Dos comisarios de la Policía Federal, imputados por el delito de “cohecho” (cobro de coimas) en la causa por el derrumbe del boliche Beara que provocó dos muertes en 2010, fueron pasados a disponibilidad por el jefe de la fuerza, Román Di Santo. La medida fue adoptada cuando todavía no ha sido fijada la fecha en que los dos comisarios serán llamados a prestar declaración indagatoria. Fuentes allegadas a la causa, que fueron consultadas por Página/12, señalaron que la convocatoria a los comisarios Rodolfo Nicolás Cabezas y Luis Eduardo Acosta será fijada una vez que finalice la feria judicial de enero. Los nombrados estuvieron al frente de la comisaría 25ª, con jurisdicción en el lugar de los hechos, en el barrio porteño de Palermo, entre los años 2007 y 2010.

La orden de investigar y tomarles declaración indagatoria a los comisarios Cabezas y Acosta fue dispuesta, a fines del año pasado, por la Sala 7ª de la Cámara del Crimen. El pase a disponibilidad de los oficiales mencionados fue dispuesto el 6 de enero pasado, pero la noticia recién se conoció ayer.

El 10 de septiembre de 2010, un entrepiso del boliche Beara, en Scalabrini Ortiz 1638 del barrio porteño de Palermo, cedió por exceso de público y por deficiencias en la construcción, causando la muerte de las jóvenes Adriana Beatriz Lizarraga (de 21 años) y Paula Leticia Provedo (de 20 años). En mayo de 2011, el fiscal de la causa, Andrés Madrea, informó por escrito al Ministerio de Seguridad sobre la investigación, que incluía la sospecha sobre presuntas coimas a policías, mencionándose los nombres de comisarios y subcomisarios supuestamente involucrados.

El fallo de la Cámara del Crimen confirmó que el boliche Beara había sido habilitado de manera irregular mediante el pago de sobornos, por parte de los empresarios dueños del local, a funcionarios públicos del gobierno porteño y también a policías.

La resolución judicial fue contundente: “El pacto venal se ha acreditado a través de las constancias informáticas, de las que surge que, dentro del presupuesto de Beara, hubo de contemplarse el pago de dinero en concepto de lo que vulgarmente se denomina ‘cometa’, a fin de obtener la habilitación del local”. Esto se pudo determinar porque, en el archivo informático del local, los investigadores dieron con una palabra clave que habría sido el código usado para las coimas: “cometa”, se llamaba.

Los jueces de la Cámara del Crimen señalaron que “dentro del planeamiento de Beara se tenía previsto el pago ilícito de dinero y dado que, a pesar de las clausuras dispuestas contemporáneamente, se otorgó la habilitación, existe un plexo probatorio suficiente” para configurar la imputación por el delito de “cohecho”.

En ese marco, la Cámara confirmó los procesamientos del ex jefe del Departamento Esparcimiento, Norberto Cassano; del inspector Carlos Gabriel Mustapich; y de los empresarios Juan Carlos María Yun, Agustín Dobrila, Roberto Martín Kattan Coria, Iván Andrés Fliess y Ronaldo Fliess. La imputación alcanza también a los gestores de las habilitaciones Leandro Camani y Matías Pantarotto, y al maestro mayor de obras Gustavo Amaru, quien habría avalado la construcción derrumbada. Revocó además el procesamiento del arquitecto encargado en Verificaciones y Habilitaciones Isaac Rasdolsky, aunque ordenó que se lo siguiera investigando.

La Cámara, además, revocó el sobreseimiento del ex jefe de Habilitaciones del gobierno porteño Martín Farrell y del ex director de Habilitaciones Especiales, Pablo Skaikauskas.

Al margen de los dos comisarios pasados a disponibilidad por el jefe de la Federal, la lista de futuras indagatorias alcanza también a los policías Osvaldo Gustavo Bachmann, Guillermo Adolfo Erdman, Julio Alfredo González, Claudio César Lorenzo y Gustavo Fabián Lombardo. Se sabe que la mayoría de los nombrados fueron ascendidos, en más de una oportunidad, desde 2010 hasta el presente.