En la madrugada del miércoles pasado, y en vísperas del aniversario de la tragedia de diciembre de 2001, el Congreso de la Nación aprobó crear por ley el Parque Nacional Patagonia, en la provincia de Santa Cruz, el segundo creado en dos meses y marcando una conducta ambiental por parte de ambas cámaras legislativas digna de elogio.

No es poco para una democracia todavía joven y plagada de contradicciones y deudas sociales, a más de las ambientales. De hecho, la treintena de muertos de aquel diciembre aún cercano fueron y son un parteaguas: tales conductas, nunca más. Como viene sucediendo, aunque irregularmente, en lo que va del milenio, en el que al menos hay una decisión gubernamental de no reprimir, y enhorabuena.

En este contexto de afianzamiento democrático, las leyes sancionadas en defensa de la naturaleza son siempre bienvenidas, porque la modernidad y los avances tecnológicos transnacionales –como se ha visto la semana pasada en la cumbre mundial ambiental de Lima, Perú– no respetan los mandatos de la Madre Natura y así el cambio climático es cada vez más violento y atemorizante.

El PN Patagonia tiene, al igual que su hermano chaqueño el PN Impenetrable, características igualmente originales y destacables. En este caso son 52.800 hectáreas conformadas por 18.000 hectáreas fiscales a las que se suman 34.000 aportadas por la Fundación Flora y Fauna Argentina, que en 2010 compró la estancia El Sauco, un paraíso en la zona de la Meseta del Lago Buenos Aires, con el objetivo de realizar esta donación.

La cual, ahora legalizada por el Congreso, a estas horas ha de estar siendo escriturada a nombre de la Administración de Parques Nacionales (APN), que ya tiene guardaparques monitoreando y controlando aquellas superficies.

Pero si en la Patagonia este parque nacional puede y debe celebrarse, no sucede lo mismo con el PN Impenetrable, donde insólitamente es el mismísimo Poder Judicial el que dilata las cosas, y a un grado alarmante.

En el caso del PN Impenetrable ya se han depositado los fondos indicados por la ley para estos casos, pero la Justicia chaqueña no ha otorgado la posesión. Lo que es mucho más grave si se recuerda que éste es el primer caso en más de 180 expropiaciones de similares características, en los que la Justicia no responde en concordancia con la Ley de Expropiación del Chaco.

La situación es ambientalmente desesperante. Las 130.000 hectáreas de la ex estancia La Fidelidad están en este momento absolutamente desguarnecidas, con todo lo que eso implica: la tala indiscriminada de bosques y la explotación clandestina de maderas preciosas, además de la invasión de cazadores furtivos que –lo ha comprobado la mismísima APN– circulan con camionetas prácticamente artilladas y en grupos protegidos –hay denuncias y fotografías– por miembros o ex integrantes de la policía local.

Los guardaparques nacionales enviados al Chaco no han podido hacerse cargo todavía de las 130.000 hectáreas, mientras unos pocos, heroicos guardias provinciales continúan vigilantes en los portones, pero del lado de afuera.

Tampoco los muchos investigadores de diversas ONG pueden ingresar, ni mucho menos han podido mantener los campamentos que montaron durante los últimos dos años con fondos donados por personas, empresas e instituciones de todo el país.

Puede afirmarse, entonces, que la loable doble sanción legislativa se encuentra frente a una absurda, brutal contradicción en la historia del conservacionismo: en la Patagonia el proceso es veloz y efectivo; en el Chaco es kafkiano y entraña el enorme riesgo de que en cuatro o cinco años el PN Impenetrable acabe siendo sólo un pedazo de papel.

Y no es exótico afirmar esto último, porque en ese breve lapso se habrán talado miles de grandes árboles y se habrá expulsado o asesinado la más rica fauna autóctona que queda todavía en la Argentina, única en su biodiversidad y riqueza de especies.

La responsabilidad judicial por el abandono de custodia desde que la ciudadanía se movilizó para proteger La Fidelidad y crear este parque es evidente y, por lo menos, llamativa. La Fiscalía de Estado del Chaco, que representa los intereses de los ciudadanos y del ambiente, no parece estar reclamando con fuerza ante el juez que corresponde o ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Habiéndose sancionado la Ley 26.996 hace sólo dos meses, es posible afirmar que a este paso, en sólo cinco años, el PN Impenetrable será un páramo, un desierto fantasmal. La tala y la cacería, protegidas por policías corruptos y jueces que parecen especialistas en hacer la vista gorda, serán los responsables. Y mientras tanto es inevitable preguntarse si no será que hay mucho dinero en juego.

El contraste con el PN Patagonia no podía ser mayor: horas después de la sanción de la ley de creación, en Santa Cruz ya hay guardaparques nacionales custodiando el territorio. En cambio, meses después de la respectiva sanción, en el Chaco se impide o demora inexplicablemente la posesión lisa y llana del territorio, como manda y permite la Ley de Expropiación que sancionó la Legislatura chaqueña para iniciar este proceso.

Es sabido que los tiempos de la Justicia en la Argentina son ridículos, y que, como dicen algunos abogados, “en este país una cautelar no se le niega a nadie”. Es conocido, también, el vergonzoso accionar de jueces que vistean los tiempos electorales y buscan congraciarse con la oposición mediático-política. Ahora es posible apreciar, además y al menos en el Chaco, una muestra cabal de cómo también es posible que la llamada diosa ciega sea, encima, necia y maligna.