Dos comisarios y tres uniformados de la Policía de Río Negro fueron procesados por los crímenes de Sergio Cárdenas y Nicolás Carrasco, ocurridos el 17 de junio de 2010, durante las protestas vecinales por la muerte de Diego Bonefoi, baleado por el cabo Sergio Colombil en Bariloche. El barrio es conocido como Alto o del Alto, de Bariloche, eufemismo que oculta las características del vecindario y los motivos que derivaron en estos procesamientos: se trata del barrio oculto, el de la población morocha que no aparece en las postales suizas de la ciudad de los esquíes. Los dos comisarios fueron procesados por complicidad en ambos homicidios. Los tres uniformados, como coautores del crimen de Cárdenas, porque del de Carrasco no se encontraron pruebas, pese a los reclamos de sus familiares que sostienen que no les permiten incorporar las que ofrecen. A los cinco imputados el juez Ricardo Calcagno los imputó por homicidio en riña, que solamente se puede sostener si no se logra identificar de qué arma salieron los disparos. Desde hace cuatro años, la Justicia rionegrina lo está logrando.

El 17 de junio de 2010, a la madrugada, el cabo Sergio Colombil mató de un disparo en la nuca al chico Diego Bonefoi, de 15 años, mientras lo perseguía para detenerlo, porque creía que había robado algo. En el crimen de Bonefoi intervino casi inmediatamente el juez de instrucción de turno, Martín Lozada. Así logró cercar el perímetro, obtener el arma reglamentaria y determinar que el arma que le endilgaba la policía a Bonefoi era parte de la materia Jardinería, de la formación policial: la habían plantado.

Así, Colombil no sólo fue detenido sino que, además, su argumento de que se le había caído el arma y golpeado contra el piso, percutiendo y acertando en la nuca del chico, no fue creído y terminó condenado a 20 años. Pero horas después del crimen, los vecinos del Alto salieron a protestar y con los ánimos caldeados. La policía respondió. Piedras contra postas de plomo. Testigos presentados en la causa sostuvieron que el oficial principal Rodolfo Aballay concurrió a las oficinas de la empresa Prosegur donde obtuvo cartuchos de escopeta con postas de plomo. Durante la instrucción, un representante de Prosegur aceptó ante la Justicia que efectivamente, un policía había concurrido en busca de cartuchos de escopeta. “Se le proporcionó con postas perdiceras”, respondió el de la empresa de seguridad. Lo curioso de la investigación es que no se encontró ni un rastro de las “perdiceras”, postas de plomo mucho más pequeñas que las de 9 milímetros utilizadas durante el operativo. De estas últimas encontraron en cambio una buena cantidad, incluyendo los cuerpos de las dos víctimas.

Las pruebas para vincular el pedido a Prosegur por parte de los policías, es decir, las escuchas y los cruces de las llamadas, solicitadas por la querella, no fueron admitidas aún en la investigación. Tampoco la investigación de las llamadas entre la policía local y la jefatura en Viedma, ni con el poder político. En un principio, el juez Martín Lozada, que había iniciado exitosamente la investigación por Bonefoi y se había hecho cargo del caso por las muertes de Cárdenas y Carrasco citó a indagatoria al secretario de Seguridad provincial, Víctor Cufré; al jefe de la policía provincial, Jorge Villanova; a los dos jefes de la Unidad Regional III, Argentino Hermosa y Miguel Veroiza, y al jefe de la Comisaría 28, Jorge Carrizo.

Lozada fue apartado por la Cámara de Apelaciones.

Cufré, Villanova y Hermosa zafaron, no fueron incorporados. Calcagno procesó a Veroiza y Carrizo, los dos comisarios mencionados antes, acusados de complicidad en ambos homicidios. Y a Víctor Darío Pil, Marcos Rubén Epuñan y Víctor Hugo Sobarzo como coautores del homicidio de Cárdenas, quien murió por una posta de plomo de 9 milímetros que, según los peritajes, fue disparado desde el sector donde se encontraban los tres policías, rebotó en una pared e impactó en su cuerpo. De Carrasco no se pudo identificar la procedencia del disparo. Calcagno incorporó el peritaje de la Policía Federal, pero descartó el del reconocido físico Guillermo Pregliasco, que ya había participado exitosamente en los peritajes por el crimen de Teresa Rodríguez. La querella sostiene que Calcagno no les aceptan la incorporación de pruebas, las grabaciones del Comando Radioeléctrico, el cruce de llamadas, las escuchas. Tal vez, más que riña, incorporarlas sea una lucha.

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