Un sobrino del ex caudillo santiagueño Carlos Juárez, de cuyo gobierno fue ministro de Economía, resultó condenado a 6 años de prisión por abusar sexualmente de su hija mayor, cuando la pequeña tenía alrededor de 3 años. La sentencia contra el ingeniero Alberto Juárez Villegas, de 62 años, fue dictada el viernes por la noche por la Cámara Penal de Juicio Oral de 3ª Nominación de la provincia, en un caso que llegó a juicio oral catorce años después de las primeras denuncias por los múltiples obstáculos que debió enfrentar la madre de la niña para que el caso no quedara impune. El padre también deberá pagarle a su hija una indemnización por daño moral de 500 mil pesos. La víctima, quien acaba de cumplir 17 años, declaró en Cámara Gesell durante el debate y fue escupiendo los recuerdos de aquellos episodios que le dejaron marcas indelebles desde su infancia. Tras conocer el veredicto, por primera vez, en tantos años, sintió que se había hecho “algo de justicia”.

“Ahora comienza una nueva etapa en nuestras vidas y sobre todo en la de mi hija. Pienso que todo este dolor se irá disipando con el tiempo. La del viernes fue una jornada dura, difícil y sobre todo muy triste, pero muy necesaria, para cerrar las cicatrices de nuestras almas, sobre todo el alma tierna, pura, limpia de mi hija, y también la de otra hija, quien acompañó fielmente todo este largo proceso”, dijo a Página/12 la madre de la niña y ex esposa de Juárez Villegas, la arquitecta Marta Garay.

El caso es emblemático en Santiago del Estero porque fue uno de los hechos por los cuales se fundamentó la intervención en la provincia durante el gobierno de Néstor Kirchner: el condenado pertenece a una de las familias que durante años manejaron los hilos del poder local, con aceitados contactos en la Justicia, rémora de aquellos tiempos donde la sola mención del apellido Juárez abría puertas y generaba terror.

“Estamos conformes con la condena a prisión, pero no con el monto de la pena, que nos parece bajo”, comentó Garay. El ingeniero fue sentenciado por el delito de “abuso sexual simple calificado por el vínculo, en concurso real con incumplimiento de los deberes de asistencia familiar”, durante 15 años. La condena que recibió es moderada y se trata de la misma que había pedido la fiscalía, a cargo de las fiscales Olga Gay de Castellanos y Erika Leguizamón, quienes llamativamente se mostraron a lo largo del juicio oral más cerca del imputado que de la víctima, acompañando algunas requisitorias de la defensa para obstaculizar el avance del debate. El Código Penal prevé una pena máxima para el abuso sexual simple de 10 años.

El tribunal le revocó además la excarcelación y dispuso su inmediata detención. En una fotografía que costaba imaginar en la sociedad santiagueña, Juárez Villegas fue retirado de la sala de audiencias esposado, pasó la primera noche preso en la Alcaidía de Santiago y estaba previsto que fuera trasladado a una cárcel común. En la sentencia, además, se le quitó la patria potestad y se lo obliga a cumplir con un tratamiento psiquiátrico y psicológico por el término de tres años. La querella adelantó que apelará el monto de la pena. Se presume que también lo haga la defensa.

La defensora del Menor, Claudia Véliz Romano, en cambio había solicitado una condena de 8 años de cárcel. La querella, a cargo del abogado Arnaldo Ahumada, pudo alegar pero no solicitar pena, debido a un planteo de la defensa, que fue aceptado por la Cámara Penal. La Fiscalía, la defensora del Menor y la querella coincidieron en que los hechos que se le imputaban a Juárez Villegas se habían probado, a pesar de la ausencia de testigos presenciales que los ratificaran, más allá de la propia víctima. El testimonio de la adolescente, en Cámara Gesell, no dejó dudas de que no fabulaba y no había sido manipulada por su madre para acusar a su padre, como siempre sostuvieron el propio acusado y su defensa, apelando al falso Síndrome de Alienación Parental (conocido por su sigla como SAP), un artilugio que no tiene ningún sustento científico y por el cual los defensores de pedófilos alegan que niños y niñas inventan denuncias porque sus progenitoras les “lavan el cerebro” para que lo hagan, en divorcios muy conflictivos.

El abogado de Juárez Villegas, Juan José Saín, pidió la absolución por su inocencia o el beneficio de la duda, al considerar que el abuso sexual no se había probado. Saín es un conocido defensor de ex represores condenado por su actuación durante la última dictadura militar en Santiago del Estero.

La primera denuncia por el presunto abuso sexual infantil la hizo en 2001 la ex esposa de Juárez Villegas, en el Juzgado de Familia que tenía a cargo la causa por divorcio contradictorio del matrimonio. Según contó la mujer en el juicio, le costó mucho creer en un primer momento los relatos de su hija, que daban cuenta de los abusos durante el régimen de visitas, y cuando la niña tenía alrededor de tres años. Garay dijo que demoró en realizar la denuncia porque antes recurrió a diversos especialistas para que entrevistaran a la niña para determinar la veracidad de sus dichos a través de distintos peritajes. Pero el expediente estuvo en el freezer hasta 2004, a pesar de las pruebas que se acumulaban el juzgado. Al punto de que el caso fue uno de los fundamentos del pedido de intervención a la provincia de la entonces senadora Diana Conti, a comienzos de 2004, impulsado por el gobierno de Néstor Kirchner, para poner fin a los 50 años de reinado en Santiago del Estero de Carlos Juárez y Nina Aragonés.

El juicio comenzó el 19 de agosto. A lo largo de distintas jornadas declararon todos los profesionales que intervinieron en los más de diez años que lleva el caso en la Justicia, y que realizaron peritajes psicológicos a la niña o participaron de una Cámara Gesell que se le hizo años atrás, cuando no estaba legislada esa metodología todavía en la provincia. Todos coincidieron en que sus manifestaciones –verbales, a través de dibujos y otras expresiones– se condecían con las de una víctima de abuso sexual infantil, y que no mostraba rasgos de inventar o reproducir un relato armado. La defensa llegó a pedir la recusación del Tribunal y también que se excluyera como prueba el testimonio de una psicóloga que a solicitud del propio Juárez Villegas le había realizado un peritaje cuando comenzaron las denuncias en su contra, y que reveló –durante la instrucción del juicio y luego en el debate– que había detectado que tenía un perfil de abusador sexual. El abogado Saín pidió que no fuera tenido en cuenta porque la profesional había violado el secreto profesional al dar su testimonio a la Justicia.

Llamativamente, ningún medio local se hizo eco del caso a pesar de que en su momento las acusaciones contra Juárez Villegas sacudieron a la sociedad santiagueña y Garay tuvo que huir de la provincia, para evitar que las niñas vieran a su padre, luego de que la Justicia le levantara la suspensión del régimen de visitas, en épocas en que los Juárez todavía manejaban los hilos del poder en Santiago del Estero.