Durante más de cuatro horas y media, la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados debatió sobre el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, en la que fue la primera vez que una iniciativa de esas características supera la instancia de ingreso como proyecto y empieza el camino que podría llevarla al recinto. En la reunión, que terminó poco después de las 10 de la noche, tras una treintena de oradores, no se pudo firmar dictamen para que el proyecto avanzara pero por una cuestión técnica: precisamente ayer, la presidenta de la comisión, Patricia Bullrich, había desdoblado la convocatoria a los integrantes en dos horarios, el primero a las 15 (sobre el Código Procesal Penal), y el segundo, para tratar la despenalización del aborto, a las 17.30. Como para la primera reunión no hubo quórum, Bullrich consideró que tampoco lo hubo para la segunda. “Al momento de dar quórum, había 9 diputados presentes y eran necesarios 11 para dictaminar. Esto está certificado por las autoridades de la comisión”, señaló Bullrich. El tratamiento del proyecto podría continuar la semana próxima. En Legislación Penal, la cantidad de diputadas y diputados favorables a la iniciativa alcanza para firmar dictamen de mayoría.

Antes de terminar la reunión de ayer, Bullrich se negó a fijar fecha para una nueva, que difícilmente podría ser el martes (día habitual de encuentros de esta comisión), porque coincide con el asueto del Día del Trabajador Legislativo. Distintas fuentes señalaron a este diario que parte de la resistencia de Bullrich a formalizar una nueva convocatoria excede la cuestión administrativa: la diputada quiere tratar el proyecto en plenario de comisiones (además de Legislación Penal, sumar a la de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, presidida por Felipe Solá, y a la de Salud). Reiteradamente, durante la reunión, diputadas y diputados que avalan el proyecto pidieron a Bullrich que la comisión trabaje lo necesario para dar dictamen a la despenalización antes del 20 de noviembre.

Pasadas las 17.30, Bullrich habilitó las intervenciones de diputadas, diputados, aun de otras comisiones y en otros casos con mandato cumplido, activistas de los derechos de las mujeres y presuntos particulares que, en realidad, son también activistas pero en contra de esos derechos y otros y que en muchos casos habían participado del debate por el matrimonio igualitario. Quizá por eso el encuentro estuvo lejos de ser una simple exposición secuencial de argumentos: que a la izquierda de la presidencia se ubicaran mayoritariamente quienes se oponen al proyecto y a la derecha, quienes lo defienden, de a ratos caldeaba el ambiente de la sala 1 del Anexo de Diputados, donde a medida que pasaban los minutos empezaba a replicarse el clima que rodeaba al edificio del Anexo donde todo ocurría.

“Adopción es la opción”, “Matar no es un derecho”, decían el anverso y el reverso de un cartel amarillo sobre la avenida Rivadavia, que destacaba entre un mar de pañuelos verdes (el color de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto), carteles violetas y colorados, de distintos partidos y organizaciones de mujeres. Faltaba una hora para la reunión de la comisión. En la calle un cura, que después participó del encuentro, husmeaba en la puerta del Anexo; un poco más allá una chica sobre rollers, y ataviada como virgen de estampita, se paseaba con un cartel que pedía “basta de muerte por abortos clandestinos. Mate a todo lo que no nos deja ser libres”. Horas después, desde detrás de las mesas dispuestas en U, ante las cuales se sentaron diputadas, diputados y expositores, algo de ese clima se repitió, pero por momentos con una intensidad cercana a la tensión.

La vicepresidenta 2º de la comisión, Victoria Donda, quien poco antes de hablar en la reunión había tuiteado una foto de su pequeña beba durmiendo en el despacho, definió como “urgente y necesario que el Congreso discuta en el recinto un proyecto presentado varias veces y que tiene 70 firmas de diputados” avalándolo. A su turno, la ex diputada y activista evangélica Cinthia Hotton se preguntó si las personas allí reunidas no estaban siendo usadas políticamente; “¿Hoy es un tema en la agenda de Argentina tratar la despenalización del aborto?”, se preguntó retóricamente, y la pequeña multitud proderechos respondió a coro “¡sí!”, antes de que Hotton llamara en su auxilio los argumentos que el ex presidente uruguayo Tabaré Vázquez (“médico, socialista, ateo”, subrayó Hotton) usó para vetar la ley de interrupción del embarazo cuando fue aprobada en su país. Poco después, el diputado Manuel Garrido retomó ese y otros argumentos supuestamente legales como los de Sergio Maculán, un escribano que se presentó como “especialista en derechos humanos” para reclamar “no atribuir al derecho o que el derecho no dice” porque “es irresponsable y contamina el debate”. “El debate debe partir de cuestiones fijas, como el fallo F.A.L.”, dijo Garrido, en referencia a la resolución en la que la Corte Suprema insistió sobre la necesidad de no judicializar los abortos no punibles. La criminalización del aborto, agregó, “es una prohibición que discrimina, al costo de promover más desigualdad, porque las que van a proceso penal son las mujeres jóvenes pobres”.

Las intervenciones de activistas históricas del movimiento de mujeres, como Marta Alanís (Católicas por el Derecho a Decidir) y la abogada Nelly Minyersky, arrancaron aplausos entusiastas de un lado de la sala y silencio reprobador del otro. La grieta sólo cedió cuando el diputado Horacio Pietragalla, que no participa de la comisión pero pidió intervenir, dijo que “el nacimiento de mi hija fue lo más lindo que me pasó en mi vida”, y toda la sala aplaudió, solo para volver a la polaridad cuando agregó “a futuro, quiero que mi hija tenga derecho a decidir”.

Entrada la noche, la diputada correntina Araceli Ferreyra planteó cuánto debe la criminalización del aborto a la hipocresía. Mencionó, también, la presión de “la Iglesia, de hombres que se dicen célibes pero encima después son todos pedófilos”. Entre los gritos airados de respuesta se escuchó un “hija de puta” y un “pida disculpas”. “¡Nunca! Pidan ustedes disculpas por lo que hicieron a las mujeres”. Poco antes, Ferreyra había reclamado: “No se puede venir acá a imponerle a nadie una religión. Somos un Estado laico, tenemos un mandato constitucional”.