El Poder Legislativo dejó pasar un año más sin debatir en el recinto la despenalización del aborto. Esta prohibición legal tiene consecuencias concretas para miles de mujeres en nuestro país. Por un lado, empuja a las mujeres que no quieren continuar con un embarazo a optar por abortos inseguros que se practican en condiciones de clandestinidad. El 30 por ciento de las muertes maternas se da en estas situaciones. Por otro, el temor a la criminalización hace que no se puedan garantizar respuestas adecuadas en los servicios públicos de salud cuando las mujeres acuden para realizar un aborto terapéutico, los que sí están permitidos por la ley. Esto, a pesar del fallo de la Corte Suprema de Justicia “F. A. L. s/ medida autosatisfactiva” por el caso A.G.

La Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la Violencia contra las Mujeres describe la violencia que atenta contra la libertad reproductiva: “Aquella que vulnere el derecho de las mujeres a decidir libre y responsablemente el número de embarazos o el intervalo entre nacimientos”. En este contexto, las barreras de acceso al aborto legal deben pensarse como un límite al ejercicio de un derecho que el mismo Estado se obligó a garantizar. La penalización del aborto tiene graves consecuencias y no tiene ningún efecto disuasivo. Las niñas y mujeres en nuestro país arriesgan su vida y su salud debido a que, con un aborto en curso mal hecho, se enfrentan a este dilema: elegir entre el pedido de ayuda en un servicio público de salud y autoincriminarse en un delito penal o correr serios riesgos de perder la vida. La Argentina recibió advertencias del Comité de Derechos Humanos de la ONU que expresó su preocupación por la legislación restrictiva del aborto. El Comité para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer señaló la cantidad de embarazos adolescentes y la alta tasa de muerte materna. Estas cuestiones desnudan también discriminación: por lo general, las víctimas son mujeres pobres con muchos menores recursos para acceder a abortos ilegales pero seguros. El Estado no puede desentenderse de las consecuencias que su política de prohibición legal del aborto genera.

Hay una serie de derechos humanos vulnerados entre las consecuencias de la penalización: el derecho a la vida, a la integridad física, a la intimidad, a la salud. Desde el CELS seguimos con atención esta problemática. Debatir la interrupción voluntaria del embarazo es una responsabilidad que no puede seguir eludiéndose.

* Director ejecutivo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).