Una comunicación interna entre uniformados bonaerenses de Avellaneda, dependientes de la Jefatura Departamental Lanús, da cuenta del estado de emergencia en que se encuentra la denominada emergencia de Seguridad bonaerense. La modulación se filtró al periodismo por vía de una mano uniformada interesada por motivos tan insondables como el destino de las energías anunciadas con motivo de la supuesta emergencia. En el audio se escucha a una mujer policía que menciona la situación de una oficial principal a cargo de la comisaría de Dock Sud (3ª de Avellaneda). Describe que la colega había pedido ayuda porque escuchaba ruidos en el techo y se encontraba sola en la comisaría a cargo de treinta detenidos. El jefe de la Departamental de Lanús, Claudio Blanco, más tarde, desmintió aunque no tanto. “No es cierto –dijo en relación con los detenidos–, está con muchos menos, ya que la capacidad de alojamiento de los calabozos es de 12 personas.” Paula Litvachky, directora del Area de Justicia y Seguridad del CELS, dijo a Página/12 que “la desmentida es una confirmación de que tienen el doble de detenidos de la capacidad de alojamiento. Todo parece indicar que sacan policías a operativos y usan las comisarías como depósitos humanos”.

El audio filtrado a la prensa bajo el rótulo de “pedido de auxilio de una oficial de policía al 911” no permite confirmar en ningún momento que se haya producido de esa manera ya que en la comunicación, al menos la difundida, no se escucha a la mujer en cuestión sino el comentario de cuatro uniformados, dos mujeres y dos hombres, que por diferentes canales de radio policial entablan un intercambio sobre la situación de inseguridad vivida por su colega. Sí señalan que la oficial de la 3ª, de apellido Sánchez, carecía de medios de comunicación con móviles y que debieron prestarle un handy.

El diálogo dice:

Mujer policía: –”... la misma había manifestado que se oían ruidos arriba del techo. Sergio ahí le presté a modo de colaboración el HT a la principal Sánchez de la 3ª debido a que se encuentra sola en comisaría y tiene, bueno..., al cuidado de detenidos como para que tenga alguna comunicación más directa con el móvil.

Comando 20 (voz masculina): –Bueno, me comunico, acá el problema es que la principal Sánchez se encuentra sola en comisaría, con 30 detenidos, así que (...) y el problema que tiene es que está sola en la comisaría y sin comunicación.

Operadora: –Y bueno, traten de hacerse una pasadita por ahí...

MP interrumpe: –Creo que con una pasadita no hacemos nada señora, es una compañera, ¿no?, habría que poner un poco más de personal acá.

O: –Y... eso hay que decirle a la gente que está arriba.

C20: –¿Usted tiene un móvil para dejar (...)?, porque yo tengo un solo móvil (...) ahí donde está la principal sola.

Operador (voz masc.): –Ahí me fijo, si tengo uno se lo mando...

El filtrado de la conversación ocurre en el marco del decreto de emergencia en Seguridad, dictado por el gobernador Daniel Scioli, y de la resolución 642 del ministro de Seguridad, Alejandro Granados, que dispuso que nuevamente las comisarías sirvieran de alojamientos para presos con el trillado argumento de resolver la inseguridad.

“Más allá del origen que tenga la filtración –sostuvo Litvachky–, está basada en hechos reales. Hay dos cuestiones. Una, la discusión sobre el alojamiento de personas detenidas en comisarías, y la inconstitucionalidad del alojamiento, la de tener personas en condiciones absolutamente indignas. La segunda es el funcionamiento de la Bonaerense. Hay un déficit muy fuerte en las comisarías. Y está mostrando que el discurso de la emergencia es una sábana corta. O la policía se dedica a las comisarías o al delito en la calle. Además, si la conversación fue una operación de filtración a la prensa, puede dar cuenta de que hay una interna policial. Y que haya peleas internas, problemas entre distintos sectores, en cualquier caso es un problema.

El 1º de septiembre, dos ONG dedicadas a cuestiones de seguridad, el Centro de Estudios Legales y Sociales y el Colectivo de Investigación y Acción Jurídica (CIAJ), solicitaron la inmediata anulación de la resolución 642 del ministro de Seguridad, Alejandro Granados, que habilita la detención de personas en comisarías, por considerarla inconstitucional y regresiva en términos jurídicos y de jurisprudencia en materia de DD.HH.

“En La Plata y en Mar del Plata ya hay fallos que suspenden la 642 a partir de pedidos de hábeas corpus –señaló Litvachky–. Pero nuestra presentación no fue un pedido de hábeas corpus, sino que fuimos directo contra la resolución. La hicimos ante el fuero Contencioso Administrativo porque es inconstitucional. Y está por resolver.”

[email protected]