El Estado nacional indemnizará con más de 190 mil dólares a la familia del subcomisario Jorge Omar Gutiérrez, asesinado de un balazo en la cabeza el 29 de agosto de 1994 cuando investigaba la causa conocida como Aduana paralela, luego de una sentencia dispuesta por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2013. El organismo internacional también había ordenado que se vuelva a juzgar a un ex policía federal que fue absuelto por el asesinato, disposición que todavía espera una resolución por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

“Para la familia no es importante la reparación simbólica del Estado. El interés nunca pasó por lograr una indemnización sino por procurar que se haga justicia el crimen”, aseguró a Página/12 Luis Valenga, abogado de la familia.

El decreto 2807 firmado por CFK, publicado ayer en el Boletín Oficial, dispuso la medida y recuerda que el 25 de noviembre de 2013 el tribunal internacional sentenció al Estado argentino a pagar 191.833,21 dólares “en concepto de indemnización por daño material e inmaterial a favor de las víctimas del caso”.

Gutiérrez apareció muerto con un balazo en la cabeza la madrugada del 29 de agosto de 1994 en un vagón del ferrocarril Roca, cerca de la estación de Tolosa, cuando se dirigía hacia su casa en Quilmes.

Según Valenga, previamente un hombre identificado como Francisco Montajo se había sentado frente a Gutiérrez y le dio conversación. Esa situación fue aprovechada por el entonces sargento de la Policía Federal, Carlos Santillán, para dispararle por la espalda.

En la investigación del caso se produjeron notorias irregularidades, que la familia y el abogado atribuyen al hecho de que la víctima se encontraba investigando en forma personal si en los depósitos de la Aduana circulaban armas, drogas y oro. Este hecho involucraba a importantes figuras políticas de esa época.

Santillán resultó absuelto por el homicidio en un fallo confirmado por la Corte Suprema de Justicia. El letrado hizo entonces un reclamo ante la CIDH, en nombre de la viuda de Gutiérrez, Nilda del Valle Maldonado, los hijos y los dos hermanos del subcomisario, entre ellos el intendente de Quilmes, Francisco “Barba” Gutiérrez.

El abogado afirmó que la causa que involucra a Montajo fue elevada a juicio con fecha a definir. Mientras tanto, la familia espera también que la Corte Suprema acate la decisión de la CIDH. “Después de un año no ha habido ningún avance en el segundo juzgamiento de Santillán. La familia sigue sufriendo después de 20 años del crimen.”

Informe: Gonzalo Olaberría.