,1 por ciento de los porteños era propietario y el 27,8 por ciento inquilinos, en 2013 disminuyeron los propietarios a 56,8 por ciento y aumentaron los inquilinos a 32,1 por ciento.

En reiteradas ocasiones, como legislador de la Ciudad, presenté proyectos de ley de promoción de alquileres y protección de inquilinos, y en 2012 un proyecto de ley de generación de impuestos a la vivienda ociosa. Ninguno de estos prosperó por la oposición rotunda del macrismo.

Para comenzar a revertir el crítico déficit habitacional de la Ciudad es necesario activar la política de acceso a créditos subsidiados para las familias de clase media y baja y para las cooperativas de vivienda, apelando a la Ley 341/2000 que el estado local inutiliza.

También deberían cumplirse las leyes de urbanización de villas, recuperando –de mínima– el nivel de inversión previo a la actual gestión. Esto significa que si en 2013 se hubiese invertido un 4 por ciento en vez de un 2 por ciento, el presupuesto en este rubro hubiese sido 1000 millones de pesos mayor, lo que equivaldría a la construcción de 3800 casas que podrían alojar a más de 19.000 personas. Ahora bien, ante la nula iniciativa del gobierno local, las viviendas construidas en la Ciudad para la población de villas fueron en su mayoría financiadas por el Estado nacional.

Asimismo, deberían ejecutarse las partidas presupuestarias que el propio gobierno se propuso invertir en este rubro. Sólo con el dinero subejecutado –es decir, no utilizado– entre 2008 y 2013 se podrían haber construido más de 6100 viviendas, satisfaciendo la necesidad habitacional de 30.000 porteños.

La ocupación de predios seguirá siendo la consecuencia clara y visible mientras el acceso a la vivienda no sea prioridad en la agenda de la gestión local.

Revertir esta problemática implica ejecutar políticas activas e integrales como las desarrolladas por el gobierno nacional que, mediante planes como el Pro.Cre.Ar, logró hasta el momento construir y reconstruir más de 1.000.000 de viviendas en todo el país.

Como bien señaló la Presidenta, es una decisión política de nuestro proyecto nacional generar “consumo, desarrollo e inclusión social”, y la política habitacional nacional es parte de esta decisión.

* Diputado nacional (FpV).