El encuentro giró en torno de las muertes que provoca la práctica ilegal del aborto y los derechos de las mujeres.
Imagen: Guadalupe Lombardo.

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Amnistía Internacional Argentina (AI) organizaron La penalización del aborto y su impacto en los derechos humanos, una jornada que reunió a legisladoras, legisladores, activistas de los derechos de las mujeres, expertos en salud y en ciencias sociales. El encuentro, que se llevó adelante en el Hotel Savoy desde la mañana hasta el fin de la tarde, giró en torno de los efectos de la penalización en la desigualdad, la salud pública y la vida cotidiana de las mujeres, pero también exploró las experiencias de Uruguay y el DF mexicano a la hora de despenalizar, de la mano de expertas que participaron de esos procesos. “El abordaje del aborto en Argentina es algo que siempre estuvo a cargo exclusivamente de organizaciones de mujeres o de movimientos sociales, y las organizaciones de derechos humanos siempre estuvimos más de invitadas que de organizadores. Por eso es interesante que esta vez hayamos cambiado de papel”, señaló a este diario Mariela Belski, directora ejecutiva de AI. Las organizaciones de mujeres, agregó, “han hecho mucho para que nos acerquemos y dialoguemos. Hay espacio para que nos involucremos”.

La jornada se desarrolló en cinco paneles: Ciudadanas de segunda: la despenalización del aborto y sus efectos desigualitarios; Si no hay acceso, hay tortura, que abordó la penalización como violencia institucional; Una cuestión de salud pública, acerca de los efectos de la penalización en la vida cotidiana de las mujeres; El costo de prohibir, que abordó el impacto del marco legal en el desarrollo; No más muertes silenciadas, sobre el camino hacia la legalización que realizó Uruguay. Además de integrantes de la Campaña por el Derecho al Aborto y políticas públicamente comprometidas con la despenalización, como Victoria Donda, Mara Brawer, Cecilia Merchán, Adela Segarra, participaron expertos de otros países, como la ex consejera jurídica en el gobierno de México DF (donde la interrupción voluntaria del embarazo fue legalizada en 2007) Leticia Bonifaz Alfonzo, y el subsecretario de Salud Pública de Uruguay, Leonel Briozzo.

“Nos interesaba mucho generar un diálogo con legisladores, y muchos que habitualmente no participan de estos encuentros se habían comprometido a estar, pero a último momento se convocó a sesión en el Congreso, con lo cual no pudieron participar. Sí estuvieron políticas como Brawer, Donda, Segarra, que siempre están. Nos interesaba especialmente generar la conversación con legisladores, porque el del aborto es un tema que tiene aristas de derecho constitucional y derechos humanos, tecnicismos que era interesante que escucharan, cómo se desarrollaron en países como México y Uruguay, donde fue legalizado”, señaló Belski. “Quisimos propiciar diálogo de experiencias donde esto sucedió y donde todavía nos cuesta que suceda.”

Durante su exposición, la abogada Paola Bergallo, doctorada en jurisprudencia por Stanford y dedicada a la academia, observó el doble standard del campo político argentino. “Esta idea de por qué tenemos un standard para discutir el matrimonio entre personas del mismo sexo con ciertos argumentos de derechos humanos que después no tenemos para debatir el aborto. Y también se preguntó por qué para los países de Europa la posibilidad de tener un papa europeo no tiene incidencia en la política doméstica de derechos, y por qué sí la tiene en Latinoamérica”, observó Belski.

“Otra cosa muy interesante que se planteó es que en Argentina existe el aborto legal en ciertos casos y el Poder Ejecutivo no siempre lo implementa, pero además el Poder Legislativo, que por ley tiene el rol de monitorear esa implementación, no monitorea. En el informe sobre la situación de derechos humanos, apenas menciona los problemas en la implementación pero no hace ninguna observación.”