La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados recibió a los familiares de Sergio Daniel Avalos, un estudiante de Economía de la Universidad del Comahue que está desaparecido desde hace once años. Y al finalizar la reunión emitió una declaración para que la Justicia acelere los tiempos en el esclarecimiento del caso.

“No hay ni un inculpado ni alguien condenado o juzgado por la desaparición de mi hermano”, dijo su hermana Mercedes poco antes de ser recibida en el Congreso. Avalos había cumplido 18 años dos meses antes, y la noche del 14 de junio había ido a bailar con unos amigos a un boliche de la ciudad de Neuquén, que era custodiado por personal del Ejército y de la policía provincial. Según un testigo, una persona de características similares a Sergio fue golpeada en forma salvaje en el baño del local.

Según explicó el abogado Luis Virgilio Sánchez, en la investigación judicial hay contradicciones y omisiones, e incluso fueron “arrancadas” del expediente algunas fojas referidas a la presunta participación policial en el hecho. La causa comenzó como averiguación de paradero, pero luego de 10 años el juez penal Marcelo Muñoz cambió la carátula a desa-parición forzada. El Tribunal Federal de Neuquén desestimó la realización del juicio por falta de competencia y lo mismo expresó la Cámara Federal de General Roca, por lo cual ahora debe pronunciarse la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El encuentro se realizó a instancias del diputado Nicolás del Caño (FIT-PTS) y participaron Araceli Ferreyra, Horacio Pietragalla y Remo Carlotto (FpV), además de Nanci Parrilli (FpV Neuquén) y Manuel Garrido (UCR). Emitieron un pronunciamiento para “exigir celeridad a la Corte Suprema”, que debe definir si se trata o no de un caso de desaparición forzada de persona. Además, se comprometieron ante los familiares a realizar antes de fin de año una reunión de la comisión en la provincia de Neuquén.