Hoy comienza en los tribunales de San Isidro un juicio contra una joven con discapacidad mental y muy pobre, acusada del delito de abandono de persona seguido de muerte de su hija, que perdió la vida a los dos años y medio como consecuencia de la golpiza que presuntamente le habría dado quien era en aquel momento su pareja. A Yanina González, de 23 años, la acusan de no haber cuidado bien a su hija Lulú. Pero llamativamente la investigación judicial por “homicidio” contra el sospechado de haber causado la muerte de la pequeña no avanzó. La fiscal Carolina Carballido Calatayud, que impulsa la acusación contra Yanina y que está a cargo –paradójicamente– de la Fiscalía Especializada en Violencia de Género de Pilar, tampoco tuvo en cuenta el contexto de violencia doméstica que signaba la relación entre ambos y el retraso madurativo que la aniña. El caso tiene muchas similitudes con el de María Ovando, una mujer misionera, analfabeta y que vivía en condiciones de extrema pobreza, que en 2012 llegó a juicio presa y acusada por el mismo delito que Yanina, cuando su hija de 3 años murió a causa de un cuadro de desnutrición (ver aparte). Yanina está privada de su libertad desde el día en que falleció su hija, el 17 de agosto de 2013, y desde entonces lo único que espera es recuperar la libertad para poder ir a despedirla al cementerio. La Justicia no le permitió ir al velorio. En cambio, su ex pareja, a quien se investiga por el homicidio de la niña, está en libertad. Organizaciones sociales y barriales del oeste del conurbano, que reclaman su absolución y piden “justicia” por la muerte de Lulú, se movilizarán hoy hasta el tribunal para acompañarla.

La vida de Yanina estuvo signada por la violencia machista, señala a este diario Cecilia Raspeño, del centro comunitario Gallo Rojo, del barrio Obligado, en el partido de San Miguel, donde la joven creció. Cuenta que la mamá la abandonó de pequeña y que se crió con su padre, un hombre que todos en el vecindario sabían que la maltrataba. Raspeño dice que la conoció en el 2007, cuando participaba esporádicamente de un grupo de jóvenes que funciona en Gallo Rojo, donde abordan la problemática de la violencia de género, entre otras cuestiones. También recuerda que Yanina lo denunció al papá de Lulú por violencia de género y que, incluso, en aquel momento obtuvo en la Justicia una orden que restringía su acercamiento a la joven, y finalmente se separaron. Después se puso en pareja con Alejandro Javier Fernández, con quien convivía en la localidad de Derqui, cuando ocurrió la muerte de su hija Lulú.

A la sala de salud del barrio la niña llegó ya sin signos de vida. Según precisó la abogada de Yanina, Gabriela Conder, la autopsia determinó que falleció a causa de golpes y que presentaba un “hematoma subdural”, que con mucha frecuencia son resultado de un traumatismo craneal grave; tenía además, un hundimiento de cráneo. Yanina quedó inmediatamente detenida en la comisaría. Primero tanto ella como Fernández declararon que la nena había estado con el papá biológico, que había vuelto golpeada de su casa, pero el joven pudo demostrar que estaba trabajando y hacía más de un mes que no veía a la pequeña. “Yanina estaba amenazada por Fernández, por eso dio esa versión al comienzo. Pero en la indagatoria contó que él la golpeaba. Es insólita la acusación. El lunes (por hoy) vamos a pedir la nulidad del juicio. No puede haber una imputación contra ella por abandono de persona seguida de muerte, y otra por homicidio contra Fernández. Si hubo homicidio, no fue abandono de persona”, indicó Conders, en diálogo con Página/12.

La abogada cuestiona a la titular de la Fiscalía Especializada en Violencia de Género, con sede en Derqui, por culpabilizar a Yanina de la muerte de su hija. “Yanina declaró que la noche anterior Fernández la forzó a tener relaciones sexuales, que ella no quería. Y que a la mañana siguiente, mientras ella le preparaba la mamadera a Lulú, de pronto Fernández la golpeó a la nena porque no dejaba de llorar. Que ella se había querido ir la noche anterior pero no tenía cargada la tarjeta Sube y como se habían mudado a Derqui hacía pocos meses, ella no conocía a nadie para pedir ayuda. Hay que tener en cuenta además su retraso madurativo, que podría estar relacionado, además, con el contexto de violencia de género en el que creció”, señaló Conders, integrante de La Gremial de Abogados. Pero la fiscal Carballido Catayud no le creyó.

La abogada recién tomó conocimiento de que había una causa abierta por el “homicidio” de Lulú, en noviembre. Nunca fueron notificadas de la apertura de esa investigación. Esa causa también la investiga la fiscal. Pero, según observa Conder, ese expediente no tiene avances. “Fernández está libre. En cambio, Yanina, está privada de su libertad hace dos años y medio”, apuntó.

La joven quedó detenida en la Comisaría de la Mujer de Del Viso desde la muerte de su hija, el 17 de agosto de 2013. “A los cuatro días fue trasladada a la cárcel, embarazada de seis meses, y tuvo a su segunda hija en la Unidad Penitenciaria Nº 33, de Los Hornos, en La Plata. Recién a partir del 9 de diciembre pudo gozar del beneficio de la prisión domiciliaria, por tener una hija pequeña, y está viviendo en la casa de Carina Moreno, una militante barrial, que forma parte de la Comisión Vecinos Organizados de Moreno Sur y que solidariamente le abrió sus brazos para recibirla porque no tenía a dónde ir. Yanina y su hija Tiziana, de un año y tres meses, viven desde entonces junto a Cari y su prole, de 9 hijos, una nuera y un nieto, en su casa construida por el Plan Federal de Viviendas, inaugurado por el ex presidente Néstor Kirchner, según recuerda la mujer, de 39 años. Hoy, Cari junto a vecinos del barrio, se movilizarán hasta los tribunales de San Isidro para acompañar a Yanina, “en un micro que nos pone la municipalidad de Moreno”, contó. “Yani es inocente. Pedimos justicia para ella y por Lulú y que el asesino vaya a la cárcel. Yani es una más de miles de mujeres que son víctimas y se encuentran con una Justicia que protege a los violentos”, agregó.