Los dirigentes sociales Diosnel Pérez Ojeda, presidente de la Junta Vecinal de la Villa 20, y Luciano Nardulli, de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), fueron absueltos en la causa en la que estaban imputados como supuestos “instigadores” de la toma de tierras en el Parque Indoamericano, ocurrida en diciembre de 2010. En la sentencia –los fundamentos se conocerán el lunes próximo–, la jueza penal, contravencional y de faltas Cristina Lara sostuvo que la absolución obedece a que durante el juicio oral “no se pudo acreditar la materialidad de los hechos por los que fueron imputados”. En medio de los festejos por la absolución, Nardulli sostuvo que la sentencia “es un triunfo popular, pero es parcial porque todavía siguen impunes los asesinatos de los compañeros del Indoamericano”, en referencia a las muertes de Rosemary Chura Puña, de 28 años, y de Bernardo Salgueiro, de 22, ambos vecinos del barrio. En esa causa penal paralela fueron sobreseídos, por “falta de mérito”, 41 policías de la Federal y de la Metropolitana que intervinieron en el violento desalojo (ver nota aparte); ese fallo fue apelado por la fiscalía y por los querellantes.

Pérez Ojeda, por su parte, consideró que la resolución judicial por la que fueron absueltos él y Nardulli “es una victoria de todas las organizaciones sociales para que sigamos reclamando por nuestros derechos, porque lo que se intentó hacer con nosotros fue darnos una lección para que la gente no se organice y no reclame por sus derechos”.

En el fallo, la jueza Cristina Lara, además de decir que resolvió absolver a los dirigentes sociales porque “durante el juicio no se pudo acreditar la materialidad de los hechos” que se les atribuía, puntualizó que “lo único que se ha podido comprobar en forma fehaciente fue la ocupación del Parque Indoamericano y que éste pertenece al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (...), que el 6 de diciembre hubo un desalojo y que el 8 hubo una nueva ocupación violenta”.

En una breve justificación del veredicto, la jueza admitió que el reclamo por el derecho a una vivienda digna estuvo en boca de la mayoría de los testigos que tuvo el juicio oral y en ese sentido apuntó que “existe una falta de políticas públicas que garanticen este derecho, que debe ser atendido, debatido y resuelto por las áreas de gobierno que correspondan como forma de prevención” para evitar futuros conflictos.

También hizo una breve referencia al derecho de protesta. En ese sentido aclaró que “no se pone en duda el valor de éste (derecho), sobre todo para los sectores más marginales, pero esto no puede ser una carta blanca para cometer delitos”. Esto lo dijo porque considera que “lo que sucedió en el Indoamericano constituye el delito de usurpación, pero no se han dado pruebas para ponerlo en la cabeza de Pérez Ojeda y Nardulli”.

En la vereda de Tacuarí 138, donde está la sede judicial, luego de escuchar el fallo Diosnel Pérez Ojeda recordó que ésta es “la segunda absolución, porque la fiscalía siguió insistiendo en acusarnos. Los que pasaron fueron cuatro años de mucho sufrimiento, de mucho dolor para nuestras familias. Y lo peor es que nada ha cambiado en nuestras villas, siguen sin estar urbanizadas; los nenes siguen contaminados, no cumplen con la ley de urbanización que había para la Villa 20 y nadie está en el banquillo por eso”.

El fiscal general adjunto de la Ciudad, Luis Cevasco, había pedido para ambos una condena de dos años de prisión en suspenso, sin aplicación efectiva, porque ninguno de los dos tiene antecedentes penales y porque siempre han demostrado “una actitud solidaria”.

La ocupación del Parque Indoamericano comenzó en los primeros días de diciembre de 2010, pero el 6 se produjo un violento operativo policial para desalojar a las personas que se habían asentado en el lugar. En ese operativo represivo fueron asesinados Rosemary Chura Puña y Bernardo Salgueiro.

En la primera acusación del fiscal Luis Cevasco fueron imputados también, en la causa por usurpación, los dirigentes sociales Alejandro Salvatierra, Noemí Ruejas y Berta Revilla, y Antonio Chancalay. En el caso de Salvatierra y Ruejas, ambos evitaron el juicio mediante un acuerdo judicial, en una probation, comprometiéndose a realizar tareas comunitarias, mientras que Revilla y Chancalay fueron sobreseídos en la etapa de instrucción.

En sus últimas palabras, antes de escuchar la sentencia, Nardulli sostuvo que con Pérez Ojeda resolvieron “no aceptar la probation porque era traicionar a la familia de los compañeros asesinados, era aceptar que habíamos cometido algún delito, y nosotros no cometimos ninguno. Sólo somos culpables de habernos solidarizado con los que menos tienen, de asumir un compromiso con ellos”. También consideró que “no siempre la ley es justicia (porque) no hay justicia cuando hay personas muriéndose de hambre, sin casa, sin agua potable. Ahora mismo tendríamos que estar con nuestros compañeros que están inundados, dando una mano, en lugar de estar acá, soportando este proceso”.

Durante su alegato final, Diosnel Pérez sacó de un sobre de color madera una foto en la que se lo ve sosteniendo una rata de la cola. “Yo quisiera saber si al señor fiscal le pasa por encima una rata como ésta, si no va a salir a pelear por sus derechos y por una vivienda digna”. Ya en la calle, el Tano Nardulli, como le dicen sus compañeros, se refirió a las afirmaciones que se hacen respecto de que en la Ciudad de Buenos Aires “no entra más nadie”. Admitió que “puede ser que estemos colapsados, pero igual se siguen levantando rascacielos lujosos y no se pone un solo peso para construir viviendas sociales”.