Dos niños de 7 y 10 años, hijos de un matrimonio de nacionalidad boliviana, fallecieron al quedar atrapados en el subsuelo de una vivienda ubicada en el barrio porteño de Flores donde funcionaba un taller de costura clandestino. En el mismo hecho sufrieron quemaduras de tercer grado los padres de las víctimas, quienes se encuentran internados en el Hospital Alvarez. En septiembre del año pasado, la Fundación La Alameda había presentado una denuncia sobre la posible existencia de talleres clandestinos en unos 30 locales, entre los que se encontraba el de Páez 2796, donde ayer se produjo la tragedia, que recuerda un caso similar ocurrido el 30 de marzo de 2006 en el barrio de Caballito, donde murieron seis personas, cuatro de ellas menores de edad (ver aparte). Un inspector porteño, que ya había denunciado irregularidades en el incendio del depósito de Iron Mountain, aseguró ayer que el gobierno de Mauricio Macri tiene “una mecánica de protección de los talleres clandestinos”.

El episodio generó repercusiones en torno de las responsabilidades respecto de la continuidad de anomalías que fueron denunciadas e investigadas desde hace una década, sin que se ponga fin al problema. El inspector porteño Edgardo Castro aseguró que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires “aplica un mecanismo de protección a los talleres clandestinos” que evita su clausura en tiempo y forma porque “este taller había sido denunciado”, pero “el director general de Protección del Trabajo, Fernando Macchi, en lugar de proteger a los trabajadores como su función lo indica, protege a los empleadores, y en este caso peor aún porque protegió un taller clandestino”.

Por su parte, el legislador porteño Gustavo Vera, máximo dirigente de la Fundación La Alameda, recordó que el 24 de septiembre de 2014 presentaron una denuncia ante la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), a cargo de Marcelo Colombo, por 30 talleres textiles esclavistas de la Ciudad de Buenos Aires”, entre ellos el de la calle Páez 2796, junto con otros cuatro lugares sobre la misma calle, en el 2766, 2710, 2775, 2721 y en el mismo barrio de Flores, en Terrada 909.

Según La Alameda, la Protex presentó un pedido de informes al subsecretario de Trabajo porteño, Ezequiel Sabor, y a la ministra de Seguridad Nacional, Cecilia Rodríguez, “sin obtener ninguna respuesta”.

Consultado por Página/12, el titular de la Protex, Marcelo Colombo, confirmó la recepción de la denuncia por parte de La Alameda “sobre la posible presencia de trata de personas en unos 50 lugares que funcionarían como talleres clandestinos y como primera medida, solicitamos al gobierno porteño que nos diera un informe sobre si tenía registros de algún control de esos lugares”, entre ellos el local de Páez 2796.

“Sobre el lugar donde ocurrió hoy (por ayer) el incendio, no se había hecho ningún tipo de control, según el informe que nos llegó la semana pasada a nosotros.” Colombo aclaró que “en algunos lugares denunciados se pudo avanzar y los casos fueron judicializados, mientras que respecto del local de la calle Páez no tuvimos ninguna posibilidad de avanzar porque no se había hecho ninguna inspección y no teníamos datos concretos de que se cometiera un ilícito, ni en la denuncia ni de parte del gobierno porteño, que nos permitiera avanzar, aunque el trámite sigue abierto”.

El inspector porteño Edgardo Castro afirmó que el director general de Protección del Trabajo, Fernando Macchi, “cuando le llega una actuación de algún inspector sobre irregularidades en una empresa, o que descubre un taller clandestino, en lugar de proceder a su fiscalización para su clausura, notifica por escrito al empresario que hay una denuncia en su contra y le avisa que lo pueden clausurar”.

“Entonces, ya avisado, el empresario toma los recaudos necesarios para evitar una próxima inspección, porque cuando llegan inspectores con poder de clausura o no les abren o directamente los sacan corriendo, porque se sienten poderosos, amparados, protegidos por el gobierno porteño”, afirmó Castro. El inspector sostuvo que de esa forma “se arma una verdadera mecánica de protección de los talleres clandestinos”.

Recordó que en el incendio ocurrido en marzo de 2006 en la calle Luis Viale 1269, cuando Jorge Telerman era jefe de Gobierno, “la diferencia con Mauricio Macri es que en esa ocasión renunció el director de Trabajo, Florencio ‘Pichi’ Varela, en cambio ahora no va a ocurrir lo mismo con Macchi, quien debería renunciar, porque él recibió la denuncia y notificó al taller en lugar de ir a clausurarlo”.

Castro, quien antes había denunciado las irregularidades en el depósito de Iron Mountain, criticó también al superior de Macchi, el subsecretario de Trabajo, Ezequiel Sabor, al señalar que “si se hubieran hecho 60.000 inspecciones, como él dijo (haber realizado), no habría un taller clandestino en la ciudad, y ni un solo trabajador en negro”.

Sobre el incendio, el director del SAME, Alberto Crescenti, confirmó la muerte de dos varoncitos de 7 y 10 años. A ellos, y a sus padres, el incendio los sorprendió mientras dormían. El jefe de Bomberos de la Policía Federal, Claudio Maggi, informó que las tareas de rescate fueron arduas porque el incendio fue en un subsuelo de difícil acceso, en medio de una “gran cantidad de humo”, motivo por el cual “hubo que romper las paredes para poder ventilar y llegar” al lugar donde dormía la familia. Maggi confirmó que era uno de “los típicos talleres de la zona, que funcionan en la planta baja y en el subsuelo de la vivienda”.

Juan Vázquez, del Colectivo Simbiosis Cultural, creado a partir del incendio de 2006, le dijo a este diario que en el lugar vivían y trabajaban “dos familias, una peruana y otra boliviana”. Ayer realizaron una asamblea, a tres cuadras del lugar del incendio, para tomar “una serie de medidas tendientes a denunciar que persiste la presencia de talleres clandestinos y nadie hace nada para evitar estas tragedias”. En la investigación del incendio interviene la fiscalía de instrucción 2 y en el posible delito de trata, el juez federal Rodolfo Canicoba Corral.