Los juicios civiles contra vecinos o las ONG que presentaron amparos contra la construcción indiscriminada en la ciudad de Buenos Aires avanzan tan rápido como las obras que ellos denuncian por irregularidades. Las demandas están firmadas por funcionarios del gobierno porteño, asociaciones vinculadas a ellos o, directamente, por las empresas que ven afectados sus emprendimientos. Esta ofensiva judicial tiene tres casos emblemáticos: un reclamo de Sbase (Subterráneos) y el procurador general Julio Conte Grand por 24 millones de pesos contra la ONG Basta de Demoler por daños y perjuicios; otro de la constructora Palacio Roccatagliata S.A. contra la Asociación Amigos de la Estación Coghlan; y el restante de Los Verdes, una sociedad civil vinculada al presidente de la Agencia de Protección Ambiental porteña, Juan Carlos Villalonga, contra Félix Cariboni, del Observatorio del Derecho a la Ciudad. En el primero ya interviene la jueza del fuero contencioso administrativo y tributario Patricia López Vergara, y en los dos últimos se está desarrollando la instancia de mediación.

Santiago Pusso, vicepresidente de Basta de Demoler, es uno de los demandados por el gobierno porteño: “Junto a la ONG y Sonia Berjman, una reconocida especialista en paisajismo, académica e investigadora, nos reclaman 24 millones de pesos. Pretenden aplastarnos como organización de ciudadanos en defensa del patrimonio de la Ciudad. El motivo es el amparo que presentamos contra la construcción de la estación Plaza Francia, del subte H, en Plaza Intendente Alvear, que se había iniciado en 2012. Un lugar declarado área de protección histórica que conseguimos resguardar porque la obra tuvo que detenerse y la estación relocalizarse”.

A modo de antecedente del amparo que presentó –que en su momento fue concedido por el juez Guillermo Schleiber–, el vice de la ONG recordó que “el mismo presidente de Sbase que nos inició el juicio, Juan Pablo Piccardo, dos años antes y cuando era ministro de Espacio Público, había gastado nueve millones de pesos para arreglar la plaza que pretendió destruir después”.

Pusso también le dijo a Página/12 que “el gobierno porteño, en lugar de sancionar a ese funcionario o de obligarlo a pagar por el error de construir una estación en un lugar equivocado, nos demanda a nosotros. Y encima nos acusa de tener intencionalidad política cuando también presentamos amparos contra el gobierno nacional. Este es un peligroso mensaje hacia otros ciudadanos que defienden el interés público”. Basta de Demoler informa que “esta demanda es insólita por la gravedad de sus implicancias: no conocemos precedentes de un ataque semejante de un gobierno contra una ONG”.

La arquitecta Dora Young integra la Asociación de Amigos de la Estación Coghlan. Junto a esa ONG fundada en 1967 y otros vecinos, presentó un amparo para frenar la edificación de dos torres de 27 y 13 pisos que rodearán en el mismo predio a la denominada Villa Roccatagliata. La obra está en curso. Símbolo arquitectónico del barrio, la casona construida a principios del siglo XX se levanta en Avenida Balbín y Roosevelt. En septiembre del año pasado, Young denunciaba: “Se proyecta convertirla en los amenities de un enorme complejo con dos torres de viviendas de lujo”.

Ahora, por seguir cuestionando esta obra, cuya exención al Código de Planeamiento Urbano no pasó por la Legislatura porteña como marca la Constitución de la Ciudad, y cuya inversión ascendería a 300 millones de pesos, la arquitecta recibió una carta documento para presentarse a una audiencia de mediación pedida por Palacio Roccatagliata S.A., el conglomerado de empresas que tiene a su cargo el proyecto. “Voy a ser prudente con todo esto, pero la audiencia, que es el paso previo a la demanda, es una manifestación más de las distintas acciones iniciadas para desalentar a los vecinos que reclamamos para defender el patrimonio arquitectónico de la Ciudad o por otros derechos vinculados a la calidad de vida.”

En la instancia de mediación obligatoria, Roccatagliata S.A. tiene como abogado a Raúl Navas, un especialista en derecho urbanístico que participó en la redacción del texto del Código de Planeamiento Urbano de la ciudad. La ONG Basta de Demoler que acompañó el amparo de los vecinos de Coghlan también está alcanzada por la mediación.

Cariboni, uno de los integrantes del Observatorio del Derecho a la Ciudad, la asociación civil en trámite que llevó a la Justicia las obras del metrobús norte junto a vecinos del barrio de Saavedra, es otro de los denunciados. En su caso, sostiene que “el PRO inauguró una nueva modalidad. Aprieta a los vecinos que no le dejan hacer lo que quiere desde el gobierno. Usó a la procuración, también hacen juicios las constructoras, y consiguieron que cada vez haya menos gente dispuesta a firmar amparos. Mi situación es algo diferente: utilizaron a una ONG que tiene relación con funcionarios actuales con la pretensión de censurarme. Tercerizaron la persecución política”.

En un escrito que difundió el Observatorio se señala que “la asociación civil Los Verdes, conducida por el presidente de la Agencia de Protección Ambiental (APRA) Juan Carlos Villalonga y otros integrantes del mismo organismo y actuales funcionarios del gobierno del PRO, inició las medidas previas para demandar a Félix Cariboni, integrante del Observatorio del Derecho a la Ciudad y de Patria Grande por daños y perjuicios invocando hechos falsos con el objeto de iniciar una persecución política utilizando a la Justicia, metodología novedosa iniciada por el gobierno de Mauricio Macri que se empleó para demandar a la asociación civil Basta de Demoler”.

Cariboni le dijo a este diario que ya pasó por la instancia de mediación y rechazó las imputaciones que le formuló la ONG Los Verdes. Según él, fueron sus denuncias contra la APRA que conduce Villalonga, un ex director de Greenpeace Argentina, las que lo colocaron en el umbral de un juicio por daños y perjuicios. Citó los casos de la dilación en el saneamiento de los predios donde se levanta el barrio Papa Francisco y la doble contratación de los estudios de suelos; la visita del titular de APRA a las plantas de incineración de residuos en Europa, una tecnología que está prohibida por la Ley de Basura Cero de la Ciudad, y la no presentación del certificado de aptitud ambiental de las obras del metrobús norte y de la avenida San Martín, entre otras.

Villalonga se apartó de la presidencia de Los Verdes, pero en la página web de esta organización figura en su consejo asesor. También integran el staff de la asociación el abogado Federico Gatti Lavisse, su jefe de Gabinete, y Flavia Broffoni, su directora de Estrategias Ambientales en APRA. La ONG firmó la carta documento que recibió Cariboni por sus denuncias. Según él, ésa es la prueba de cómo el gobierno porteño persigue a quienes denuncian sus obras tan controvertidas.

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