El proyecto de enrejar el perímetro del histórico Parque Lezama, en el barrio de San Telmo, fue postergado por el gobierno porteño hasta que dure la mediación con los vecinos que se oponen al cerramiento del predio, cuya primera audiencia se desarrolló ayer en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad. Antes de la suspensión provisoria de los trabajos, el presidente de la Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos, Jaime Sorín, intimó al gobierno de Mauricio Macri, a través de una carta documento, a detener el emplazamiento de rejas en el Parque Lezama y advirtió que acudirá a la Justicia si avanza con las obras. “Esto es una decisión ilegal –explicó Sorín–, dado que las rejas no forman parte de la licitación que se aprobó el año pasado para la modificación del parque ni estaban autorizadas por la Comisión Nacional de Museos”, que es el organismo autorizado para tomar estas decisiones.

Integrantes de la Asamblea de Vecinos en Defensa del Parque Lezama se reunieron con el director de Espacios Verdes, Guillermo Quintana, del cual obtuvieron “el compromiso de que no iban a avanzar con el enrejado hasta que dure la mediación”, dijo Mauricio García, vocero de la Asamblea. Explicó que durante la reunión “les planteamos a los funcionarios todos los inconvenientes que sufre el barrio y, en especial, el Parque Lezama, donde las obras de puesta en valor prometidas quedaron muy retrasadas”.

Precisó además que quedó fijada para el 23 próximo la nueva audiencia de mediación y añadió que “nos sentimos defraudados porque vino un funcionario sin poder de decisión, ahora llevaremos esta propuesta a la Asamblea”.

García destacó que los representantes del gobierno porteño “negaron que la Comisión Nacional de Museos y Lugares Históricos haya prohibido enrejar el parque, cuando nosotros les demostramos que no era cierto, ya que pensaban que tenía autorización para seguir con esa obra y que las rejas eran necesarias”.

Justamente, el arquitecto y docente especializado en patrimonio cultural insistió ante Página/12 con su rechazo a la instalación de “cualquier tipo de reja en el parque, por no formar parte de la licitación de las obras ni de lo que se proyectaba”. Y añadió que “si no logramos que se detengan las obras de enrejado acudiremos a la Justicia para frenar la instalación de las rejas, que nos tomaron por sorpresa”. Consideró además que “la Ciudad está pasando por encima de la ley nacional que establece la necesidad de autorización de la Comisión antes de realizar cualquier modificación a un monumento histórico”.

Sorín informó a este diario que en el transcurso de la semana próxima la Comisión que preside realizará una auditoría para determinar el estado de las obras, “que llevan tres meses de retraso y vienen a un paso muy lento, con numerosos errores y cosas que no están claras”. Además, agregó que “la obra debería haberse realizado por etapas y no con un cierre total del parque por tanto tiempo”. También criticó la falta de un informe por parte del gobierno porteño para “conocer si se encontraron elementos arqueológicos, que es algo de lo que no nos dijeron nada en los meses que llevan de obras”.

Según Sorín, “el apuro por llevar adelante las rejas, pasando por encima de la Comisión, responde a la mudanza de edificios gubernamentales frente al parque. Próximamente, se mudarán el Ministerio de Planeamiento y el Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC). No sería extraño que busquen restringir espacios abiertos frente a edificios a los que suelen movilizarse vecinos para sus demandas”, explicó.

Desde que el gobierno porteño inició sin previo aviso las obras de enrejado del parque, los vecinos organizados realizaron varias asambleas que impidieron pacíficamente que la obra continuara. Según Sorín, la empresa constructora “apenas pudo trabajar en las bases de la reja”, que “por otro lado son de mala calidad y no se condicen con la estética del parque”. “Las obras se encuentran detenidas hasta que se resuelva la situación entre los vecinos y el gobierno”, añadió.

La decisión de los vecinos en asamblea fue presentar una demanda penal contra el subsecretario de Espacios Públicos de la Ciudad de Buenos Aires, Patricio Di Stéfano, y realizar este fin de semana actividades artísticas y recreativas para repudiar al cierre de los espacios públicos.