La Corte Suprema de Justicia de la Nación tomará intervención en una millonaria demanda iniciada por dos vecinas de Lezama contra el municipio bonaerense de Chascomús ante la falta de pago de una rifa sorteada hace casi veinte años. A través de un recurso extraordinario concedido por la Suprema Corte bonaerense, el máximo tribunal del país deberá considerar el caso de dos mujeres que demandaron a la comuna de Chascomús y a la provincia por la falta de pago de una rifa que ganaron en 1995 y que consistía en la entrega de un campo de más de 300 hectáreas.

El caso se remonta a 1995, cuando tres escuelas rurales del distrito pidieron autorización al municipio, a cargo por entonces del ex intendente Juan Carlos Salas, para efectuar un sorteo de 1000 números cuyo premio era una fracción de terreno de 327 hectáreas.

Las vecinas Sonia Della Vedova de Godoy y Clorinda del Carmen Gallego de Sandoni compraron entonces cinco rifas para el primer premio de un campo sojero a un precio total de 700 dólares y si bien en la Lotería Nacional salió el número 2300, que las convirtió en ganadoras, su premio jamás fue saldado.

Según estableció la Justicia, la gestión comunal de ese momento cometió la irregularidad de permitir la venta de 2000 números en lugar de los 1000 avalados por la ordenanza que dio vía libre a la rifa. A su vez, no verificó que el campo estuviese escriturado, ya que el inmueble sólo contaba con un boleto de compraventa tramitado por un particular, quien había comprado el campo y organizado la rifa y quien antes del sorteo hipotecó el inmueble.

Esto provocó que las dos vecinas poseedoras del número ganador no pudieran escriturar el bien a su nombre, por lo que en 1998 iniciaron una demanda en los tribunales de La Plata para reclamar la escrituración del campo, la indemnización por los daños y el reconocimiento del lucro cesante por la imposibilidad de explotar la tierra.

Las distintas instancias, incluida la Corte bonaerense, les dieron la razón a las denunciantes y obligaron a Chascomús a pagar la suma de 100 millones de pesos.

En primera instancia, el caso cayó en el Juzgado Civil y Comercial Nº 27, que, al hacer lugar a la demanda de las vecinas, condenó a las cooperadoras de las escuelas rurales, a la provincia y al particular organizador de la rifa a escriturar el inmueble, pero, a su vez, hizo responsable a la municipalidad de forma integral por la irregularidad y la condena al pago de los daños y perjuicios y el lucro cesante. El fallo fue apelado y ratificado por los jueces de Cámara, y a principios de año tomó la misma posición la Suprema Corte de Justicia de la Provincia, la cual decidió conceder un recurso extraordinario que hará intervenir a la Corte Suprema de la Nación.

Desde el municipio, el intendente Juan Alberto Gobbi aclaró que el distrito “no está en condiciones de afrontar” el pago de la demanda fijada planteada por unos 100 millones de pesos, por lo que se pidió ayuda a la administración provincial en caso de que se confirmen los fallos judiciales de primera instancia y de Cámara.