Se cumplieron diez años del asesinato de Christian Domínguez, ocurrido en la comisaría primera de Berisso el 5 de febrero de 2005. El cuerpo del joven de 30 años apareció en una celda con un cinturón al cuello y la policía dijo que se había suicidado. Después de una larga instrucción, en la que fueron removidos tres fiscales, en septiembre de 2012 el Tribunal Oral 3 de La Plata confirmó que Domínguez había sido asesinado y condenó a tres policías a penas de entre 3 y 14 años de prisión, desechando el pedido de la fiscal Rosalía Sánchez, de cadena perpetua para los imputados, por el delito de “torturas seguidas de muerte”. El sargento Víctor Gómez recibió la pena más grave, de 14 años, por “homicidio simple”. La revisión del fallo fue planteada ante la Sala II de la Cámara de Casación Penal bonaerense, que a dos años y cuatro meses sigue sin expedirse. Ayer, la familia y la Asociación Miguel Bru denunciaron que se han vencido “todos los plazos legales” para la revisión del fallo y repudiaron “la perversidad de los tiempos que maneja la Justicia”.

“El pedido de revisión de la pena se tuvo que haber resuelto inmediatamente”, aseguró ayer Pedro Domínguez, el padre de la víctima. En noviembre de 2013 se realizó la audiencia convocada por los integrantes de la Sala II de Casación, para que las partes expusieran sus puntos de vista; la parte acusadora volvió a pedir la perpetua para Gómez y para el subcomisario Luciano Príncipi y el oficial Germán Cernuschi, condenados a cuatro y tres años de cárcel respectivamente, en ambos casos por el delito de “privación ilegítima de la libertad”.

El proceso judicial se ha transformado en un karma para los familiares de Christian Domínguez. Al joven lo detuvieron en la calle por estar en estado de ebriedad y lo llevaron a la comisaría de Berisso. Seis detenidos relataron en el juicio que “escucharon los golpes” que le aplicaban los tres policías mencionados. Los jueces desecharon la existencia de torturas porque si bien admitieron que la víctima fue golpeada por los policías, la agresión “no fue grave o intensa”.

Domínguez estaba realizando un tratamiento para superar su adicción y tomaba pastillas. Un perito sostuvo que dada la situación en que se encontraba el joven, su única posibilidad “era dormirse”, lo que marca el grado de indefensión en el que se encontraba. Durante la larga etapa de instrucción, fueron recusados por la familia y tuvieron que dejar la causa los fiscales Leandro Heredia, Ana Medina y Tomás Morán, en todos los casos porque “no hacían más que embarrar el escenario preparado para la impunidad” de los autores del homicidio.

Después de una primera autopsia en la que se confirmaba la versión policial del suicidio, la familia logró la exhumación del cuerpo y allí se confirmó que la muerte se produjo por asfixia por presión manual. Le apretaron el cuello en dos oportunidades y luego, aunque advirtieron la gravedad del estado del joven, no le dieron atención médica. Luego de la segunda autopsia, el cuerpo de Domínguez estuvo ocho años en la Morgue de La Plata, hasta que en febrero de 2013 lo depositaron en un nicho.

Rosa Bru, titular de la Asociación Miguel Bru, sostuvo que “la sentencia del juicio fue un papelón” porque “para los jueces no hubo torturas y no se investigó el encubrimiento policial ni la cadena de impunidad que permitió el crimen y la teoría del suicidio, para lo que tuvieron que montar un grotesco y siniestro escenario”. La familia reclama ahora que la Sala II de Casación se pronuncie sobre el pedido de revisión de las penas.