La comisaría 9ª, en el barrio de Abasto, tiene una especialización, un hobby, una mala costumbre: se dedica a detener ciudadanos nacidos en el Perú. Esto confirma que el caso del abogado peruano Ricardo José Guzmán Zevallos, detenido y golpeado por policías de la novena como informó esta semana Página/12, es apenas la punta del iceberg. Datos aportados por la Policía Federal, a solicitud del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), precisaron que en los 18 meses que van desde febrero de 2000 a julio de 2001 –todavía no se aportaron los datos del período 2002/2003–, la seccional detuvo a unos cuatro mil peruanos, entre hombres y mujeres, en la inmensa mayoría de los casos sólo por averiguación de antecedentes. De acuerdo con datos que maneja la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, tomando siete meses del año 2000, el porcentaje de peruanos detenidos en la novena llegó al 50,8 por ciento del total. En el mismo período hubo un 37,7 por ciento de argentinos presos y el 11,5 restante fueron extranjeros de otras nacionalidades.
“La comisaría 9ª, por ejemplo, se encuentra ubicada en la calle Billinghurst y avenida Corrientes (...) conocido como ‘Barrio Peruano’, en razón de la cantidad de personas del Perú que habitan en la zona. Al analizar las cifras de detenciones de extranjeros (...) se verificó que durante el mes de diciembre de 2000 se detuvo a 662 personas de nacionalidad peruana y en enero del 2001 el número de detenidos peruanos ascendió a 668. En el resto de los meses de 2001, esta cifra osciló entre las 60 y las 300 personas aproximadamente”.
La cita textual forma parte de un informe elevado a fines del año pasado por el director ejecutivo del CELS, Víctor Abramovich, a Gabriela Rodríguez Pizarro, relatora especial sobre los derechos humanos de los Migrantes del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. El eje de la denuncia del CELS se fundó en detenciones arbitrarias sufridas en la Argentina por los extranjeros, por aplicación de la ley de facto 22.439, dictada por el ex dictador Jorge Rafael Videla. Esas detenciones son arbitrarias porque las decide la Dirección Nacional de Migraciones, sin intervención judicial alguna. “Los migrantes –dijo el CELS– son alojados en los mismos establecimientos de las personas acusadas de la comisión de delitos y los condenados”.
Pablo Ceriani, también del CELS, recordó que lo que ocurre con los peruanos en el Abasto se repite con los bolivianos, en barrios como Liniers o en el Bajo Flores; son miles los residentes de esa nacionalidad que viven en esas zonas de la Capital Federal. En el año 2001, en la comisaría 44ª, del barrio de Liniers, “la cantidad de bolivianos encarcelados allí osciló entre 5 y 60 personas por mes”, precisó el informe elevado por el CELS al Alto Comisionado de la ONU.
La política de migraciones, basada en la ley Videla, permite también la expulsión de extranjeros sin intervención de la Justicia, situación que resulta “palmariamente inconstitucional y contraria a las obligaciones contraídas por el Estado argentino en los instrumentos internacionales de derechos humanos”. La Prefectura Naval Argentina (PNA) produjo 1505 expulsiones en 2000, otras 2098 en 2001, y 1482 entre los meses de enero y octubre de 2002. En el año 2000, la Gendarmería expulsó a 1611 extranjeros; al año siguiente la cifra fue de 3357, y entre enero y octubre de 2002 el número de expulsiones llegó a 1772.
En algunos casos, las detenciones arbitrarias de los extranjeros se prolongan hasta el día de la expulsión, sin que intervenga juez alguno, salvo en casos excepcionales en los cuales el perjudicado cuenta con medios para presentar un recurso de amparo ante la Justicia. En el informe entregado por la Policía Federal al CELS, donde se admite que en la comisaría 9ª fueron detenidos 3791 peruanos en 18 meses, desde febrero de 2000 hasta julio de 2001, se afirma que las personas están presas entre 1 y 48 horas. Sin embargo, se ha demostrado que esa información es inexacta. La Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires tomó conocimiento del caso de una ciudadana dominicana que estuvo detenida 14 días en la comisaría 16ª. Lo mismo ocurre en el interior del país, ya que se sabe de un paraguayo preso por 32 días en Rosario, de un chileno detenido 11 días en Mar del Plata, de un peruano que estuvo un mes alojado en un calabozo de San Martín de los Andes y de un brasileño preso 32 días en San Carlos de Bariloche, entre otros casos en los que siempre estuvieron a disposición de la Dirección Nacional de Migraciones.
En el informe anual del CELS sobre violaciones a los derechos humanos correspondiente al período 2002/2003, de próxima aparición, se cita el caso paradigmático de Alfonso C., de nacionalidad peruana, que vive en la Argentina desde 1989. El hombre está casado con una argentina con la que tiene dos hijos nacidos en la ciudad de Buenos Aires. El 21 de octubre de 2002 fue intimado por Migraciones a presentarse en esa dirección nacional. Lo hizo el 28 de octubre y allí se le informó que el Ministerio del Interior había decidido expulsarlo del país.
Lo notificaron de la resolución y de inmediato lo llevaron detenido a una dependencia de la Policía Aeronáutica. Horas después lo subieron a un avión con destino a la ciudad de Lima. Lo único que admitieron fue que hiciera un llamado a su esposa, desde el aeropuerto de Ezeiza. El trámite para la expulsión de Alfonso C. había comenzado en abril de 1998, cuando Migraciones había declarado ilegal su permanencia en el país, en razón de que había cometido un delito. De nada valieron dos argumentos legales de peso presentados por el ciudadano peruano: su condición de padre de dos hijos argentinos y el hecho puntual de que ya había cumplido la pena por el delito cometido, dictada por el tribunal competente.
De nada sirvió el informe favorable de la asistente social designada por Migraciones. El ex ministro del Interior Federico Storani rechazó el recurso de apelación y de inmediato se concretó la expulsión. Alfonso C. recién pudo retornar a la Argentina en agosto de este año, pero sólo se levantó la prohibición de reingreso al país, lo que no implica, todavía, la revocación de la orden de expulsión. La conclusión del CELS es que los extranjeros seguirán en la picota mientras no sea derogada la ley Videla.