Al referirse al incendio ocurrido el lunes en una vivienda del barrio porteño de Flores, en el que murieron dos niños de 7 y 10 años, el jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta, y la vicejefa de Gobierno, María Eugenia Vidal, aseguraron ayer que ese lugar no había sido inspeccionado por las autoridades porteñas dado que “no estaba denunciado como taller clandestino”. Sin embargo, un documento con membrete del gobierno porteño fechado el 21 de noviembre de 2014 desmiente en forma rotunda a los funcionarios, dado que confirma lo señalado por otras fuentes en el sentido de que el edificio ubicado en Páez 2796 había sido señalado en una presentación realizada por la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex) como un lugar que debía ser inspeccionado, ante la presunción de que allí había gente sometida a trabajo esclavo.

El caso tuvo ayer repercusiones políticas, entre ellas la del ministro de Trabajo, Carlos Tomada, quien aseguró que el gobierno porteño “tiene una clara responsabilidad de inspeccionar los espacios laborales”, en respuesta a lo dicho por Vidal y Larreta. Tomada recalcó que “la inspección laboral es una de las facultades no delegadas de las provincias y lamentablemente ha sido clara la política de la Ciudad de Buenos Aires continuando con lógicas neoliberales como las de desmantelar la inspección del trabajo”.

Tomada sostuvo que “la ciudad quiso desaparecer la inspección laboral fundiéndola en un área general con otras inspecciones, y esa decisión hoy está frenada con una cautelar”. Por eso señaló que las responsabilidades del gobierno de Mauricio Macri “son muy claras, tienen que ver con la habilitación de los lugares, con el control de la seguridad del trabajo y las normas laborales. Creo que este lamentable suceso, que no es el primero, responde a una falta de control y fiscalización”. El jefe de Gabinete nacional, Aníbal Fernández, denunció a su vez que hubo “desidia, falta de control y falta de interés en el control” de parte del gobierno porteño.

Tanto Vidal como Rodríguez Larreta aseguraron que la vivienda de Páez 2796 “no estaba denunciada como taller clandestino”. Esas afirmaciones son desmentidas por el documento al que tuvo acceso este diario, que señala con precisión que al 21 de noviembre pasado “no se registraron inspecciones de higiene y seguridad” en esa dirección y en otros 24 locales, en un expediente “sobre posible trata de personas con fines de explotación laboral”. La denuncia había sido presentada por la Protex, que a su vez la había recibido, en septiembre de 2014, de la Fundación La Alameda; el pedido era sobre un total de 32 locales en los que se señalaba la posibilidad del ilícito.

El legislador porteño Gustavo Vera insistió ayer en que el de Páez 2796 “no es el único taller ilegal”, dado que habría otros cuatro, en la misma cuadra, y un quinto en Terrada 909. Por su parte, el titular de la Protex, Marcelo Colombo, sostuvo que la Ciudad “tiene la capacidad y el deber de hacer inspecciones laborales para establecer situaciones irregulares”, a la vez que confirmó que hasta el momento no había recibido notificación alguna de que se haya hecho una inspección en el lugar del incendio.

Por la noche, cuando le fue presentado por televisión el documento que certifica la existencia de la denuncia sobre la presencia de un taller clandestino en Páez 2796, Rodríguez Larreta aseguró que “el ciento por ciento de las denuncias son investigadas”, pero insistió en que sobre el lugar del incendio “no habían recibido denuncia de los vecinos”.

El funcionario porteño intentó relativizar la veracidad de las denuncias que hace La Alameda y llegó a decir que si hubo una falla fue de la Justicia. El lunes por la noche, en una asamblea de trabajadores textiles convocada por la ONG Simbiosis Cultural, los vecinos de Páez al 2700 señalaron con precisión los lugares donde funcionarían otros talleres clandestinos que tampoco habrían sido inspeccionados por las autoridades del Gobierno de la Ciudad.

El legislador del PRO Francisco Quintana fue el único del oficialismo que admitió la posibilidad de una “falla en la tarea inspectiva” y agregó que lo que debería hacerse, ni bien se recibe una denuncia, es “una inspección o allanamiento para comprobar si tiene asidero”. De todos modos, advirtió que antes de una conclusión definitiva “hay que esperar la respuesta de la Agencia Gubernamental de Control para tener claro posdenuncia qué se ha hecho o no se ha hecho”.

En la Legislatura, diputados de distintos bloques presentaron pedidos de informes sobre la tragedia de la calle Páez. Una de las presentaciones fue hecha por los legisladores José Cruz Campagnoli y Gabriela Cerruti, otro por Claudia Neira, Jorge Aragón y Gustavo Vera, y una tercera por el diputado Marcelo Ramal. “No podemos seguir avalando la negligencia y la desidia del Estado ante esta situación que esclaviza y pone en riesgo a la población más vulnerable”, dijo Campagnoli.

El legislador recordó que “no es la primera vez que el gobierno de Mauricio Macri es acusado de aplicar un mecanismo de protección a los talleres clandestinos para evitar que los mismos puedan ser clausurados”.

Un informe de Protex sobre trata de personas con fines laborales ubica a la Ciudad de Buenos Aires como el segundo distrito del país en el que más ocurre este tipo de hechos ilícitos y que los talleres clandestinos de industria textil se concentran en la zona sur de la ciudad y en el primer cordón industrial del conurbano bonaerense.

El juez federal Rodolfo Canicoba Corral investiga si en el taller textil incendiado se cometió el delito de “trata de personas” y si lo mismo podría ocurrir en otros ubicados en esa zona. Ayer se supo que los niños que murieron en el incendio, y sus padres, no vivían en la calle Páez y que se encontraban allí en forma circunstancial.