Mario Cortés tiene 48 años y desde hace casi 20 lucha contra la hepatitis C, un virus que afecta al hígado y que mata cada día a 12 personas en España. “Tengo una esperanza de vida de unos ocho años, estoy camino de la cirrosis”, explica el propio Cortés. En las últimas semanas, Cortés se ha convertido en la voz de los que sufren la misma enfermedad en España, atravesada por la polémica que disparó un nuevo tratamiento conocido en la Península Ibérica como “la penicilina de la hepatitis C”, cuya efectividad alcanza el 90 por ciento, según aseguran los expertos. El medicamento, producido y vendido por el laboratorio Gilead Sciences, tiene un costo absurdo de mil dólares por cada pastilla. Y está indicado como tratamiento una pastilla por día durante 12 semanas. El cuestionamiento tiene que ver con que el gobierno de Rajoy entrega el medicamento a los pacientes en estado crítico y deja a la deriva al resto.

“Lo que demandamos es muy sencillo: el derecho a la vida de todos los enfermos de hepatitis C. Nos están matando por motivos supuestamente económicos”, lamentó el vocero de los pacientes.

El pasado 5 de diciembre, el gobierno de Mariano Rajoy dio a conocer la estrategia para “ordenar” y priorizar el acceso a los medicamentos de nueva generación, entre ellos el llamado Sovaldi, que tiene un costo riguroso para los bolsillos de la crisis europea. Las medidas cayeron como un jarro de agua fría entre las asociaciones de afectados, que reclaman que los nuevos fármacos se apliquen a todo el que lo necesite, independientemente de su costo y de la fase de la enfermedad en la que se encuentre el paciente.

Sin embargo, en los hospitales españoles este medicamento sólo se receta, por el momento, a personas en estado crítico.

Según informó el Ministerio de Sanidad español, en 2015 se prevé que serán tratadas con Sovaldi entre 5000 y 6000 personas. Este año lo recibieron unos 500 pacientes. Se calcula que, en total, hay unas 50.000 personas diagnosticadas de hepatitis C en España. La cifra negra es importante: se calcula que son unos 480.000 afectados.

Hace una semana, centenares de personas marcharon frente al Ministerio de Sanidad, en Madrid, para exigir que todos los enfermos con esta patología tengan acceso a los nuevos tratamientos. Convocados por la Plataforma de Afectados por la Hepatitis C, de la que es portavoz Cortés, exhibieron pancartas con lemas como “tratamientos para todos” y “No son muertes, son asesinatos”.

El 18 de diciembre, además, un grupo de pacientes se encerró en el Hospital 12 de Octubre de Madrid como señal de protesta. “La ciudadanía está con nosotros porque se ven reflejados. El ataque del gobierno al sistema nacional de salud pública es bestial”, lamentó el portavoz de la plataforma, aludiendo a los recortes que el Ejecutivo de Rajoy y algunos gobiernos regionales llevaron a cabo en materia de Sanidad durante la crisis económica.

“Los enfermos tenemos una gran indignación porque sabemos que hay una medicación que cura nuestra enfermedad, pero no nos la dan. Esto provoca impotencia y una tremenda carga psicológica”, apuntó Cortés.

El gobierno de Rajoy reaccionó anunciando un plan estratégico para abordar la enfermedad. El secretario general de Sanidad, Rubén Moreno, anunció también que está previsto que el próximo año se incorporen dos nuevos fármacos contra la hepatitis C al Sistema Nacional de Salud.

Pero los pacientes reclaman que no quieren “más palabras huecas”. Y agregan en su reclamo que el gobierno “ponga encima de la mesa” el dinero necesario para sufragar el tratamiento a todas las personas que lo necesiten. El criterio, defienden, debe ser ciento por ciento médico. Así lo explicó Juventino Calvo, presidente de la Asociación de Trasplantados de Hígado de Madrid. Calvo tiene 82 años y hace 12 se curó del virus gracias a un tratamiento que funcionó en el 25 por ciento de los casos.

“Es el médico quien debe decidir el tratamiento, y para eso no puede haber trabas administrativas que se lo impidan”, señaló. “Ahora mismo no hay carta blanca. Los médicos están supeditados al gerente o director del hospital, que es un cargo político”, lamentó.

Los enfermos de hepatitis C se sienten pacientes de segunda en España. “O de tercera, o de cuarta”, dice Calvo con amargura. “Si ahora se conociera un tratamiento que curara el cáncer o el Alzheimer, no se cuestionaría si se aplica o no a los enfermos.”

Las asociaciones piden también que se ponga en marcha una política preventiva contra la enfermedad, que puede ser asintomática durante décadas. El virus va deteriorando el hígado sin que el enfermo se entere. En muchos casos, cuando se diagnostica, el daño ya está hecho. Por eso los pacientes reivindican que el tratamiento es clave en las primeras fases de la enfermedad, antes de que se necesite un trasplante del órgano.

“Cuando hay un medicamento que cura una enfermedad, hay que aplicarlo cuanto antes y no discutir, como se está haciendo ahora. Imaginen qué hubiera pasado si cuando se inventó la penicilina se hubiera planteado no aplicarla porque resultaba caro”, dijo Calvo.