El Congreso chileno aprobó ayer la primera ley de uniones civiles o de hecho en el país, que regula la convivencia y crea un nuevo estado civil accesible a parejas heterosexuales y homosexuales, una demanda histórica de su comunidad LGBT (lesbianas, gays, bisexuales y transexuales). El proyecto, inédito en Chile por su tradición conservadora y la gran influencia de la Iglesia Católica, permite que las parejas que conviven sin estar casadas puedan compartir bienes a nivel jurídico, recibir herencias y pensiones o ser carga en el sistema de salud. Además, contempla la posibilidad de que se les otorgue la custodia de menores, en caso de que la madre o el padre biológico estén inhabilitados. De esta manera, la propuesta queda en condiciones para ser promulgada como ley por la presidenta Michelle Bachelet y se espera que pueda entrar en vigencia en septiembre. “Es un momento de celebración para el pueblo de Chile. Se trata de una ley que reconoce la diversidad de familia”, aseguró a Página/12 Nicolás Levy, miembro de la Fundación Iguales, organización chilena que trabaja en la inclusión de la diversidad sexual.

Luego de once años de tramitación y con un amplio respaldo, el proyecto de ley crea el Acuerdo de Unión Civil (AUC), que tiene como objetivo mejorar las condiciones jurídicas y sociales de parejas de igual o distinto sexo que conviven sin estar casadas. La propuesta había sido aprobada por la Cámara baja la semana pasada y ratificada el martes por el Senado. Ayer fue refrendada por una comisión mixta de ambos estamentos.

La futura ley se refiere al acuerdo de unión civil como un contrato celebrado entre dos personas que comparten un hogar, a las que denomina convivientes civiles y que serán considerados parientes para los efectos previstos en el artículo 42 del Código Civil.

El Acuerdo de Unión Civil contiene resguardos en materia de formalización del vínculo, patrimonio y seguridad social para las parejas, que podrán acceder al sistema de salud público y privado como beneficiarias, pactar regímenes económicos, optar por pensiones de sobrevivencia y a la compensación económica, y concurrir a la sucesión de bienes en calidad de heredero/a de su conviviente civil.

Asimismo, reconoce los matrimonios celebrados en el extranjero por personas del mismo sexo, las que podrán gozar de los efectos del acuerdo en territorio nacional. Reconoce también la diversidad de familias y el interés superior del niño, al derivar sus causas y asuntos a las competencias de los Tribunales de Familia y entregar la posibilidad de optar al cuidado personal de hijos en caso de inhabilidad de los padres. El derecho a adopción no está incluido.

Ahora, el proyecto debe pasar al Tribunal Constitucional para luego ser promulgado en marzo como ley de la república por la presidenta Bachelet. Para que la ley entre en vigencia se necesitan de seis meses para efectuar todas las modificaciones para su correcta implementación, por lo que se calcula que entrará en vigencia en septiembre.

“Estamos felices de que el Estado reconozca, por primera vez, que una pareja del mismo sexo también constituye una familia y merece protección. Es un resguardo de la vida afectiva”, señaló Levy. Además, indicó que “la aprobación de este proyecto no reemplaza la sanción de una ley de matrimonio igualitario, por lo que la lucha por una legislación que la contemple no termina”.

Chile se convirtió así en el séptimo país sudamericano que establece la unión civil para las parejas homosexuales. Argentina, Brasil y Uruguay son los tres únicos países en el continente que permiten el matrimonio a parejas del mismo sexo.

“La sanción es el resultado del trabajo de varias organizaciones de defensa de los derechos de homosexuales, en conjunto con toda la sociedad. El proyecto tuvo un alto grado de aceptación porque existe un gran cambio cultural en el país, donde nuevas generaciones tienen una mayor cercanía con la comunidad y permanentemente destierran mitos. La sociedad chilena avanza mucho más rápido que las instituciones civiles”, remarcó Levy.