La discusión por la despenalización del aborto en la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados dejó un sabor agridulce a quienes impulsan el proyecto. “Estamos muy contentas porque pudimos debatir el tema. Pero tenemos que seguir trabajando para continuar juntando voluntades”, señaló la kichnerista Mara Brawer en diálogo con este diario. Victoria Donda, de Libres del Sur, acusó a Patricia Bullrich, del PRO, de urdir una maniobra para obstaculizar el avance del debate. “Fue poco transparente cómo se manejó la presidenta de la comisión, para que no pudiéramos sacar un dictamen”, cuestionó Donda, vicepresidenta segunda de Legislación Penal y firmante de la iniciativa junto a Brawer y cerca de setenta legisladores de un amplio arco político. Donda adelantó que hoy con otros legisladores de la oposición presentarán una nota para pedirle a Bullrich que convoque a otra reunión en la comisión antes de la finalización del período legislativo, que es el 20 de noviembre, para poder firmar un dictamen.

Bullrich alegó el martes que no había quórum para poder emitir dictamen. Pero hizo una convocatoria confusa: llamó a la reunión de la comisión en dos tandas, la primera a partir de las 15 para tratar otro tema en una sala, y en otra sala, a las 17.30 para discutir el proyecto de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Como para la primera convocatoria no hubo quórum, sostuvo que tampoco lo tuvo la reunión de la comisión que después abordó la iniciativa de interrupción voluntaria de embarazo, durante casi cuatro horas, en la que se escucharon alrededor de una treintena de oradores, entre legisladores, representantes de organizaciones, entidades de derechos humanos y grupos antiderechos.

“La necesidad de sancionar la ley urge, ya que es la principal deuda que tiene la democracia con las mujeres argentinas”, señaló Donda.

Bullrich pretende convocar a un plenario de las tres comisiones por las que debe pasar el proyecto –Legislación Penal, Acción Social y Salud Pública, y Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia– con el objetivo de trabar la discusión. Mientras en Legislación Penal existirían los votos necesarios para sacar un dictamen, no ocurriría lo mismo si sesionan las tres comisiones juntas. Por eso Donda y los diputados Manuel Garrido, de la UCR, y Margarita Stolbizer, del GEN, firmaron una nota, que presentarán hoy, para pedirle a Bullrich que vuelva a habilitar el tratamiento del proyecto en Legislación Penal. Pero Felipe Solá, del Frente Renovador, y titular de la Comisión de Familia, anoche ya le habría dado el sí a Bullrich.

Los dos, Solá y Bullrich, tienen un pasado en el que apoyaron la despenalización del aborto, pero ahora han endurecido sus posiciones alineándose con los sectores más conservadores que empujan a la clandestinidad, con todos los riesgos que implica, a las mujeres que enfrentan un embarazo que no quieren continuar.

La Comisión de Acción Social y Salud Pública está presidida por la kirchnerista Andrea Fabiana García, firmante del proyecto de la Campaña. Las legisladoras oficialistas que apoyan el proyecto se encuentran en una encrucijada: no quieren que el tema quede dormido, pero a la vez saben que no es un debate que al Gobierno le interese tener en este momento. Saben que la presencia de un Papa argentino complejiza el escenario. También, que la presidenta Cristina Fernández está en contra de su aprobación y –aunque ha sostenido que no la vetaría si llegara a ser sancionada–, no va a salir a buscar los votos como en su momento hizo en 2010 Néstor Kirchner, siendo diputado, para la Ley de Matrimonio Igualitario. Con excepción de los bloques de izquierda y el socialismo, la iniciativa divide a la mayoría de los bloques mayoritarios. Las resistencias a avanzar con una ley que despenalice y legalice el aborto en las primeras 12 semanas de gestación –como propone el proyecto– son mayoritarias frente a los apoyos que hoy concita. La reforma legal impediría que las mujeres que necesitan interrumpir voluntariamente un embarazo puedan ir presas o tengan la amenaza de la denuncia y la cárcel por hacerse un aborto, y a la vez tengan acceso a una práctica segura en un hospital o sanatorio, con cobertura de las obras sociales y prepagas.