El Consejo de la Magistratura de Río Negro celebrará hoy una sesión extraordinaria, con acceso para la prensa, para evaluar la conducta del juez de la Cámara Criminal de Viedma, Juan Bernardi, quien está imputado en una causa por presunto abuso y corrupción de menores en Viedma, junto a otros profesionales reconocidos de la capital provincial. El cuerpo judicial analizará la procedencia de un eventual sumario sobre las actuaciones del magistrado involucrado. Los vecinos planean reunirse en la puerta del Palacio de Tribunales, en reclamo de que se profundicen las investigaciones del caso, que se hizo público hace dos semanas, aunque comenzó el año pasado, y revolucionó toda la ciudad.

El cuerpo, que presidirá en esta oportunidad la titular subrogante del Superior Tribunal de Justicia, Liliana Piccinini, analizará hoy a partir de las 14 la procedencia de un eventual sumario sobre las actuaciones del magistrado involucrado en las investigaciones, quien se encuentra en uso de licencia. La sesión será de acceso para la prensa.

La posibilidad de un sumario y una probable investigación preliminar deberían ser trasladados a la procuradora, Silvia Baquero Lazcano, titular del Ministerio Público Fiscal de Río Negro.

El Consejo de la Magistratura es el único organismo que puede sancionar y remover a un juez. Está conformado por el presidente del Superior Tribunal de Justicia, el procurador general o un presidente de Cámara o tribunal del fuero o circunscripción judicial que corresponda al asunto en consideración, según lo determina la ley, tres legisladores, y tres representantes de los abogados de la circunscripción respectiva.

Para la misma hora, un grupo de vecinos de Viedma convocó a través de las redes sociales a una reunión en las puertas del palacio de Tribunales, en la capital rionegrina. Esta misma organización de vecinos presentó, el jueves pasado, un petitorio con cerca de mil firmas, dirigido a la Justicia, el Poder Ejecutivo y la Legislatura, para reclamar por la celeridad y profundidad en las diligencias judiciales y las acciones del gobierno como resultantes del caso.

Bernardi, un empleado suyo que le cuida su casaquinta en las afueras de Viedma, junto con otras personas cuyo nombres no trascendieron, pero serían un abogado, un empresario ganadero y un médico reconocidos de la ciudad, entre otros, están imputados en la causa.

La investigación busca determinar si formaron parte de presuntos casos de abusos y prostitución de varias chicas, de entre 13 y 15 años, que están alojadas en un hogar para menores en situación vulnerable, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia.

La investigación por “corrupción de menores y facilitación de prostitución infantil” en el fuero provincial, a cargo del juez Favio Igoldi y el fiscal Juan Puntel, lleva varios meses. Sin embargo, recién cobró notoriedad hace diez días por trascendidos de medios periodísticos locales.

El ministro de Desarrollo Social de Río Negro, Ricardo Arroyo, confirmó el miércoles 18 el curso de las actuaciones judiciales. El mandatario señaló que la investigación comenzó por una denuncia de operadores de su propia cartera. Este personal del área de asistencia a menores en situación vulnerable habría detectado las salidas de las niñas desde el hogar.

Pocas horas después de las declaraciones de Arroyo, el juez Igoldi dispuso las imputaciones. La policía allanó la casaquinta de Bernardi, quien tomó licencia mientras duren las actuaciones por el caso. Sin embargo, el juez negó rotundamente cualquier participación en los hechos y sostuvo que la acusación es una “represalia” por su actividad como juez.

Otro imputado, Fabián Peralta, de 38 años y empleado de la cartera de Salud, se suicidó de un balazo dos días después de haber recibido la notificación judicial correspondiente.

La semana anterior a que se conociera el caso, la secretaria Penal del Juzgado Federal de Viedma, Mercedes Barco, dijo a la prensa que “hace un año hubo una denuncia por presunta trata de personas con fines de explotación sexual (en relación con el hogar de menores de Viedma), pero después de nueve meses de investigación y ante la falta de pruebas decidimos archivarla”.

Tras esta revelación, la diputada nacional María Emilia Soria (FPV, Río Negro) anticipó que denunciará ante la Procuración General de la Nación a la fiscal del Juzgado Federal de Viedma, Inés Imperiale, por supuesto “mal de-sempeño y grave negligencia” en la tramitación de ese expediente.