El juez de la Cámara Penal de Viedma Juan Bernardi, que está suspendido preventivamente en sus funciones, fue citado a declaración indagatoria para el próximo jueves por su presunta vinculación con un caso de abuso de menores y facilitación de la prostitución, que investiga desde hace meses el juez Favio Igoldi, de esta misma circunscripción. Para el mismo día también está citado el otro imputado en la causa, Julio Antueque, cuidador de la casaquinta que es propiedad del magistrado y es el sitio en el cual, según la denuncia que dio lugar a las actuaciones judiciales, se habrían producido los abusos de las menores.

Previo a la citación para la indagatoria, el juez Igoldi rechazó por “improcedentes” dos planteos de nulidad presentados por la defensa de Bernardi con la finalidad de evitar el acceso a registros de llamados telefónicos del camarista y al secuestro de su computadora.

“Del propio trámite principal surge que las víctimas y testigos presuntamente utilizarían celulares para comunicarse con personas que las corromperían sexualmente. Dicho esto, aparece como un medio de prueba razonable, lógico y acertado conocer las comunicaciones de los imputados para efectuar el debido confronte con las del coimputado y el grupo de menores –víctimas y testigos–”, sostuvo el juez actuante.

Este caso, que tuvo gran repercusión en la ciudad de Viedma, se hizo público hace poco más de un mes, pero es motivo de investigación judicial desde mediados del año pasado.

La denuncia inicial fue formulada por la madre de una de las niñas, quien sindicó como partícipes del probable delito a Bernardi y a su empleado, Antueque, aunque en los trascendidos de fuentes judiciales se menciona una supuesta “banda de los viejos”, en relación con personas mayores que habrían corrompido a las menores.

El pasado 20 de marzo se suicidó Fabián Peralta, empleado del Ministerio de Salud de la provincia, que dos días antes había sido notificado de su imputación en esta misma causa. La Justicia no informó acerca de la vinculación de esta persona con los probables delitos investigados.

Las niñas estaban en un hogar de menores bajo tutela del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, cuyo titular, Ricardo Arroyo, fue reemplazado en el cargo la semana pasada por Fabián Galli. El Consejo de la Magistratura tomó intervención en el caso y el pasado 31 de marzo dispuso suspender al juez Bernardi en sus funciones, al tiempo que se inició un sumario que deslinda su responsabilidad en el caso.

El camarista imputado, en declaraciones a la prensa, admitió que en una sola ocasión compartió en su casaquinta un asado con Antueque y algunas menores, pero aseguró que no hubo ningún contacto ni abuso sobre ellas.

La situación de extrema vulnerabilidad social de las menores generó la conformación de un movimiento de Vecinos Autoconvocados que reunió alrededor de 1000 firmas en un documento, presentado ante el Superior Tribunal de Justicia, para reclamar que se investiguen las denuncias hasta sus últimas consecuencias.

Bajo la órbita del juez Igoldi se realizan dos investigaciones paralelas y conjuntas: en una de ellas el fiscal Juan Puntel entiende en lo relativo a los probables abusos y corrupción de menores; en la otra, el fiscal Hernán Trejo analiza supuestas irregularidades de funcionamiento en los organismos de minoridad dependientes de la cartera de Desarrollo Social.