El último documento que acaba de lanzar la Comisión Global de Políticas de Drogas señala que “los enfoques previos que se basaban en el paradigma punitivo han fracasado enfáticamente”. Opina el documento de los expertos que “la aplicación de este modelo ha tenido como resultado más violencia, el aumento de la población carcelaria y la erosión de los gobiernos alrededor del mundo”. Al mismo tiempo, “los daños a la salud derivados del consumo de drogas no han disminuido, sino incluso han empeorado”. Por eso, “la Comisión aboga por un enfoque centrado en la salud pública, la seguridad ciudadana, los derechos humanos y el desarrollo”.

El documento puede ser leído completo haciendo click en el link http://bit.ly/1trl13r.

En el prólogo, el ex presidente brasileño Fernando Henrique Cardoso dice que sería malo llegar a 2016, cuando se celebrará una reunión especial de la Asamblea General de la ONU, con “una declaración trillada” o la promesa de una solución facilista para el problema. “No existen respuestas fáciles para el problema de la droga”, sostiene.

El facilismo no sólo sería ineficaz. También peligroso, porque se sumaría a los obstáculos que hoy impiden reformar la política de drogas. Una traba reside en “las poderosas burocracias nacionales e internacionales a cargo del control de las drogas”, porque “son acérrimas defensoras de las políticas del statu quo y rara vez cuestionan la posibilidad de que su rol y sus tácticas puedan hacer más daño que bien”. Otro obstáculo son los medios de comunicación, que “con frecuencia exhiben una tendencia al sensacionalismo ante cada nueva ‘alarma de droga’”. En cuanto a los políticos, “normalmente se adhieren a la atractiva retórica de la ‘tolerancia cero’ y a la creación de sociedades ‘libres de drogas’, en lugar de buscar enfoques informados, basados en la evidencia de lo que funciona”. El riesgo estaría, por ejemplo, en repetir la asociación entre drogas ilícitas y minorías étnicas y raciales, porque siempre el miedo inspira “leyes severas”.

El criterio recomendado sería reemplazar “las medidas duras con base en ideologías represoras” por políticas “más humanas y eficaces, diseñadas teniendo en cuenta la evidencia científica, los principios de salud pública y los derechos humanos”.

Un ejemplo apuntaría a no penalizar más la tenencia o el consumo de drogas y a esquivar recetas como el tratamiento obligatorio en beneficio de una mayor oferta de informaciones y servicios de salud.

Bolivia se retiró de la Convención sobre Estupefacientes en defensa del cultivo de coca. Volvió recién cuando su reserva sobre el tema fue admitida por el resto de los países.

Pensar que la solución es apresar a los elabones más débiles de la cadena, como las mulas que transportan pequeñas cantidades o los campesinos forzados por la miseria a producir materias primas, también según la comisión es una perspectiva equivocada.

En cambio, no está mal alentar la experimentación de regulaciones de ciertas sustancias como el cannabis.

Tratamiento sin llegada

Los expertos se proponen insistir en su plataforma de ideas, aunque a la vez reconocen que el mundo ya comenzó a trabajar con ellas en oposición a lo que llaman “narrativa de la amenaza y el miedo”.

La comisión que preside Cardoso está integrada por el ex secretario general de la ONU Kofi Anan, el Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, la ex alta comisionada para Derechos Humanos Ghana Louise Arbour, el ex intendente de Praga Pavel Bém, el fundador del grupo Virgin Richard Branson, la ex secretaria de la Cámara Internacional de Comercio Maria Cattaui, la ex canciller suiza Ruth Dreifuss, el ex presidente colombiano César Gaviria, el ex director del Fondo Mundial de Lucha contra el Sida Michel Kazatckine, el ex presidente polaco Aleksander Kwasniewski, el ex presidente chileno Ricardo Lagos, el ex premier griego George Papandreu, el ex presidente portugués Jorge Sampaio, el ex secretario de Estado norteamericano George Schultz, el ex funcionario de la Unión Europea Javier Solana, el ex presidente de la Reserva Federal Paul Volcker y el ex presidente mexicano Ernesto Zedillo.

