“Andalgalá de pie. En defensa del agua” es el cartel en letras grandes escrito en una carpa blanca, frente a los tribunales porteños. Observan con sorpresa hombres trajeados y mujeres con vestimenta típica de oficina. Chela Ignes, nacida y criada en Catamarca, se acerca y les da un folleto que explica por qué acampan en Plaza Lavalle: “La minería quiere desaparecer un pueblo de 20 mil personas. Le pedimos a la Corte Suprema que dé tratamiento al amparo ambiental que espera sentencia desde hace dos años”. Asambleístas catamarqueños estuvieron trece días acampando, vincularon la megaminería con la violación de derechos, reclamaron derogar las leyes del menemismo y prometieron volver si el Poder Judicial no da respuesta.

Andalgalá es la ciudad catamarqueña pionera de megaminería en Argentina. Desde hace 18 años extrae oro y cobre (entre otros minerales) Minera Alumbrera, un consorcio suizo-canadiense (Glencore Xstrata, Goldcorp y Yamana Gold) denunciado por contaminación y defraudación al fisco. Y desde hace una década el gobierno provincial impulsa un nuevo yacimiento, llamado Agua Rica (Yamana Gold), tres veces más grande que Alumbrera y se ubica más cerca del pueblo (a sólo 17 kilómetros), donde nacen los ríos que proveen de agua a la población.

En 2009 las asambleas socioambientales y ciudadanos de a pie bloquearon el paso a los camiones de Agua Rica. Sobrevino una feroz represión, con una decena de heridos y detenidos. La respuesta fue una masiva movilización en la plaza principal de Andalgalá y nació la Asamblea el Algarrobo. Todos los sábados marchan en el centro del pueblo (ya realizaron más de 260 caminatas) y realizan campañas informativas y acciones directas. En enero de 2010 presentaron un amparo ambiental. Estuvo tres años frenado en el Poder Judicial de Catamarca y desde julio de 2013 en la Procuración General de la Nación, antesala de la Corte Suprema de Justicia.

“Venimos a manifestarnos porque el amparo ambiental es fundamental para la vida de Andalgalá. Y no puede ser que esté dormido desde hace tanto tiempo aquí. Los catamarqueños necesitamos una respuesta”, reclamó desde Plaza Lavalle Chela Ignes.

El amparo ambiental hace hincapié en el ambiente sano como un derecho fundamental y solicita la suspensión del proyecto minero Agua Rica. Se fundamenta en que el estudio de impacto ambiental de la empresa cuenta con treinta observaciones (calidad del agua, contaminación del agua y afectación de la población aledaña, entre otros) y, previo a la autorización de la provincia, no se contó con la audiencia pública que obliga la Ley General del Ambiente.

La acción de amparo fue presentada en 2010. Solicitaron entrevista en la Corte Suprema pero no fueron recibidos. Sí tuvieron un encuentro en la Procuración General de la Nación. “Nos recibió una secretaria de (Alejandra) Gils Carbó. Reconoció que no sabía de nuestro amparo y dijo que antes de fin de año habrá dictamen”, señaló Alejandro de las Cuevas, de la Asamblea El Algarrobo de Andalgalá.

Otro dos aspectos son la judicialización de la protesta. Aníbal Núñez, de San Fernando del Valle de Catamarca, precisó que hay un piso de 110 activistas judicializados por oponerse a la megaminería (50 de Andalgalá y 60 de Tinogasta). También denuncian el incumplimiento de la Ley de Glaciares. Sancionada en 2010, daba 180 días para relevar los cuerpos de hielo. Las montañas del oeste catamarqueño fueron incluidas recién en septiembre de 2013. “No hicieron un relevamiento completo. Dejaron muchas zonas grises con la clara intención de dejar abierta la posibilidad a las mineras”, acusó Alejandro de las Cuevas.

Durante el acampe en Buenos Aires recibieron la visita de la Comisión de Población del Congreso Nacional y del Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel. Reiteraron que la puesta en marcha de Agua Rica sería la “desaparición de Andalgalá” y pidieron un debate de fondo sobre las leyes mineras sancionadas durante la década del noventa.

En septiembre pasado, el gobierno provincial autorizó la puesta en marcha de otro proyecto en los departamentos de Andalgalá y Belén, llamado Bajo el Durazno, también en manos de Minera Alumbrera. Extraerá oro y cobre.

El miércoles pasado levantaron el acampe de Plaza Lavalle. Esperarán el dictamen de la Procuración General de la Nación y el fallo de la Corte Suprema. En caso de que sea negativo, prometieron volver a la Ciudad de Buenos Aires, con una medida por tiempo indeterminado.