El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Amnistía Internacional y el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) presentaron una demanda en la Justicia para exigir al Ministerio de Salud de la Nación que garantice las prestaciones médicas necesarias para la práctica de los abortos legales en todo el país, es decir, cuando el embarazo pone en riesgo la vida o la salud de la mujer o fue producto de una violación. “Estamos reclamando que en los hospitales públicos haya un cartel que indique las condiciones de acceso al aborto legal, de la misma manera que se anuncia cualquier otro servicio que se brinda”, sintetizó a Página/12 Marta Alanís, de Católicas por el Derecho a Decidir. La acción colectiva quedó radicada en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 1, a cargo de Ernesto Marinelli.

La presentación en la Justicia Federal es la iniciativa más importante –pero no la única– impulsada por un grupo de organizaciones de la sociedad para reclamar la atención de los abortos no punibles, a más de dos años del histórico fallo F.A.L. de la Corte Suprema, por el cual el máximo tribunal exhortó a los gobiernos nacional y provinciales a establecer protocolos para fijar el procedimiento a seguir en esos casos, a fin de eliminar los obstáculos arbitrarios que con frecuencia enfrentan las mujeres y adolescentes que demandan la interrupción legal de un embarazo. Ayer, en conferencia de prensa, referentes de las ONG anunciaron también otras medidas en Salta, Tucumán, Córdoba, Santiago del Estero, Ciudad Autónoma y provincia de Buenos Aires. “Niñas y mujeres ven negado sistemáticamente su derecho al aborto legal en la Argentina”, indicó la abogada Lourdes Bascary, coordinadora del área de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del CELS.

“Es el Estado, como responsable de la administración de la salud pública, el que tiene la obligación de llevar delante de manera rápida, accesible y segura el aborto en los casos en que es legal. Lamentablemente esto no ocurre y por eso organizaciones de derechos humanos y de derechos de las mujeres nos hemos aliado para exigir a los gobiernos nacional y provinciales que cumplan con sus obligaciones. Hemos desarrollado una serie de litigios estratégicos que, mediante la presentación de casos paradigmáticos en los Tribunales, intentan incidir en las políticas públicas, promoviendo cambios de gran relevancia social”, señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional en Argentina. La entidad, además, está exhibiendo en una pantalla ubicada frente al Obelisco un video de una artista japonesa, a través del cual pone el foco en el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo y reclama la despenalización del aborto (ver aparte).

“El diagnóstico que hemos hecho es que hay un incumplimiento de un derecho. Hay ocho provincias que no tienen protocolos que regulen el acceso al aborto y otras tienen protocolos que imponen barreras que no respetan el fallo FAL de la Corte Suprema. Existe una situación de disparidad entre las distintas provincias que es intolerable. Se deben garantizar los derechos de las mujeres en todo el territorio del país”, enfatizó Natalia Gherardi, directora ejecutiva de ELA. “Celebramos que en la agenda de los organismos de derechos humanos hoy esté el acceso al aborto”, destacó Alanís, de CDD.

En la ciudad de Buenos Aires, Amnistía Internacional presentó un amicus curiae para apoyar las demandas presentadas por la diputada María Rachid, el CELS, el ELA, Asociación por los Derechos Civiles (ADC) y Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI), que piden la declaración de inconstitucionalidad de diversos requisitos incluidos en el protocolo de atención de los abortos no punibles dictado por el Ministerio de Salud del gobierno de Mauricio Macri. Cuestionan que la normativa, en realidad, obstaculiza el acceso de las mujeres al aborto legal en el sistema de salud público. En la provincia de Buenos Aires, el CELS, el ELA y AI enviaron una carta al presidente y a los titulares de todos los bloques de la Cámara de Diputados provincial para pedir el tratamiento, en forma urgente, de un proyecto de ley de Regulación del Acceso a los Abortos No Punibles. Si bien la provincia que encabeza Daniel Scioli tiene una Guía Técnica para la Atención Integral de los Abortos no Punibles, la atención de esa práctica médica se sigue obstaculizando, como quedó en evidencia este año con diversos casos que trascendieron en los medios, entre ellos el de una niña de 13 años que había sido violada y le negaron el acceso a un aborto no punible en el hospital de la localidad de Moreno.

En Córdoba, la organización Católicas por el Derecho a Decidir pidió que se resuelva un planteo de inconstitucionalidad presentado por una entidad ultraconservadora –Portal de Belén– contra el protocolo de aborto no punible dictado por la provincia, por encontrarse la causa sin movimiento desde mayo de 2013. Portal de Belén es conocida en Córdoba por sus diversas acciones en la Justicia para obstaculizar hasta el acceso a cualquier método anticonceptivo. Además, el CELS, el ELA y AI presentaron otro amicus curiae en la misma causa para recordar a los funcionarios judiciales que intervienen los estándares internacionales de derechos humanos que se encuentran comprometidos.

En Salta, las cuatro organizaciones enviaron una carta a la Legislatura provincial para plantear la importancia de que la provincia adhiera a la Guía Técnica para la Atención Integral de Abortos no Punibles y deje sin efecto el protocolo firmado por el gobernador Manuel Urtubey, dado que impone restricciones y no respeta el fallo de la Corte Suprema. En Tucumán, junto con la Casa de las Mujeres Norma Nassif, y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH Tucumán), presentaron ante el ministro de Salud provincial un pedido de informes sobre el acceso al aborto no punible. Tucumán es una de las provincias que todavía no cumplió con la sentencia del máximo tribunal. Y se registraron casos en los que niñas violadas tuvieron que ser trasladadas a la ciudad de Buenos Aires para realizarles una interrupción legal de embarazo, después de que ningún hospital local garantizara la práctica. En Santiago del Estero, la Asociación Civil por el Derecho a la Salud interpuso una acción colectiva contra el Poder Ejecutivo provincial, para exigir que se dicte una guía de procedimiento para los abortos no punibles.

De acuerdo con un relevamiento presentado ayer, sólo ocho jurisdicciones tienen protocolos que respetan los estándares establecidos por el fallo de la Corte, que aclaró que no se debe exigir autorización judicial ni denuncia de violación para garantizar el procedimiento y que, además, las mujeres deben ser atendidas sin dilaciones arbitrarias e ilegales. Estas son: Chaco, Chubut, Jujuy, La Rioja, Misiones, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del Fuego. Otras ocho dictaron guías pero con ciertos requisitos que dificultan el acceso a la interrupción del embarazo: ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa, Neuquén, provincia de Buenos Aires, Río Negro y Salta. Y las restantes ocho no establecieron ningún protocolo: Catamarca, Corrientes, Formosa, Mendoza, San Juan, San Luis, Santiago del Estero y Tucumán.