Las víctimas del gatillo fácil, de todo tipo de violencia policial o de cualquier otro abuso de poder uniformado o estatal tendrán en la provincia de Buenos Aires fiscalías específicas para atender sus casos. Se trata de las Fiscalías Especializadas en Violencia Institucional, que la Cámara de Diputados bonaerense creó por ley.

La norma impulsada por la senadora Mónica Macha, del bloque Nuevo Encuentro, prevé la creación de Unidades Fiscales de Investigación y Juicio especializadas en delitos vinculados con la violencia institucional, en el ámbito del Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires y en todos sus departamentos judiciales.

En diálogo con Página/12, Macha manifestó que “la ley de fiscalías es resultado de un trabajo colectivo. No hubiera sido posible sin las instituciones de derechos humanos que aportaron su mirada. Se trabajó con el CELS, la Comisión Provincial por la Memoria, especialistas en violencia institucional, familiares de víctimas de la violencia institucional, fiscales y con funcionarios del Poder Ejecutivo y Judicial”.

Las fiscalías Especializadas en Violencia Institucional tendrán competencia exclusiva sobre las causas que investiguen delitos cometidos por agentes estatales, ligados al ejercicio de violencia y a su encubrimiento o complicidad.

La Procuración General de la Fiscalía deberá remitir semestralmente al Poder Legislativo, al defensor del Pueblo, a la Comisión Provincial de la Memoria y a otros organismos de derechos humanos, un informe que detalle la cantidad de actuaciones judiciales iniciadas por hechos de violencia institucional y el estado y avance de los procesos judiciales de competencia de estas Unidades Especializadas.

Según lo establecido en la ley, se crea el Registro de Actuaciones Judiciales por Hechos de Violencia Institucional en el ámbito del Ministerio Público, en el que se inscribirán todas las acciones judiciales iniciadas por hechos de violencia institucional y al que se podrá acceder públicamente.

La senadora añadió que “el proyecto surgió de un equipo de trabajo, muy vinculado con lo que veníamos haciendo en el municipio de Morón. Hasta la existencia de la ley, el único discurso que se tomaba como legítimo frente a casos que van desde el hostigamiento al gatillo fácil era el de la policía. Empezamos a proponer que se investigara estos espacios. Por ello, desde la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos en el Senado decidimos empezar a pensar cómo lograr el acceso a la Justicia de los sectores populares, siempre con conciencia de que esta ley es sólo un paso más para erradicar la violencia institucional”.