Para ese mosaico de dirigentes políticos, el enfoque punitivo y hasta de guerra sobre las drogas, que rige desde la década de 1960, fracasó y al mismo tiempo evitó que los tratamientos posibles llegaran a sus destinatarios.

Está el caso de Rusia, donde el 37 por ciento de los casi dos millones de personas que se inyectan drogas están infectados con VIH. Y como existe la tendencia a penalizar a los usuarios, “los servicios de reducción de daños que salvan vidas, como los programas de intercambio de jeringas y agujas, son sumamente limitados o, en el caso de los programas de tratamiento con derivados opiáceos (PTDO), totalmente prohibidos”.

En los Estados Unidos, en 2010 hubo 10 mil muertes por sobredosis con drogas.

En China y países del sudeste asiático hay 235 mil personas detenidas en causas relacionadas con drogas.

La Argentina figura como ejemplo en el informe. Un 68 por ciento de las mujeres encarceladas lo está por cuestiones vinculadas con las drogas.

En los Estados Unidos, los afrodescendientes representan el 13 por ciento de la población. Pero ocupan el 33 por ciento de los arrestados por drogas.

El comercio mundial mayorista llegó a los 94 mil millones de dólares en 2005, una cifra mayor que el comercio de granos, vino, cerveza, café y tabaco.

Desde que México transformó la política de drogas en una guerra, en 2006, murieron entre 60 mil y 100 mil personas.

Desde 2011 los narcos mexicanos y colombianos lavaron por año alrededor de 39 mil millones de dólares. En 1998 los mexicanos gastaron unos 500 millones de dólares en sobornos, más que el presupuesto de la procuración antidrogas.

Una interpretación lúcida de este panorama produjo cambios en todo el mundo. El informe los detalla.

Avances

En los propios Estados Unidos, veintitrés estados legalizaron la marihuana para uso medicinal y diecisiete despenalizaron la tenencia y el consumo.

Holanda regula la venta minorista de drogas desde 1976. Muchos gobiernos municipales quieren que se regule también la producción.

Colorado y Washington ya tienen mercado regulado de cannabis sin fines medicinales desde 2012. Uruguay lo puso en práctica en 2013.

Suiza, Alemania, Dinamarca y Holanda avanzaron en reducción de daños, desde el cambio de jeringas para evitar contagios hasta la sustitución con opiáceos y la heroína administrada. Lo mismo sucede en la India con la población en general y en Irán y Moldavia con la población carcelaria. En 2004 se sumaron a la reducción de daños países de la magnitud de Vietnam y, sobre todo, China.

Puestos a sugerir políticas de difusión, los expertos creen que el “decile no a la ignorancia” es mejor que los lemas al estilo de “decile no a las drogas”, sobre todo si este último viene acompañado de represión.

También recomiendan garantizar el acceso a medicamentos contra el dolor derivados del opio.

En otras de sus críticas al simplismo punitivo argumentan en favor de la selección de blancos. “Los gobiernos deben ser mucho más estratégicos, anticipando las maneras en que ciertas iniciativas de aplicación de la ley, en particular las operaciones de mano dura militarizadas, pueden muchas veces exacerbar la violencia criminal y la inseguridad pública sin de hecho detener la producción, el tráfico o el consumo de drogas. Desplazar la producción de drogas ilícitas de un lugar a otro o el control de una ruta de tráfico de una organización criminal a otra muchas veces causa más daño que beneficios. Los objetivos de la represión de la oferta deben reorientarse desde la inalcanzable erradicación del mercado hacia posibles reducciones de la violencia y los daños asociados con el tráfico. Los recursos de la aplicación de la ley deben dirigirse hacia los elementos más violentos, perturbadores y problemáticos del mercado, juntamente con la cooperación internacional para combatir el lavado de activos y la corrupción. Militarizar los esfuerzos antidrogas rara vez es efectivo y a menudo es contraproducente.”

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