La Justicia entrerriana resolvió, una vez más, que la causa penal contra el sacerdote Justo José Ilarraz, acusado por corrupción de menores agravada, no prescribe. La Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) provincial anunció ayer que decidió “rechazar la impugnación extraordinaria” presentada por el defensor Juan Angel Forneron en nombre del cura Ilarraz, para que fuera declarada prescripta la acción penal presentada en su contra por al menos siete acusaciones de abusos sexuales cometidos entre 1985 y 1993 contra chicos de entre 10 y 14 años que estaban a su cuidado en el Seminario de Paraná. El tribunal integrado por Carlos Chiara Díaz, Daniel Carubia y Claudia Mizawak dio a conocer ayer solamente la resolución, y anunció que los fundamentos serán leídos el 18 de mayo, en una audiencia que comenzará al mediodía. La querella se mostró satisfecha con la medida, que “está en línea con los antecedentes de lo que resolvió el juez de primera instancia, después la Cámara Penal y luego el Tribunal de Casación”, explicó a este diario Rosario Romero, una de las abogadas de las víctimas. Ayer, en la misma sala donde se dio lectura a la resolución, estaban presentes algunas de la víctimas. “Reservan su identidad, pero algunos estaban ahí. Estaban contentos. Estas resoluciones son buenos signos para quien arrastró en silencio el sufrimiento”, dijo Romero.

Por otra parte, la jueza de Transición 2, Susana Paola Firpo, dispone de un plazo de 10 días para decidir si procesa a Ilarraz, lo sobresee o le dicta falta de mérito. La semana pasada, el sacerdote fue convocado para brindar declaración indagatoria ante ella, pero, informó la magistrada, “se abstuvo de declarar por consejo de sus abogados y manifestó que es inocente y que no eran ciertas todas las denuncias en su contra”.

Todavía están pendientes los peritajes psicológicos y psiquiátricos a los que debe ser sometido Ilarraz, quien, cuando la jueza los ordenó, pidió posponerlos hasta después de la indagatoria. Hasta ayer, no había fecha establecida para su realización.

Los fundamentos que sostienen la decisión de la Sala Nº 1 STJ aún no se conocen. Sin embargo, la querellante Romero se mostró confiada en que sigue los lineamientos de las decisiones judiciales de instancias previas. “Primera instancia, la cámara y Casación resolvieron que no eran aplicables las normas internas que establecen la prescripción penal para estos hechos y para eso citan jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos según la cual cuando hay graves violaciones de los derechos humanos, no se aplican esas normas de prescriptibilidad. La jurisprudencia no equipara este tipo de casos con los de lesa humanidad, pero sí establece que las graves violaciones de los derechos humanos no prescriben. Esta es la situación del caso Ilarraz hoy”, explicó a este diario Romero.

El sacerdote Ilarraz está investigado por abusos sexuales cometidos en el Seminario de Paraná en el que era prefecto entre 1985 y 1993. Siete víctimas, que lo fueron cuando estaban internados como pupilos allí, dieron testimonio de la conducta reiterada, premeditada y sistemática de Ilarraz. Sin embargo, la querella sospecha que podrían ser muchos más los casos a probar. “Hasta ahora ante la Justicia declararon esas siete víctimas, pero antes, cuando hubo un sumario diocesano, solamente se habían animado dos víctimas. Y muchos datos que tenemos nos hacen suponer que todavía hay más, que aún no se animaron pero pueden llegar a hacerlo ahora, viendo la respuesta que da al Justicia”, dijo la abogada Romero.

El religioso, que hasta septiembre de 2012, cuando el caso tomó estado público, siguió al amparo de la Iglesia aunque en distinta sede y función (ese año fue apartado de una parroquia tucumana de Monteros), era “un perverso”. “Todo indica que estamos ante un perverso, una persona que no escatimaba en abordar sexualmente a niños que estaban a su cuidado, por cuya educación tenía que velar. Ilarraz era el guía espiritual en el Seminario de Paraná, era educador. Todos esos agravantes han hecho que este caso sea mirado especialmente.”

La causa está caratulada como “promoción a la corrupción agravada”. Además de las siete víctimas, declararon –aunque por escrito– el actual arzobispo de Paraná, Juan Alberto Puiggari, y el cardenal y ex arzobispo local, Estanislao Esteban Karlic. Aún está pendiente el testimonio del ex arzobispo Mario Luis Bautista Maulión.

Los tres religiosos fueron citados a declarar porque tuvieron conocimiento de las denuncias contra Ilarraz pero nunca trasladaron el caso a la Justicia ordinaria. Hasta ahora, tampoco respondió a la citación judicial el obispo tucumano de Concepción, José María Rossi, quien fue el superior de Ilarraz hasta septiembre de 2012.

La semana pasada, el arzobispado de Paraná aseguró en un comunicado: “Mantenemos una actitud de respeto prudente colaborando en la sustanciación de la causa”.