Los locales funcionaban en la ciudad de Mar del Plata bajo la fachada de ofrecer a los clientes masajes “con terminación” o “de relajación”, pero más allá del lenguaje implícito usado como promoción, los lugares eran prostíbulos explícitos, que fueron clausurados luego de cuatro allanamientos realizados por orden de la justicia local. Por el caso hay cuatro detenidos imputados por el delito de trata de personas para explotación sexual, mientras que siete mujeres fueron rescatadas por las autoridades. La investigación, a cargo de la fiscal federal Laura Mazzaferri, había comenzado en julio de 2014, a partir de una denuncia anónima. Los locales eran promocionados a través de las páginas del diario La Capital, Facebook y páginas webs de oferta sexual.

A lo largo de la investigación pudo corroborarse que en lugar de “masajes”, la actividad era la explotación sexual de mujeres. La denuncia inicial se había hecho a través de la línea 145, habilitada en el marco de las investigaciones encabezadas por el fiscal federal general de Mar del Plata Daniel Adler y la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex). El denunciante precisó que uno de los locales de masajes funcionaba sobre la calle Ituzaingó.

La investigación pudo determinar, con posterioridad, que ese lugar tenía conexión con otros dos: uno situado sobre la avenida Libertad, que funcionaba como departamento privado, y el otro en Alvarado casi Hipólito Yrigoyen, donde también se encubría el delito bajo la fachada de una casa de masajes. Las tareas de inteligencia, a cargo de la Prefectura Naval Argentina, sumadas a las intervenciones telefónicas, condujeron a los allanamientos que se realizaron la semana pasada, solicitados por la fiscal y acordados por el juez Alejandro Castellanos.

El miércoles se hicieron los operativos, a cargo de personal del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, junto con empleados de la Fiscalía N° 1 y del área de trata de la Fiscalía Federal, y la Dirección de la Mujer de la municipalidad local. Fueron allanados los tres locales y el domicilio particular de dos de los principales imputados. Se trata de una pareja que actuaba junto a un hijo y otra mujer que sería la encargada de una las supuestas casas de masajes. Por ahora son cuatro los detenidos, pero la fiscalía labró otros pedidos de captura. En los allanamientos se secuestró gran cantidad de documentación y objetos que corroboran la hipótesis de la investigación. Entre los documentos hay varios diplomas de masajista, algunos a nombre las mujeres que eran víctimas de la explotación sexual. Esos diplomas eran expedidos con la firma de dos de los imputados.

Uno de los datos que surgieron del testimonio de las víctimas, en Cámara Gesell, es que los imputados, que se negaron a declarar, las obligaban a hacer un curso de masajes, que de acuerdo a las pautas brindadas, lo terminaban haciendo con ellos, y además les cobraban 500 pesos para recibir el instructivo. Si no hacían el curso, no podrían publicar avisos en el diario La Capital. En la publicidad se adjuntaban números de teléfonos celulares aportados también por los imputados.

Las entrevistas “de trabajo” para poder ingresar a la red de trata de personas para explotación sexual, se hacían siempre bajo la fachada de la casa de masajes y por esa razón, las aspirantes debían rendir examen ante los que iban a ser sus explotadores. Al principio les decían que iban a trabajar en locales que eran “casas de estética” corporal. Por lo general, a la mayoría de las víctimas se les ocultaba la actividad real a la que serían obligadas.

Fueron rescatadas siete mujeres, seis de ellas argentinas y una oriunda de República Dominicana nacionalizada. Cinco de las siete víctimas fueron iniciadas en la prostitución por esta red, mientras que las dos restantes ya habían sido captadas y habían estado en otros prostíbulos clausurados con anterioridad.

Todas ellas tenían un denominador común: no tenían posibilidad de un trabajo formal, tenían hijos a cargo y debían afrontar el día a día solas, dado que los padres de los niños y niñas están ausentes. A ellas les descontaban no solamente el 50 por ciento del “servicio”, sino también la publicación de avisos, el agua, la limpieza si ellas no se ocupaban e incluso debían ir a buscar preservativos a Zona Sanitaria VIII.

Los cuatro detenidos fueron imputados por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual, agravado por oferta engañosa, por el aprovechamiento de situaciones de vulnerabilidad, por la cantidad de partícipes actuando en forma organizada y por el número de víctimas.