Desde el lunes 25 de agosto, después del violento desalojo del barrio Papa Francisco, en Villa Lugano, muchos de los niños que vivían allí con sus familias han dejado de concurrir a la escuela. En algunos casos porque fueron trasladados a paradores del gobierno porteño que quedan muy lejos de los colegios a los que asistían en forma regular. Los padres, que tuvieron que cambiar sus rutinas a partir de una expulsión que los llevó a vivir en condiciones más precarias de las que ya se encontraban, no cuentan con los medios necesarios como para trasladarlos dado que tienen que asumir el costo del viaje en dos o más medios de transporte público. Además, muchos de los chicos, durante el desalojo, perdieron útiles, delantales, ropa y zapatillas. “El Ministerio de Educación porteño se había comprometido a reponer esos elementos, pero no lo hizo y tampoco aportó vehículos escolares para facilitar el traslado de los alumnos”, le dijo a Página/12 María Florencia Gentile, integrante del Plenario del Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes.

Por otra parte, según denunciaron a este diario los vecinos que se encuentran todavía acampando en los alrededores del predio desalojado “algunas de las escuelas de la zona a las que concurren los chicos, tienen suspendidas las clases por decisión de sus autoridades, de manera que muchos están sin ir al colegio desde hace una semana”, sostuvo Clarisa, vecina del barrio y vocera de la Corriente Villera Independiente.

María Florencia Gentile, que es socióloga e investigadora en temas de infancia de la Universidad Nacional de General Sarmiento, visitó el viernes pasado el parador que el gobierno porteño tiene en la zona de Parque Avellaneda. Fue acompañada por José Machaín, también miembro del Plenario del Consejo. Ambos fueron designados por la Legislatura, Gentile por Nuevo Encuentro y Machaín por el Frente para la Victoria.

“Fuimos con José para ver cómo se encontraban las familias que están allí alojadas y, aunque no pudimos entrar al lugar, hablamos con algunas personas que salieron a conversar con nosotros.” Explicó que una de las mayores preocupaciones fue “saber cómo estaba la situación de los chicos y la escolaridad; nos dijeron que sus hijos no están yendo al colegio porque el gobierno porteño no puso en marcha ningún dispositivo para el traslado, teniendo en cuenta que desde el desalojo han quedado muy lejos de los establecimientos a los que concurren”.

“Algunos padres pueden trasladarlos en forma privada, con sus propios medios, pero otros no tienen los recursos económicos necesarios dado que tienen que tomar dos colectivos para llegar”, señaló Gentile. “Además, por si fuera poco, muchos de los chicos, en el desalojo, han perdido todo, los útiles escolares, los delantales y hasta las zapatillas, de manera que no están en condiciones de ir a la escuela, ni aún cuando tuvieran las facilidades de transporte.”

Puntualizó que se trata de familias “que han perdido todo, que ya vivían en situación de vulnerabilidad, pero ahora no sólo han perdido las viviendas precarias que tenían, sino también la ropa, todas sus pertenencias”. Las madres y padres con los que se entrevistaron Gentile y Machaín les comentaron que el Ministerio de Educación porteño, a cargo de Esteban Bullrich, se había comprometido “a enviarles zapatillas, útiles escolares y otros elementos, pero hasta ahora no recibieron nada; están en una situación de gran vulnerabilidad, no tienen nada, ni una tarjeta SUBE”.

Gentile estimó que, sólo en el parador de Parque Avellaneda hay unas 30 familias “cuyos hijos no están yendo a la escuela y que están corriendo el riesgo de perder el año escolar, si la situación en la que están sus familias se sigue manteniendo en el tiempo sin una solución”. Insistió en que “nadie del Ministerio de Educación porteño fue a verlos, a pesar de que ellos habían denunciado ante la cartera la situación en la que se encuentran. Es necesario que les entreguen los elementos que necesitan y que se disponga un micro para que puedan ir al colegio”.

Otra queja que recibieron tiene que ver “con una política de traslados de un parador a otro, que les produce una molestia adicional, porque tienen que andar trasladando de un lado a otro sus cosas”, aseguró Gentile. Agregó que algunas de las familias “había estado primero en el parador de Parque Chacabuco y después los llevaron a Parque Avellaneda, pero el viernes estaban otra vez diciéndoles que los iban a llevar de nuevo a Chacabuco, lo que hace que algunas familias se cansen y se vayan de los paradores”. Además de Parque Chacabuco y Parque Avellaneda, hay un tercer parador porteño, con desalojados, en Barracas.

“Y si ahora llevaron de nuevo a esas familias de Parque Avellaneda a Parque Chacabuco, van a quedar todavía más lejos de Villa Lugano y de la posibilidad de volver a enviar a los chicos a la escuela”, consideró la integrante del plenario del Consejo. “Muchas familias se cansaron y se fueron de los paradores, luego de recibir un subsidio que es una solución muy momentánea, porque no es un dinero que les solucione nada; ellos necesitan un lugar donde vivir. La gente se desgasta por lo que está pasando y se va de los paradores porque hay familias que tienen hasta cinco chicos y necesitan estabilidad.”

Un problema agregado es que en los paradores hay horarios estrictos para comer. “Por esa razón, los chicos que van a la escuela en el turno tarde, se tienen que ir mucho antes por el tiempo que tardan en viajar, de manera que tienen que irse sin comer, porque el horario establecido no concuerda con sus necesidades”, comentó Gentile. Explicó que los paradores porteños están previstos para asistir “a personas en situación de calle que tienen otras rutinas y que pueden adaptarse a los horarios establecidos para comer, cosa que no pueden hacer los chicos que van a la escuela”.

Por su parte, Clarisa, de la Corriente Villera Independiente, quien se encuentra asistiendo a los vecinos que siguen acampando sobre la avenida Cruz, confirmó que “muchos de los que al principio se fueron a los paradores, ya no están en esos lugares porque no tienen lo que necesitan; además, los que se fueron y después no encontraron un lugar donde estar, fueron rechazados cuando quisieron volver”.

Clarisa aseguró que “algunas escuelas del barrio donde iban los chicos, han suspendido las clases por la situación planteada por el desalojo, por decisión de sus directivos y algunos docentes, de manera que son muchos los chicos que dejaron de ir a la escuela” desde el lunes 25 de agosto. Sostuvo que “todas estas situaciones se tienen que visualizar para que se dé una solución, porque acá hay muchos niños y la gente está en la calle, peor que antes del desalojo”.