A un mes de los 45 allanamientos sorpresivos y simultáneos en propiedades y empresas de los hermanos Ale, el juez federal de Tucumán Fernando Poviña dictó la prisión preventiva a siete miembros del clan Ale, entre ellos a Angel, El Mono, porque los documentos y testimonios “revelarían que Adolfo Angel Ale coejerce junto a su hermano Rubén Eduardo Ale (N. de R.: más conocido como La Chancha) el mando de la asociación” ilícita que investiga la causa iniciada en febrero de 2013. La información que precedió a los procesamientos provino, en parte, de una investigación reservada que el juzgado llevó adelante a partir del testimonio de un testigo de identidad reservada y que incluyó escuchas telefónicas. El titular de Procelac (Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos), Carlos Gonella, dijo a este diario que esas escuchas también permitieron determinar que, aun internado en el sanatorio donde cumple prisión preventiva domiciliaria por problemas de salud, La Chancha Ale “manejaba telefónicamente parte de esos negocios ilícitos, inclusive en relación con un sospechado de ser lavador de activos, y también manejaba el dinero recaudado por la remisería 5 Estrellas”. Los procesamientos “han agregado calidad a la investigación y permiten corroborar que se trata de una asociación ilícita que no cesó de operar” ni siquiera cuando la causa judicial estaba en marcha.

Los procesamientos también permitieron el ingreso de nuevas imputaciones de ilícitos en el expediente. “Pudimos comprobar otras maneras delictivas a las que se dedica el clan: la violencia, los delitos económicos de cobro extorsivo, el narcotráfico”, señaló Gonella. Las escuchas y las investigaciones de campo permitieron dar con un mecanismo por el cual El Mono se desempeñaba como prestamista clandestino y, luego, se servía de extorsión y amenazas para cobrar. En ese mecanismo habrían sido utilizadas las armas encontradas en los allanamientos y que carecían de la documentación correspondiente. En 2013, el Renar (Registro Nacional de Armas) revocó los permisos de tenencia al Mono y lo intimó a entregar el material en su poder. Las armas no declaradas que fueron halladas por la Justicia, señaló el juez, “podrían ser utilizadas a fin de realizar los distintos planes delictivos objeto de la asociación ilícita”.

Además de sobre El Mono Ale, los procesamientos recayeron sobre seis nuevos imputados: por una parte, Carlos Rolando “Ututo” Ocampos, César Marcelo “Mono” o “Monito” Manca, Enrique Chanampa, Ernesto Santos Catulo y Hernán Horacio “Memo” Lazarte, quienes son considerados integrantes de la asociación ilícita; por otra, José Augusto Lucero, procesado por comercialización de estupefacientes. De todos ellos, señaló Poviña en el expediente, “se infiere su posible integración al grupo criminal y su activa y contemporánea intervención en las conductas delictivas”.

Desde la Unidad Coronaria del Sanatorio Modelo, el lugar donde permanece internado hace más de un año, para cumplir con la prisión preventiva con el beneficio domiciliario por cuestiones de salud, La Chancha no descuidó sus ocupaciones habituales. En ese lugar, donde ya había sido internado en otras ocasiones, coincidiendo con problemas judiciales, La Chancha disponía de un teléfono con el que se comunicaba “con su mujer y con el imputado Catulo, sospechado de ser lavador, y que iba a verlo”, explicó Gonella. “Por teléfono, manejaba la recaudación de la remisería.”

Parte de la información que permitió avanzar en la causa mediante la investigación reservada surgió por la incorporación al expediente de un testigo de identidad reservada. “Fue alguien que dijo ‘trabajé para esta banda, tengo miedo’ y acercó datos a partir de los cuales pudimos intervenir un teléfono y diseñar la estrategia de los últimos allanamientos”, explicó Gonella, quien agregó que el análisis de la documentación encontrada a principios de octubre “nos permite corroborar en gran medida la información que extrajimos de las escuchas”.

Hasta ahora, El Mono Ale se encontraba procesado solamente por lavado de activos y en libertad. “Ahora se le incorpora el procesamiento por ser parte de la asociación ilícita. Se le secuestraron armas, se le imputa manejar un sistema extorsivo en el que presta plata y, mediante violencia, cobra el dinero”, explicó Gonella.

Las imputaciones por narcotráfico se desprenden de lo hallado en uno de los allanamientos. “En un domicilio se encontró un contexto claro de procesamiento de clorhidrato de cocaína para venta. Se secuestraron balanzas de precisión, licuadoras con restos de clorhidrato de cocaína y sustancias de corte, que se usan para estirar la cantidad de droga y que rinda más cantidad para comercializar. El contexto es claramente indicativo de fraccionamiento de estupefacientes para la venta”, detalló Gonella. En otro domicilio fueron hallados “documentos de identidad y elementos destinados para falsificar, tinta, almohadillas”, además de recibos de sueldo. El material, de acuerdo con lo investigado a partir de las escuchas, “indica que se falsificaban documentos para obtener créditos fraudulentamente”.