Desde hace décadas son “educadores comunitarios”: cientos de trabajadores que se formaron en el seno de las organizaciones barriales en los años ’80 y ’90, cuando el Estado dejó de ser garante de la educación pública y tuvieron que salir a cumplir esa función en los barrios del conurbano bonaerense. Ahora, la Ley de Incorporación de la Modalidad de Escuela Comunitaria, aprobada la semana pasada en la provincia de Buenos Aires, viene a llenar el vacío legal en el que funcionaban esos trabajadores. Pero ayer se convirtieron en “maestros truchos” o “militantes”. Es que otra vez una polémica sobre un tema educativo se instaló en los medios a partir de una información descontextualizada: se aseguró que por la norma “nombrarán maestros sin título en jardines maternales y jardines”. Y desde el propio gobierno provincial adelantaron que habrá un veto total o parcial a la ley.

Los educadores comunitarios dependen de las 1600 Unidades de Desarrollo Infantil del Ministerio de Desarrollo Social y en algunos casos de la Dirección Provincial de Gestión Privada. “Fuimos los hombres y mujeres de esta provincia que nos hicimos cargo de nuestra propia educación para ayudar a los chicos a llegar a la primaria con más herramientas, porque no había jardines de infantes en nuestros barrios. Hoy seguimos cubriendo la ausencia de jardines maternales”, dijo Beba Raymundo, coordinadora de la Red (de Jardines Maternales Comunitarios) de La Matanza.

La ley que la diputada bonaerense Alicia Sánchez (FpV) impulsó en la Legislatura incorpora a estos centros comunitarios al sistema de enseñanza, con el fin de darles capacitación y supervisión continua. La polémica se originó porque se sostuvo que se nombrarán maestros sin título.

“Falso. No sólo es mentira, sino que el mensaje es cruel para nosotros, que estamos orgullosos de nuestros centros comunitarios, porque son lugares nacidos de la necesidad y construidos con dignidad”, señaló Raymundo, que fundó en el ’86 el Jardín Maternal El Colmenar, dentro del colegio Lasalle, en González Catán, para que los padres pudieran dejar a los chicos de 0 a 5 años bien cuidados.

Ayer, el subsecretario de Educación bonaerense, Néstor Ribet, dijo que el gobierno bonaerense vetará la ley, ya que entiende que “para estar al frente de alumnos hay que tener formación pedagógica”. Ribet dijo que “hoy en la provincia hay alrededor de 200 jardines de infantes ‘comunitarios’, algunos con sala maternal y otros de nivel inicial, con 1200 docentes que forman parte del sistema de gestión estatal porque se adecuaron a la normativa”.

La Ley de Educación nacional de 2005, impulsada por el ex ministro del kirchnerismo Daniel Filmus, estableció que “el Sistema Educativo lo integran los servicios de gestión estatal y privada y de gestión cooperativa y social”. Pueden prestarlos la Iglesia y las sociedades, cooperativas, organizaciones sociales, sindicatos, asociaciones, fundaciones, empresas y las personas físicas, todos en el mismo derecho, rango y nivel, hasta para emitir títulos con validez nacional.

La diputada Sánchez aseguró que la norma “es algo bueno y superador, porque queremos más educación. Es una falacia decir que a los militantes sociales se les va a otorgar un título de maestro”, recalcó. “En ningún momento dice (la ley) que hay que darles un título docente. No es que hay que abrir jardines de infantes y que no haya docentes”, afirmó la legisladora, quien explicó que la norma es “para instituciones educativas comunitarias que existen en el territorio bonaerense desde hace treinta años”. Al respecto, detalló que en estos lugares “se alberga a 70 mil niños bonaerenses en 1800 instituciones educativas”. “Más del 50 por ciento de las educadoras que trabajan en estas instituciones tienen título de docente, pero trabajan en forma no registrada”, expresó.

Beba Raymundo contó que “nuestros catorce centros comunitarios tienen hoy convenio con la Dirección Provincial de Educación de Gestión Privada y los educadores comunitarios reciben su sueldo en el marco de ese acuerdo”. La ley que los incorpora al sistema les traería más soluciones, como la que obtuvieron al recibir el CUE, un código que los centros comunitarios tienen para poder acreditar la asignaciones familiares, lo que los reconoce como establecimientos educativos.

Para Ana Gravina, coordinadora de la Red El Encuentro, que integran otros 16 centros comunitarios de José C. Paz, San Miguel, Malvinas Argentinas y General Sarmiento, “no buscamos convertirnos en una escuela. No fuimos nunca a pedir nada a nadie ni pretendemos ser lo que no somos. Sólo nacimos de la necesidad y cubrimos una falta grande. Para eso tuvimos que trabajar y mucho y hoy tenemos nuestros maestros, que estudiaron para ser maestros y que incluso fueron alumnos nuestros”, explicó Gravina.

La coordinadora de El Encuentro contó que la necesidad los obligó a formarse, por la presión de los mismos padres que pedían que el centro comunitario del barrio les diera un espacio para que los chicos pudieran educarse, ya que el jardín más cercano estaba a 30 cuadras. Hoy atienden, a contraturno, a chicos de 6 a 14 y de 14 a 18 años, además de los Jardines Maternales y de Infantes, que son las únicas alternativas gratuitas en la zona.

“El año pasado nos llamaron maestros truchos. Y nos vimos enfrentados a los maestros jardineros de San Miguel porque alguien les dijo que nosotros íbamos a quitarles el trabajo. Ridículo y perverso. Ahora dicen que queremos ser docentes sin título. ¿Desde cuándo?”, se preguntó. Gravina dijo que “los centros comunitarios tienen una función social muy importante y no buscan reemplazar a la escuela. “Sólo buscamos complementarla y para eso existimos”, concluyó.