Cuando Luciano Arruga intentó cruzar la avenida General Paz desde el Gran Buenos Aires hacia Capital, en la madrugada del 1º de febrero de 2009, lo hizo “como desesperado”, no iba “trotando ni caminando sino corriendo” y “parecía que estaba escapando”; antes de empezar a atravesar la autovía, pareció vacilar. Lo declaró ante el juez Juan Pablo Salas el joven que manejaba el auto que, a las 3.21 de esa mañana, lo atropelló. Minutos después, mientras esperaban la llegada de la ambulancia, un motociclista que se había detenido para ayudar y desviar el tránsito, giró su moto para cruzarla sobre la General Paz a modo de baliza. Al girarla, iluminó la colectora del lado de provincia: en ella había una camioneta doble cabina de la Policía Bonaerense que tenía las luces apagadas. El hombre también lo declaró ante el juez Salas. Otros testigos corroboraron la presencia y las acciones de esos dos hombres. Esas certezas, que validó la reconstrucción realizada en la General Paz la madrugada del 4 de diciembre pasado, se sumaron a los resultados del estudio realizado por el Equipo Argentino de Antropología Forense, que ratifican que el joven atropellado esa noche era Arruga.

Su hermana, Vanesa Orieta, dijo en conferencia de prensa que los elementos van demostrando que Luciano, esa noche, no fue detenido “sino secuestrado” por la Policía Bonaerense. A su lado, el presidente del CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales), Horacio Verbitsky, indicó que “no existen todavía los elementos para determinar con nombre y apellido quiénes participaron, pero la Policía Bonaerense no es ajena”, y la investigación continúa. Verbitsky agregó que la “desaparición forzada” del adolescente y las negligencias y encubrimientos que sembraron de obstáculos la causa configuran “un crimen de Estado”. La familia, sus abogados, los representantes de la APDH de La Matanza y los integrantes del CELS insistieron, además, en que “el modus operandi de la Policía Bonaerense sólo es posible con la complicidad judicial” y del poder político.

De la conferencia de prensa realizada ayer en el CELS participaron, además de Orieta y Verbitsky, el presidente de APDH La Matanza, Pablo Pimentel, y los abogados del CELS Paula Litvachky y Maximiliano Medina. Sobre la mesa, a su pie y sobre la pared, la sonrisa de Arruga se multiplicaba en una serigrafía impresa en azul, rojo, negro. Su hermana habló sólo luego de haber puesto frente a ella un cartel manuscrito: “El Estado lo de-sapareció”. Cerca de ella, otro cartel decía: “La policía lo mató”.

Verbitsky y Orieta ratificaron que la causa avanza y que las declaraciones recibidas por el juez Salas y la reconstrucción nocturna realizada en la General Paz “refuerzan la convicción sobre la intervención de la Policía Bonaerense”. Si Arruga fue atropellado en esa vía rápida, no puede pensarse que haya intentado cruzar por propia voluntad, ratificó Orieta: “Estaba escapando de algo. El abogado Juan Manuel Combi intenta hacerlo entender a partir del caso de Ezequiel Demonty. Ezequiel no se tiró al Riachuelo porque quiso, lo obligó la policía a tirarse. Nosotros queremos saber quién, con nombre y apellido, obligó a Luciano a cruzar la General Paz poniendo en riesgo su vida”. Además, preguntó: “Habiendo estado ese móvil de la Policía Bonaerense a metros del accidente, teniendo conocimiento del accidente, ¿por qué, si fue un accidente, a los familiares no nos informaron del hecho que sucedió a 20 cuadras de nuestra casa?”

Verbitsky repasó falencias que arrastró la investigación hasta el momento, hace dos meses, en que finalmente Luciano fue identificado como un NN enterrado en el cementerio de Chacarita. “Luciano estaba vestido con ropa que no era suya, no hay explicación de eso. Al día de hoy no ha sido localizada la totalidad de su ropa”, lo cual incluye el par de zapatillas que calzó esa noche y que podría arrojar información acerca de dónde estuvo antes de ser atropellado. La mochila que llevaba, y que consta en el acta labrada por la Policía Federal Argentina, tampoco apareció.

Antes de la última noche de su vida, Arruga había sido víctima de un hostigamiento continuo por parte de oficiales de la Bonaerense del destacamento de Lomas del Mirador, donde ya había sido torturado en septiembre de 2008 (y por lo cual el policía Diego Torales, actualmente detenido, será juzgado a partir de marzo del año próximo). Los testimonios dan cuenta de que, como rutina, los efectivos obligaban a los jóvenes pobres del barrio a robar para ellos. En 2007, Luciano se negó a participar. Desde entonces, el joven sufrió al menos ocho episodios de hostigamiento, que incluyeron detenciones, golpes y amenazas por parte de policías.

La causa da cuenta, además, de que la noche de la desaparición de Luciano los móviles policiales de la zona tuvieron “un funcionamiento irregular”, con falta de registros, circulación por fuera del recorrido asignado y permanencia “durante varias horas en un descampado conocido como Monte Dorrego”. Los libros de guardia del destacamento de Lomas del Mirador están “repletos de irregularidades”: enmendados, con tachaduras, correcciones hechas con tinta blanca, renglones salteados.